Minuto Uno presentó en la pantalla de C5N un informe sobre el allanamiento judicial al periódico de los hermanos Julio, Alejandro y Fernán Saguier, investigado por el presunto lavado de dinero por la constitución de firmas con sedes en paraísos fiscales.

Los problemas judiciales para La Nación comenzaron en mayo de 2003, cuando la jueza federal María Romilda Servini de Cubría ordenó el sorpresivo allanamiento de la sede del diario en una causa que investigaba el presunto delito de lavado de dinero. La denuncia había tenido su origen en una nota periodística publicada por la revista El Guardián.

Según el informe presentado en el programa de Gustavo Silvestre La Nación es controlada por una empresa propiedad de dos sociedades offshore: una, de la isla Gran Cayman; la otra, de British Virgin Islands. Se trata de MNMS Holding S.A., que es propiedad de Barton Corporation y de Matilde Saguier Corporation. Los únicos datos que se conocían de Barton Corp. tienen que ver con que se constituyó el 8 de febrero de 1995 y su sede social es en Campbell Corporate Services Limited, The Bank of Nova Scotia Building, GeorgeTown, Gran Cayma.

La investigación que ha sido llevada a cabo es muy relevante ya que S.A. La Nación afirma ser patrimonio cultural argentino y, al mismo tiempo, el diario nunca le reveló a sus lectores cómo se integra el paquete accionario.

Asimismo, la investigación adquiere importancia debido a que S.A. La Nación es socia del Estado Nacional en la empresa Papel Prensa, que recibe beneficios fiscales, debiendo explicar si la constitución de esas offshores no es un vulgar procedimiento para pagar menos impuestos.

Con relación al accionista mayoritario de MNMS Holding, Barton Corp., se conoce bastante poco. Se sabe, por ejemplo, que se constituyó el 8 de febrero de 1995, ocho meses antes que MNMS Holding, con sede social en Campbell Corporate Services Limited, The Bank of Nova Scotia Building, GeorgeTown, Gran Cayman.

En tanto, en el caso del accionista minoritario de MNMS Holding, aparecen como directivos Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier y sus hijos, Julio César y Alejandro Julio.

La familia Saguier no poseía una fortuna financiera cuando surgió la posibilidad de comprarles a otros accionistas de S.A. La Nación el control de la compañía. Los hermanos contaron inicialmente con una suerte de bridge loan que aportó Clariden Bank, propiedad de Credit Suisse, y especializado en back to back, o sea en autopréstamos. Luego, cuando Barton formalizó su ingreso a MNMS Holding, aportó capital con que los Saguier devolvieron el préstamo de Clariden Bank.

Según datos difundidos en España, S.A. La Nación buscó, a través de la consultora Infupa, un socio inversor que inyectara capital. De hecho, se asegura que existiría un documento con cláusula de confidencialidad, que se ignora si se ha firmado con Grupo Correo Prensa Española o con Grupo Recoletos, aunque a su vez ambos discuten ya un merger o fusión entre ellos.

La denuncia que detonó la investigación fue presentada por dos ciudadanos. Uno de ellos habría hecho su presentación en una comisaría mientras que el otro particular se presentó en el Juzgado Federal Nº 12 de Sergio Torres, quien la remitió al Juzgado de la jueza María Servini de Cubría.

A finales de 1995, en Panamá, comenzó a planearse la posibilidad de poner en marcha a la empresa Barton para que se convirtiera en el vehículo de decenas de millones de dólares de origen desconocido que permitiría a los Saguier controlar La Nación.

Para eso, era necesario inscribir a Barton, una sociedad de las Islas Caimán en la Argentina. En este contexto, en los papeles del trámite que inició la operación en Panamá aparece una desconocida señora que dice ser la directora de otra desconocida sociedad -Kron Corp- que sería a la vez la única propietaria de Barton.

Según la documentación, Enna F. De Carles, en su condición de director de Kron Corp. A. V.V. y de único director de Barton Corp., a la que se define como “una compañía internacional de negocios, constituida y existente bajo las leyes de las Islas Caimán”, da origen en 1995 a la génesis de Barton Corp en Argentina.

Haber tomado la decisión de allanar el edificio de La Nación le costó caro a la jueza Servini de Cubría. Presionados por los poderosos directivos del holding y por entidades empresariales periodísticas como ADEPA, integrantes del Consejo de la Magistratura motorizaron un juicio político para destituir a la magistrada. La iniciativa finalmente fue desestimada.

En este marco, el destino de su investigación estaba sellado: en 2005, la Sala II de la Cámara Federal dictó el sobreseimiento de los Saguier acusados de presunto lavado de dinero.

Por otro lado, el juez penal tributario Javier López Biscayart procesó en 2007 a Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier y a su hijo, Alejandro Julio Saguier, por presunta evasión tributaria simple y estableció un embargo por cinco millones de pesos a cada uno.

Matilde y Alejandro, son dos de los principales accionistas del diario La Nación. En el fallo, el magistrado les imputa haber evadido el pago de 822 mil pesos al fisco.

La investigación por evasión fiscal se inició en 2002 con dos denuncias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que la Cámara Federal ordenó remitir a la justicia Penal Tributaría.

Las causas se abrieron en el juzgado de López Biscayart. La primera de ellas, que investigaba una posible evasión fiscal agravada ocurrida en el año 1997, terminó por prescripción. Aquella vez, los Saguier tuvieron suerte: el delito de evasión fiscal agravada prevé una pena de entre 3 y 9 años de prisión, y no es excarcelable. Además, contaron con la ayuda del ex juez Norberto Marconi, abogado de los Saguier y un especialista en lograr prescripciones.

No obstante, la causa que sí prosperó fue la realizada por evasión simple en la que López Biscayart procesó a la dueña del diario y a su hijo por un delito que prevé entre 2 y 6 años de prisión, pero que, a diferencia de la evasión agravada, es excarcelable.

En el fallo, López Biscayart encontró a Noble Mitre de Saguier “autora penalmente responsable del delito de evasión tributaria simple”, y a su hijo Alejandro le adjudicó el rol de “partícipe primario”.

Por su parte, la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, integrada por Gustavo Hornos, Carlos Pizzatelli y Marcos Grabivker, revocó los procesamientos y dejó sin efecto los embargos. Posteriormente, hubo varios recursos de la querella de AFIP, que también fueron rechazados en Casacion por lo que quedaron firmes los sobreseimientos.

En la sentencia, los integrantes del tribunal consideraron que las utilidades repartidas por S.A La Nación ya habían tributado el impuesto a las ganancias, aunque admitieron que la opacidad de los paraísos fiscales no permite determinar el origen y la composición real de los dividendos distribuidos por las sociedades allí constituidas.

 

Fuente: ambito.com

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