Al Lavado de Activos se lo define como el proceso por el cual bienes de origen ilícito se integran en el sistema económico legal, aparentando haber sido obtenidos en forma lícita y procurando ocultar su procedencia, a su titular y el real ejercicio de su control.

Es decir, hay una actividad ilegal primaria generadora de los ingresos que luego se intentarán reinsertar en el circuito financiero legal, es lo que se llama “delito precedente”. En una segunda etapa, hay una actividad que no es ilícita en si misma –por ejemplo: constitución de sociedades o compra de inmuebles-, pero que se constituye en delito, autónomo, por el origen de los fondos, que son obtenidos de forma espuria.

En el mes de junio del año 2011, la ley 26.683, que vino a modificar la ley 25.246, trajo aparejado un cambio de paradigma en la legislación argentina, ya que habilitó la posibilidad de perseguir por blanqueo de capitales al autor o partícipe del delito previo, cuya imputación penal se encontraba vedada por la propia ley de lavado de dinero. Esto es lo que comúnmente se denomina “AUTOLAVADO”.

En lo que aquí interesa, la Ley 26.683 y, conforme las exigencias internacionales, sustituyó el artículo 6 de la ley 25.246, por el siguiente texto: “La Unidad de Información Financiera (UIF) será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir: 1. El delito de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal), preferentemente proveniente de la comisión de: …j) delitos previstos en la ley 24.769…”, entre otros.

La incorporación del delito de evasión tributaria contenido en la ley 24.769, como delito previo al Lavado de Activos, resultó acertada, por cuanto, este último, afecta el orden económico y financiero. La incorporación al circuito financiero de los fondos obtenidos de manera ilícita (delito precedente), comienza con posterioridad a la consumación del ilícito penal cometido, mediante las denominadas fases del blanqueo de capitales [para las fases del blanqueo de capitales, ver: Fabián Caparros, Eduardo A., “El delito de blanqueo de Capitales”, Madrid 1998. pags. 109 ss., entre otros autores].

En la evasión tributaria, se afecta a la hacienda pública, puesto que con las ganancias obtenidas a través de una fuente lícita, el contribuyente sustrae total o parcialmente el pago de tributos al organismo recaudador, obteniéndose un beneficio personal en menoscabo de las arcas del Estado Nacional o Provincial. En todo momento, el contribuyente debe tener conciencia de que mediante el ardid o engaño produce esos perjuicios patrimoniales al Fisco [Para ampliar el tema se puede consultar el Tratado de Código Penal y normas complementarias. Directores David Baigún, Eugenio Raúl Zaffaroni. Coordinado por Marcela De Langhe y Marco A. Terragni, Tomo 13, sobre derecho penal tributario, Editorial Hammurabi, 1era. Edición año 2013].*

En el Lavado de Dinero, al analizarlo bajo la teoría del delito, específicamente, dentro del análisis de la antijuricidad penal, resulta posible que los fondos obtenidos por el contribuyente (el que refleja el incremento patrimonial) mediante la comisión del delito de evasión tributaria se le aplique la sanción penal prevista en la ley 25.246 y modificatorias. Esa actividad ilícita adyacente y su correlativo nexo, obedecen a la característica fundamental de esta figura delictiva, es decir, el art. 303 del Código Penal, que, a los efectos de su aplicación práctica, en su naturaleza autónoma e independiente y sin accesoriedad respecto al delito previo, no exige la plena probanza de un ilícito penal concreto y determinado generador de bienes y ganancias, sino sólo la demostración de una actividad delictiva.

Es que para comprender el tema, cabe recordar que en el delito de lavado de activos cuando hablamos de antijuridicidad, sería conveniente hacer referencia a la denominada teoría de la accesoriedad limitada, según la cual basta con que el delito previo sea un hecho típico y antijurídico, no siendo necesario, por tanto, que los responsables del delito previo sean culpables o hayan sido efectivamente penados.

Por último, en cuanto a la cuestión de competencia de la investigación del lavado de dinero y en consonancia con lo recientemente dictaminado por la Sra. Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó, con fecha 3 de septiembre de 2013, en los autos “Renga Francisco s/Competencia, S.C. Comp. 138 XLIX”, postula que es la Justicia Federal la que debe investigar el delito de lavado de dinero, en los siguientes términos: “…la Constitución Nacional garante de la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, así como el control de los monopolios naturales y legales (artículo 42), y puesto que el tipo penal de lavado de activos de origen ilícito afecta el orden económico y financiero, y que la Argentina se ha comprometido internacionalmente a luchar contra este tipo de conductas, considero estamos ante un delito que transgrede ”las leyes nacionales, como son todos aquellos que ofendan la soberanía y seguridad de la Nación, o tiendan a la defraudación de sus rentas u obstruyan y corrompan el buen servicio de sus empleados … ” –artículo 33, inciso c) del Código Procesal Penal de la Nación-, por lo que corresponde que la justicia federal intervenga en casos como el presente…”

 

Por Matías Carlos Froment  (Abogado, Magister en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona, y especialista en delitos de Lavado de Activos)

Fuente: infobae.com

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