Este miércoles no se puede afirmar que el presidente de Siriaacabará, como los carniceros balcánicos Slobodan Milosevic y Radovan Karadzic, procesado en un tribunal especial. Pero, por su acaso, un comité internacional de juristas ya ha acopiado medio millón de folios oficiales que prueban la implicación de funcionarios sirios “del más alto nivel” en la comisión de crímenes de guerra.

Detrás de esta conclusión, explica el periódico británico The Guardian, hay tres años de contrabando de documentación del régimen llevado a cabo por cincuenta investigadores sirios. Uno de ellos murió, varios resultaron heridos y otros tantos han sufrido detenciones y torturas a manos de las fuerzas oficiales de Siria. La documentación está custodiada en un lugar seguro; el investigador jefe, de pseudónimo Adel, asegura no sentirse a salvo.

Quien impulsa la acusación es la Comisión para la Justicia y la Responsabilidad Internacional (CIJA, en siglas inglesas). Está formada por investigadores y legalistas, de varios países, con experiencia en los tribunales especiales abiertos para la antiguaYugoslavia y Ruanda.

Su objetivo es facilitar el trabajo de los fiscales en caso de que se abra una causa que juzgue el conflicto sirio. Aunque la Comisión asegura que pretende que se fiscalice a todos los bandos en liza, también el opositor, los tres ‘dossiers’ de pruebas que han elaborado hasta la fecha conciernen al régimen.

El primero se centra en la cabeza de la cadena de mando del ejecutivo, la llamada Célula Central de Gestión de la Crisis. Aquí se investiga al mismo máximo dirigente sirio, Bashar Asad, y a otros acólitos como Mohammed Shaar, su ministro de Interior, y Mohamed Said Berjeitan, subsecretario del partido Baaz y líder de la Célula durante los primeros meses del levantamiento, de marzo a finales de septiembre de 2011.

Estas fechas son las más críticas, porque es el período que transcurre entre el levantamiento popular que reclamaba más libertades al gobierno- aplastado a fuego por el ejército y la Inteligencia de Asad – y el anuncio de la toma de armas por parte de desertores de las fuerzas armadas, apoyadas desde el exterior por países del Golfo y Turquía.

El segundo caso pone el foco sobre el ente bajo el ala de la Célula de Crisis, el Buró de Seguridad Nacional. Lo conforman los cabecillas de las cuatro principales agencias de inteligencia y seguridad. El tercer dosier del CIJA ahonda en las acciones del comité de seguridad de la provincia oriental de Deir Az Zur, encabezado por el mismo líder local del Baaz que controla las agencias de la próxima provincia de Raqqa.

El Comité fiscalizador tiene una lista de 46 nombres a investigar, además del de Bashar Asad. Pero 22 de ellos, ya identificados a los gobiernos occidentales que patrocinan esta institución – Reino Unido, EEUU, Alemania, Suiza, Noruega, Canadá y Dinamarca – no se han publicado.

La Haya es sede de la Corte Penal Internacional (ICC, en inglés) y de la Corte de Justicia Internacional (ICJ), primera instancia penal de la ONU. Siria no ratificó los acuerdos de Roma, ergo, a priori, Asad no podría subirse al estrado de la ICC. Asimismo, Rusia, con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, ha bloqueado por ahora toda investigación a la cúpula del régimen con posibles consecuencias penales.

La esperanza radica en un cambio de postura rusa o en la eventual apertura de tribunales especiales, internacionales o nacionales, para juzgar a los responsables de las más de 200.000 muertes que han dejado cuatro años de guerra en Siria.

En diciembre de 2013, una comisión de Naciones Unidas argumentó, tras una serie de pesquisas, que “hay pruebas que indican responsabilidad de máximo nivel, incluido el jefe de Estado”, en la comisión de crímenes de guerra en Siria. Recientemente, la organización humanitaria Amnistía Internacional se ha expresado en términos similares.

Más de 470.000 pruebas

La CIJA tiene investigadores en cada provincia siria. Cada vez que elementos oficialistas perdían el control de un edificio oficial, estos se introducían en las sedes en busca de documentos incriminatorios.

Tanto el régimen como algunos grupos alzados, contrarios a cooperar con Occidente y menos con su Justicia, han dificultado el deslizar fuera de Siria estas pruebas.

Los miembros de la CIJA también han realizado alrededor de 400 entrevistas, muchas de ellas con desertores, aunque uno de los conductores de estas matiza que el punto de partida es la documentación escrita. A fin de que la oposición también rinda cuentas, ya se han recabado más de 470.000 pruebas, entre vídeos, testimonios y papeles, que están siendo analizados por refugiados sirios a sueldo de la Comisión.

En estas últimas semanas las tropas leales a Damasco han perdido fuelle en el norte de Siria, donde una alianza de opositores laicos y salafistas, apoyados por yihadistas de Al Qaeda, avanza a paso veloz. Eso ha esperanzado a Adel, que dice creer “todavía en la Justicia. Espero que un día veamos un tribunal juzgando un líder y responsabilizándolo por los crímenes cometidos”.

 

Por Lluis Miquel Hurtado

Fuente: elmundo.es

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