La ley podría convertirse en un instrumento para la opacidad, la ilegalidad, la corrupción y “un incentivo para usos ilegítimos de las funciones del Estado”.

México.- La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) denunció que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado pretende afectar el interés público de la nueva Ley General de Transparencia.

“El PRI busca criminalizar a denunciantes internos (whistleblowers), impedir acceso a información estadística sobre vigilancia de comunicaciones y eliminar la obligación de informar los motivos para reservar información”, señaló la organización civil mediante un comunicado.

Los integrantes de la R3D advierten que las propuestas presentadas por legisladores priistas podrían convertir la ley en un instrumento para la opacidad, la ilegalidad, la corrupción y “un incentivo para usos ilegítimos de las funciones del Estado”.

Además, califican que plantean retrocesos en materia de transparencia, acceso a la información y libertad de expresión.

Por ejemplo, los legisladores priistas proponen la eliminación de la obligación de las agencias de seguridad para generar y publicar la información estadística relacionada con las acciones de vigilancia masiva como la intervención a comunicaciones privadas, la retención de datos y la geolocalización.

Además, eximen a las agencias de seguridad -como pueden ser el Cisen y el Estado Mayor Presidencial- de contar con un Comité de Transparencia.

Otra de las propuestas priistas que generan preocupación es la eliminación de la protección a personas y servidores públicos que divulguen información reservada y de especial interés público conocidos bajo el anglicismo de whistleblowers y que podría encarnarse en figuras como las de Julian Assange (WikiLeaks) o Herve Falciani (SwissLeaks).

Por otro lado proponen establecer una serie de causas para ocultar información de interés público “que son claramente injustificadas” al tiempo que hacen que las autoridades no tengan siquiera que explicar los razonamientos para el ocultamiento bajo la figura de “prueba de daño”.

La prueba de daño -utilizada en Estados Unidos, irlanda y México- tiende a aplicarse a aquellas excepciones de carácter general en las que se protege un bien de interés público pero se tiene que demostrar que la divulgación de la información genera o puede generar un daño específico al valor jurídicamente protegido. Es decir, se requiere de una ponderación de los valores en conflicto para poder determinar de manera cierta que la primera pone en riesgo a la segunda, y que por ello procede una reserva temporal del documento.

La organización enfatiza que los cambios propuestos por los legisladores priistas “buscan crear un régimen donde la transparencia y la rendición de cuentas sean la excepción, y la vigilancia masiva y la secrecía sean la regla general”. 

 

Fuente: sdpnoticias.com

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