La mayoría de los policías, fiscales y jueces carecen de las habilidades y las nociones básicas para enfrentar una investigación por delitos informáticos.

Eduardo Rojas llegó tres días tarde a un colegio en Santa Cruz para dar una charla sobre violencia digital. “Era que venga antes”, le dijeron. Y es que hace tres días, una adolescente fue chantajeada por mensajes de texto: si no se acercaba a un vehículo, colgarían en la web videos pornográficos que hackearon de su celular.

“Salieron al recreo y había una red wifi abierta. Se conectaron y sus celulares comenzaron a lentearse. En el curso, le llegan mensajes a la chica, le hackearon el celu y tenían videos porno de ella. Y le dicen ‘si tú, al salir, no vienes para que te devolvamos tus videos, los vamos a publicar en tu colegio’. Ella se acercó al carro. Las cámaras de seguridad muestran cómo se la llevan y cómo la tiran tres horas después”, cuenta el presidente de la Fundación Redes.

Ese mismo día, cuando Rojas llegó a otro colegio a 10 cuadras del primero, le dijeron que había pasado lo mismo, sólo que esta vez la joven no regresó.

Estos son  algunos ejemplos de un nuevo tipo de violencia que va en aumento y cuyas principales víctimas son los menores de edad, las mujeres y la población GLBT. Se trata de la vulneración de los derechos, la dignidad, libertad y vida privada de una persona a través de las nuevas tecnologías, en especial internet.

Dos expertos coinciden en que la mayoría de los operadores de justicia no tienen las habilidades ni  nociones básicas para realizar una investigación en este campo.
El abogado informático Édgar Eguino sufre cada vez que tiene que explicar a las autoridades, llamadas para impartir justicia, las evidencias digitales que encontró en un caso.

“¡Ese es uno de mis grandes dolores de cabeza! En este tema, ni nuestros jueces, fiscales y mucho menos policías han sido debidamente capacitados”.

El director nacional de la FELCC, Freddy Olivares, explica que no existe una división especializada en atender estos casos. “Estamos tras eso, y en breve tiempo tendremos una dirección especializada. Mientras, tenemos profesionales que transmiten sus conocimientos a los efectivos y también fomentamos que tomen clases particulares para su capacitación”.
El director nacional de Tecnología y Telemática de la Policía, Juan Cejas, reconoce que su institución no está en las mejores condiciones para investigar delitos informáticos; pero en la Academia ya existe una materia al respecto y en la Universidad Policial se proyecta lo mismo.

“Tenemos muy pocos miembros dentro de la Policía expertos en informática y telecomunicaciones, son contados,  por lo que se recurre a profesionales externos para que brinden el asesoramiento técnico”.

Existen varios tipos de violencia digital: phishing (fraude con obtención de datos personales), hacking, pornografía infantil,    “complejo de lolita”  (menores que gustan tener relaciones con mayores), sexting, ciberacoso, trata de imágenes, trata de personas, entre otros.

Los nuevos términos expresan conductas que existieron desde siempre, pero el modo en que se realizan, así como el modo en que pueden ser investigados, se transforman con el uso de las web.

“No existe el crimen perfecto”, sostiene Eguino. Cuando se comete un delito informático, sea en el mundo real o virtual, las evidencias están allí, quedan pistas por seguir.  “Nosotros debemos encontrarlas”, dice el abogado.

“Debería haber un tratamiento especial para estos nuevos delitos, a medida que aparecen vemos que hay falencias en la ley. Estamos limitados”, sostiene la fiscal Karina Cuba, quien afirma que no existe capacitación en esta área dentro el Ministerio Público.

Para Rojas no es necesario que jueces, fiscales y policías  sean expertos en delitos informáticos y violencia digital, para eso están los peritos, pero sí deben saber recolectar y evaluar la información necesaria. “En 10 años, quizá lo logremos”, asegura.

Campo virtual
Recomendaciones

Los usuarios de las nuevas tecnologías deben implementar medidas de seguridad en el acceso a sus aparatos electrónicos e información privada. Evitar revelar información personal e íntima en la web, y tener cuidado en aceptar a desconocidos como amigos en redes sociales.

Datos

No existen datos confiables sobre la cantidad de casos de violencia digital que se dan en el país. En 2014, según información de la Policía, hubo al menos 800 casos, pero la mayoría nunca se denuncian.
Comportamiento

Según una encuesta de la Fundación Redes, siete de cada 10 estudiantes aceptan a contactos desconocidos en redes sociales y tres concretan encuentros.

 

Existen vacíos en leyes bolivianas ante el constante avance tecnológico

La actual normativa en Bolivia tiene vacíos con respecto a la violencia digital y delitos informáticos. Por esto,  el Ejecutivo trabaja actualmente en un proyecto de ley que tiene un carácter más preventivo.

La Constitución Política del Estado establece los mecanismos para resguardar los derechos de las personas; sin embargo, cuando se trata de casos en el ámbito virtual, se hallan escollos debido a que estas norma no fueron concebidas teniendo en cuenta los constantes avances en la era digital.

En el Código Penal sólo hay dos artículos referidos a delitos informáticos, que, por otro lado, hacen énfasis en el bien patrimonial del individuo y no en la persona como tal.

El fenómeno es regional, aunque algunos países vecinos avanzaron más que Bolivia en este aspecto. “En América Latina no existe una cantidad suficiente de leyes en materia de delitos informáticos para las diferentes tipologías de crímenes”, sostiene el experto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Jacopo Gamba, citado en un texto de la Fundación Redes.

 

Ante este panorama existen dos  enfoques, el que apuesta por la educación y concienciación de los usuarios, antes de que cometan los delitos, y quienes hablan sólo de las sanciones.

“Internet no puede regularse, entonces debemos hablar siempre de una autoregulación, entendida como la delegación de poder que ejerce simultáneamente un ecosistema de actores multisectoriales para el funcionamiento de normas implícitas o explícitas acordadas colectivamente”, escribe el experto Eduardo Rojas.

“No implica que cada sector se regula a sí mismo de manera aislada, mirándose el ombligo. Es, por el contrario, una lógica de delegación del poder de regulación entre todos los actores que interactúan en el ecosistema”.

 

Por Sergio Mendoza

Fuente: paginasiete.bo

 

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