A mediados del año pasado, un demacrado exejecutivo petrolero miraba fijamente a seis fiscales federales poco expresivos sentados al otro lado de la mesa en una pequeña oficina en el sur de Brasil.

Durante semanas, había prometido contar lo que sabía sobre un supuesto complot de lavado de dinero, pero seguía sin abrir la boca. Entonces, se enteró de que los fiscales también investigaban a su familia y Paulo Roberto Costa comenzó a hablar.

Durante sus casi diez años como alto ejecutivo de Petrobras, aceptó sobornos de las mayores constructoras del país, a las que permitió defraudar a la petrolera controlada por el Estado en cientos de millones de dólares a través de contratos inflados. Otros ejecutivos y políticos brasileños recibieron una parte del dinero, mientras que una red de colaboradores les ayudaban a esconder parte del botín en otros países.

El relato de Costa hizo estallar un escándalo que ha sacudido a Brasil, desatando una virulenta tormenta política y económica en la séptima economía del mundo. La investigación ha provocado la renuncia de altos directivos de Petrobras, ha golpeado las acciones de la compañía y la ha obligado a cancelar proyectos y realizar miles de despidos. También se suma a los factores que tienen a la economía brasileña al borde de la recesión. Casi 50 legisladores y ex legisladores federales están siendo investigados.

La onda expansiva del escándalo ha llegado a la presidenta brasileña Dilma Rousseff, que era presidenta de la junta directiva de Petrobras mientras se cometieron gran parte de los supuestos delitos de corrupción. Rousseff ha negado tener conocimiento de la situación y no ha sido implicada, pero sus índices de aprobación se han derrumbado. El 15 de marzo, más de un millón de personas protestaron en ciudades en todo el país, muchos de ellos pidiendo su renuncia.

El caso saltó a la esfera nacional bajo la dirección de nueve fiscales poco conocidos que están enfrentándose a algunas de las fuerzas más poderosas del país. Los medios locales los llaman los nueve jinetes del Apocalipsis. Su éxito o fracaso tendrá un gran impacto a la hora de determinar si Brasil puede romper con una larga historia de corrupción e impunidad, un legado que muchos dicen que ha perjudicado la economía del país.

Cuatro exejecutivos de Petrobras y al menos 23 directivos de empresas de construcción han sido acusados de delitos como corrupción y lavado de dinero. Algunos han admitido la culpa a cambio de una rebaja de la pena; otros han negado los cargos e irán a juicio. Ahora, el caso está entrando en su fase más importante y potencialmente explosiva. En marzo, la Corte Suprema les dio a los fiscales luz verde para investigar a 48 miembros o ex miembros del Congreso. La lista incluye al ex presidente brasileño Fernando Collor de Mello, que ha negado su participación.

‘Mordidas’ del 3%

Los fiscales afirman que los sobornos comenzaron en 1997. Las firmas de construcción que querían hacer negocios con Petrobras acordaban pagar sobornos a ejecutivos de la petrolera, que inflaban los costos de los contratos. Las mordidas ascendían a alrededor de 3% de los contratos inflados, según el testimonio de algunos directivos investigados. Los funcionarios de Petrobras que actuaban de facilitadores de los negocios se quedaban con una parte del efectivo de los contratos inflados y destinaban el resto a un fondo para legisladores y partidos políticos. Hay cerca de 230 empresas bajo investigación y el dinero defraudado podría ascender a más de 700 millones de dólares -661 millones de euros-. Petrobras no ha realizado una estimación pública. La empresa se considera una víctima del supuesto plan y dice que colabora con la investigación.

Algunos en Brasil temen que la política se imponga sobre la justicia. En febrero, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, se reunió en privado con abogados de la mayor constructora de Brasil, Odebrecht SA, que se encuentra entre las firmas bajo investigación, según la policía federal. Cardozo dijo entonces que los funcionarios tenían el deber de reunirse con los abogados y que Odebrecht no pidió un trato especial. La empresa negó haber participado en sobornos y dijo que había solicitado la reunión para quejarse sobre filtraciones a los medios de comunicación.

La presión está creciendo para que se alcancen acuerdos con las empresas de construcción paralizadas por el escándalo, para proteger la economía. Los fiscales se oponen enfáticamente, aunque hasta ahora se han alcanzado dos conciliaciones con empresas de construcción, que admitieron culpa y acordaron proveer información adicional.

Los fiscales tienen ambiciones que van más allá de este escándalo. Quieren reescribir secciones del código penal de Brasil que, según afirman, facilita que los ricos y poderosos escapen con castigos leves. A través del fiscal general, enviaron hace poco al Congreso una lista de propuestas de reformas. “Creo que Brasil será un país diferente después de la conclusión de este proceso”, confía Antonio Augusto de Queiroz, director de DIAP, un organismo regulador del Congreso.

 

Fuente: expansion.com

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