(OroyFinanzas.com) – El Acuerdo sobre Comercio de Servicios (Trade in Services Agreement- TiSA) es un acuerdo internacional suscrito por 51 países para liberalizar el comercio de servicios entre los estados firmantes. Rodeado de mucha polémica y secretismo, la única información disponible sobre el TiSA se debe a filtraciones periodísticas.

El TiSA se ha venido negociado con mucha discreción desde 2013, dentro del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial del Comercio-OMC (World Trade Organization-WTO). Desde esta plataforma, muchos estados han negociado con otros estados miembros ir mucho más allá, en nuevas materias de servicios propuestas y en el grado de liberalización, de lo que se recoge en los acuerdos AGCS. Y no se descarta que, de sumar un número importante de países, se pudiera imponer el TiSA como nuevo marco aplicable en la OMC, a través de la AGCS.

Entre los actores principales figuran los Estados Unidos, la Unión Europea y otros 22 países, entre ellos Canadá, México, Australia, Israel, Corea del Sur, Japón, Noruega, Suiza y Turquía. El TiSA también está presente en otros países de América del Sur y Asia. Doce de las naciones que componen el G-20 están presentes y también casi todas las economías avanzadas a excepción de la coalición “BRICS“.De hecho, China que mostró cierto interés en incorporarse a las negociaciones no ha sido admitida por el momento.

Las informaciones disponibles sobre estos acuerdos han transcendido a la opinión pública gracias a Wikileaks, que el pasado 19 de junio de 2014, filtró un anexo referido a Servicios Financieros. Más recientemente, a principios de este mes, se han publicado también las actas de las negociaciones secretas sobre algunos de los aspectos que cubrirá el futuro acuerdo. Además de los servicios financieros, están involucradas en las negociaciones áreas tales como las telecomunicaciones, el comercio electrónico, el transporte aéreo y marítimo, la distribución y envíos de mercancías,  las normas que regulan los servicios profesionales, el movimientos de personas, los servicios postales estatales o las “regulaciones domésticas”…

Los medios periodísticos asociados con Wikileaks, que se han hecho eco de estas filtraciones son Público (España), The Age (Australia), Süddeutsche Zeitung (Alemania), Kathimerini (Grecia), Kjarninn (Islandia), L’Espresso (Italia), La Jornada (México), Punto24 (Turquía), OWINFS (Estados Unidos) y Brecha (Uruguay).

Tras el análisis de lo publicado, los más críticos han señalado que el TiSA limitará la capacidad de los gobiernos nacionales para legislar normas en defensa del interés público. Y señalan como ejemplos, más evidentes, los relacionadas con asuntos medioambientales, servicios de sanitarios o  de industria farmacéutica, centros de gestión de residuos, centrales eléctricas, convalidaciones de títulos académicos o la concesión de licencias de telecomunicaciones. Pero más grave es el temor a que la entrada en vigor del acuerdo cercene tambiénla capacidad de los gobiernos para intervenir y regular sectores clave, como los financieros, energéticos, las telecomunicaciones y los intercambios de datos transfronterizos.

Además, en estos acuerdos del TiSA, tienen un papel relevante los actores principales del mercado financiero de Wall Street y la City londinense, así como otras grandes corporaciones multinacionales. No en vano, el comercio en instrumentos derivados, el mercado extranjero de divisas o la gestión de los fondos de inversión son cuestiones que están sobre la mesa. Este asesoramiento es una circunstancia que “imposibilitará a los gobiernos nacionales fortalecer las reglas y controles dentro del sector financiero”, según opinión de la catedrática de la Universidad de Auckland, Jane Kelsey.

El Tisa está rodeado por el mismo secretismo y discreción que otros acuerdos similares que se están negociando a nivel internacional, como son el Trans-Pacific Partnership-TPP o el Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership-TTIP. Sin embargo, en este caso y según ha transcendido, la pretensión inicial de TiSA es permanecer fuera del escrutinio público 5 años, después de haber entrado en vigor. Una circunstancia que contradice la transparencia mantenida por la OMC, en sus negociaciones, a lo largo de los últimos años y que parece incompatible con estados democráticos avanzados, como supuestamente son los países occidentales.

 

Fuente: oroyfinanzas.com

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