La  Justicia apura una definición sobre la validez del acuerdo secreto firmado con Irán, que contempla la posibilidad de que una comisión de notables evalúe las pruebas del caso y que eventualmente sospechosos iraníesdeclaren ante la Justicia.

El memorándum, aprobado por una ley del Congreso, ya fue declarado inconstitucional y la Justicia le ordenó al Poder Ejecutivo que se abstenga de aplicarlo. Pero ahora la Cámara de Casación Penal, el tribunal más alto del país por debajo de la Corte, estableció que a más tardar el 9 de abril dará a conocer su fallo, ya sea para confirmar este rechazo o, por el contrario, convalidar el pacto.

El acuerdo con Irán es uno de los ejes de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner y el canciller Héctor Timerman, entre otros. Esto es así porque el fiscal consideró que el acuerdo es el instrumento mediante el cual se buscó encubrir a Irán en la causa AMIA. En su hipótesis, el avance del convenio iba a permitir que eventualmente se levantaran las circulares rojas de Interpol que pesan sobre cinco ex funcionarios iraníes sospechados de planear el ataque. Estas circulares son las que informan sobre los pedidos de captura internacional.

El pacto, además, mereció el rechazo de buena parte de la comunidad judía. La AMIA y la DAIA, con el patrocinio del abogado Miguel Bronfman, plantearon que era inconstitucional y lograron que los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, compartieran sus argumentos. Pero el Gobierno apeló y el caso está paralizado en la Cámara de Casación Penal desde julio del año pasado.

Los que deben resolver si mantienen o no la vigencia del pacto, nunca aprobado por el Congreso en Irán, son los camaristas de Casación Juan Gemignani, que llegó al tribunal con el apoyo del radicalismo; Luis María Cabral, ex presidente de la Asociación de Magistrados y muy crítico del Gobierno, y la jueza Ángela Ledesma, de buena sintonía con los sectores más kirchneristas de la Justicia.

Las diferencias de criterio entre los tres son conocidas entre sus pares, según fuentes judiciales. Por un lado, Gemignani se muestra proclive a ratificar que el pacto con Irán es inconstitucional, mientras que se desconoce como votará Cabral, de buen diálogo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.

El caso estuvo detenido desde mayo, cuando el pacto fue declarado inconstitucional. En noviembre el fiscal ante la Cámara Raúl Pleé se pronunció por la inconstitucionalidad del acuerdo. Pleé dijo entonces que “debe reconocerse que la entrada en vigor del acuerdo bilateral -de ser aprobado por la República de Irán como lo fue por el Congreso Nacional, mediante la sanción de la ley 28.843, y de generarse el intercambio de notas recíprocas al que alude el texto del propio Memorándum- por sí sola importaría admitir la indebida intromisión del Poder Ejecutivo Nacional en cuestiones ajenas a su competencia y, con ello, aceptar una evidente violación de la división de poderes ínsita en el sistema republicano de gobierno”.

Sin embargo, Ledesma, que como presidenta de la Sala fija el ritmo del tratamiento de cada caso, pues convoca a audiencias y define el orden en que se resolverán las causas, decidió en febrero tomarse cuatro meses de licencia sin goce de sueldo por estudios. El proclamado objetivo fue “concluir un trabajo de investigación estrictamente ligado al fuero en el que se desempeña”. Lorenzetti la autorizó.

Antes de dejar su sala, como presidenta, dictó una “medida de mejor proveer”. Es decir, pidió una prueba adicional antes de decidir. Quería saber si la ONU registró el memo y pidió enviar un exhorto vía Cancillería para averiguarlo. La respuesta sabida es que no y también se sabe que una medida así puede demorar al menos un año.

Ante lo que aparecía como una demora innecesaria, apenas Ledesma se fue de licencia, el juez Gemignani, como presidente de la Sala, dejó sin efecto este pedido de su colega. Dijo que “la prueba requerida es impertinente”, es ajena a lo que se discute y no está controvertida. “Deviene manifiestamente dilatoria”, escribió. Así, decidió sortear entre sus colegas un nuevo juez que integre la Sala, convocar a una audiencia a todas las partes el 31 de marzo para escuchar sus argumentos y leer la sentencia el 8 de abril a mediodía.

 

Por Hernán Cappiello

Fuente: lanacion.com.ar

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