El secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti era el cabecilla de una banda que defraudó al estado mediante sobornos, robos de mercadería y otros actos delictivos, informó la fiscalía el jueves.

Juan Carlos Monzón se encontraba fuera del país y no pudo ser apresado. El gobierno de inmediato no hizo declaraciones.

La fiscalía junto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un organismo de Naciones Unidas con la misión de desbaratar el crimen organizado incrustado en el país, allanó oficinas y residencias, y capturó a 20 personas.

Monzón “utilizó información privilegiada para cometer estos ilícitos”, dijo titular de la comisión de la ONU, Iván Velásquez.

El vocero presidencial Jorge Ortega dijo que “el gobierno es respetuoso de las leyes… El ejecutivo no va a esconder nada que este fuera de la ley, esperamos que esto se ventile en los tribunales correspondientes y que haya un debido un proceso”.

Las autoridades no han querido revelar el monto total de los defraudado, pero aseguran que en dos semanas de investigación por lo menos uno de los miembros de la banda logró acumular 2,5 millones de quetzales (unos 326.000 dólares) como monto de sobornos y evasión de impuestos, y que dicha estructura opera desde hace por lo menos un año.

Entre los detenidos también figuran Estuardo González, gerente general del periódico Siglo XXI.

Además están detenidos varios vistas de aduanas, funcionarios a cargo de verificar que la papelería de las importaciones, quienes de primera manos verificaban montos de impuestos, pero recibían sobornos para no cobrar los montos legales.

“Esta era un estructura criminal que se dedicaba a defraudar al erario nacional a través de aduanas”, dijo el fiscal Oscar Schaad, a cargo de la investigación.

Velásquez dijo que desde su llegada a la institución este era un tema que consideraban muy importante para abordar.

“Uno de los temas sustanciales era el contrabando y en general con la defraudación en un país tan necesitado de recursos”, dijo Velásquez, al momento de explicar la importancia de la investigación por tratarse del tema de manejo aduanero y de impuestos del país.

La organización “se dedicaba a cobros ilegales a empresarios y usuarios de distintas aduanas del país”, dijo la fiscalía.

Uno de los detenidos es Omar Franco, director de la Superintendencia de Administración Tributaria, organismo a cargo del control y la recaudación de impuestos en el país y quién ejerce uno de los más altos cargos en materia de control aduanero del país.

Las autoridades también capturaron a Carlos Muñoz, ex director de la Superintendencia quien al ser llevado a la torre de los Tribunales con las manos esposadas dijo a The Associated Press que no sabía por qué estaba detenido.

“Me dijeron que me capturaban por asociación ilícita aduanera, espero conocer más de qué se trata”, dijo Muñoz.

El ex superintendente dijo que estaba claro que la entidad es muy importante para el país, pero que no se podía hacer nada dentro de esta, si no estaba fortalecida.

“No puede uno hacer algo, curar un mal de muchos años si no está fortalecida, no se puede hacer mucho en año y medio que me tocó estar”, dijo.

La comisión dijo que tras investigaciones y escuchas telefónicas se determinó que la organización dio como nombre “la línea” a la estructura que a través de funcionarios públicos, tramitadores y otros, diseñaban una tabla paralela con la cual se realizaban los cobros, con la intención de beneficiar a ciertos empresarios para lograr así sobornos.

“Los vistas y funcionarios respondían jerárquicamente ante miembros de la estructura externa… los instruían para que identificaran a determinadas personas para que cumpliera con los objetivos de la organización criminal”, dijo el comisionado.

En las escuchas telefónicas que se realizaron la comisión estableció incluso lo que llamó “conversaciones telefónicas vergonzosas” en las que los miembros de la estructura hacían solicitudes para “incrementar el incauto” pues “nos estamos quedando cortos” para lograr elevar los niveles de defraudación.

Las autoridades explicaron que las acciones se realizaron en varias fronteras del país y en los puertos de Santo Tomas de Castilla y Quetzal, en el Atlántico y el Pacífico.

Los operativos continúan y aún se espera importantes capturas.

Por Sonia Perez D.
Fuente: elnuevoherald.com
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