La penetración del narcotráfico en los partidos políticos es más profunda de lo que parece. Sólo el escándalo de Gerald Oropeza, con un atentado en su contra y dos testigos que podrían ser claves asesinados por sicarios para silenciarlos, permitieron que se conozca los vínculos que este presunto narco tenía con la alta dirigencia del Partido Aprista.

Pero no es el único partido que ha tenido relaciones cercanas con el narcotráfico. El fujimorismo, desde los 90 y hasta hace poco, ha sido remecido por escándalos ligados al tráfico de drogas, en el que los protagonistas siempre han tenido un factor común: el apellido Fujimori.

Uno de los casos emblemáticos fue el aporte de más de 41 mil soles a Fuerza 2011 que hizo Luis Calle Quirós, quien está en la “lista negra” del narcotráfico internacional junto a su esposa española María Rodríguez Badillo. En EE.UU. se asegura que pertenecen a una red de compañías que se dedican al lavado de dinero de las mafias de la droga, cuyo cabecilla es el colombiano Isaac Guberek Ravinovicz.

Luis Calle Quirós está siendo investigado en varios países por narcotráfico y, ante el escándalo, Keiko Fujimori pretendió resolver el problema devolviendo el dinero, tal como lo hizo Alan García el 2007, cuando se supo que uno de los hijos del clan Sánchez Paredes había aportado 5 mil dólares. Entonces el líder aprista devolvió el dinero y los vínculos con ese clan investigado por lavado de activos se acabaron.

La devolución del dinero que hizo Keiko Fujimori no resolvió ni aclaró el problema, pero a nivel judicial el caso quedó en nada. Recientemente tuvo la misma reacción cuando se descubrió que los congresistas fujimoristas viajaron a un mitin de Keiko en Puno con dinero del parlamento. La solución fue la misma: devolver el dinero y de ahí la impunidad.

A Kenji Fujimori se le trató con extrema suavidad cuando, en su condición de accionista de la empresa Limasa, en cuyo almacén se encontró más de 100 kilos de droga, solo fue investigado por la Comisión de Ética del Congreso y no por el Ministerio Público, que debería haberlo investigado por los presuntos vínculos con el narcotráfico o lavado de activos.

En los casos de Keiko y Kenji Fujimori, que son emblemáticos, no hubo voluntad estatal para investigar las relaciones entre el narcotráfico y la política. Por ello, los fujimoristas se creen libres de cualquier vinculación con el narcotráfico, lo mismo que afirman los apristas, pese a las múltiples evidencias.

Si sumamos estos casos, que fueron los más recientes, a lo que pasó durante el gobierno de Alberto Fujimori con la drogas en el avión presidencial y otros, estamos hablando de un partido que está ligado históricamente al narcotráfico.

Si nos remontamos a los 90, para el especialista en temas de narcotráfico, Jaime Antezana, los 196 kilos de cocaína en el avión presidencial de Fujimori, los dos narco buques de la Marina con más de 100 kilos de clorhidrato de cocaína en cada uno de ellos, el uso de los helicópteros, en el VRAE y el Alto Huallaga para mover PBC, la acusación del Vaticano de que Vladimiro Montesinos le cobraba 50 mil dólares por cada vuelo, el cobro de cupos a las avionetas en las pistas de aterrizaje, etc., “son algunos datos que me llevan a sostener que en el tramo del gobierno de Alberto Fujimori entre 1991 y 1996, el Perú fue un narcoestado”.

Montesinos, que fue socio de Alberto Fujimori, también estuvo implicado con el poderoso cártel de Tijuana, al que habría provisto de 18 toneladas de clorhidrato de cocaína a lo largo de tres años. Según investigación del diario mexicano El Universal, en esta operación participaron también Juan Valencia Rosas y Alberto Venero Garrido, quienes negociaron la entrega con Agustín Vázquez Mendoza, cabecilla del cártel de Tijuana. Pese a las evidencias y los testimonios, Montesinos no fue sentenciado por narcotráfico debido a sus influencias en el Poder Judicial.

¿Y CÓMO LO HACE?

Que una candidata con casos que la ligan al narcotráfico esté como favorita en las encuestas y tenga posibilidades de ser presidenta es un verdadero peligro. Antezana señala que con los antecedentes pasados y actuales, un triunfo del fujimorismo en las elecciones generales del 2016 sería un grave riesgo para el país. “Más aún cuando todos sabemos que Keiko Fujimori no se allana a una investigación sobre el dinero de Luis Calle Quirós, y no tiene trabajo conocido para sustentar sus gastos de campaña, más allá de algunas rifas”.

Pese a los cuestionamientos, a la fiscalía de Lavado de Activos no se le ha ocurrido investigar de dónde saca dinero Keiko para solventar su campaña. “Keiko Fujimori debe ser investigada sobre los fondos que utiliza para la campaña electoral. De los congresistas que asisten a sus actividades sabemos que el dinero sale del Congreso. Pero, ¿con qué plata se moviliza por todo el país?, no sabemos de dónde sale. El aporte económico que los congresistas dan a Fuerza Popular no justifican los gastos de la campaña electoral del 2011 ni de la campaña que ya empezó por el sillón presidencial”, declaró a otramirada.pe

Sin embargo, las relaciones del narcotráfico con los partidos políticos no se limitan al APRA y el fujimorismo. Van más allá de estas dos fuerzas. Tienen presencia en partidos políticos con posibilidades de ganar las elecciones o tener una importante representación parlamentaria. Para Antezana, el narcotráfico apunta a gobernar el país “y eso lo veremos cuando se configure el escenario electoral y se inscriban los candidatos”.

 

Fuente: losandes.com.pe

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