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El sumario del caso contra la supuesta cúpula de Anonymous sigue incluyendo conversaciones entre clientes y abogados, algo que pone en riesgo el derecho a la defensa de los acusados. Esto sucede cuatro años después de que la juez encargada del caso ordenara su eliminación, una vez que la Fiscalía ha presentado su escrito de acusación -pide cinco años de cárcel para los tres acusados- y justo cuando va a comenzar el juicio oral.

La orden de la eliminación de dichas transcripciones tuvo lugar después de que se hiciera público este hecho. La secretaria judicial incluso dio fe de la retirada de este contenido tras el mandamiento correspondiente de la titular del juzgado número 4 de Gijón, Ana López Pandiella. Pese a todo, las conversaciones no desaparecieron del sumario, tal y como ha podido constatar este diario.

El fiscal ha presentado recientemente su escrito de acusación en el que pide más de cinco años de cárcel para los tres supuestos responsables de Anonymous. Recibió el sumario con las transcripciones de varias conversaciones entre uno de los acusados (R. T. S.) y su abogado, David Maeztu, en las que se planteaban algunas estrategias de defensa.

En una de esas conversaciones, el abogado -claramente identificado como tal- comenta por teléfono con su defendido que una de las estrategias a seguir es plantear la nulidad de su identificación basada en la dirección IP.

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“Aquí la clave de esto está en que el delito que se te imputa no tiene relevancia como para que haya procedido a la identificación, entonces, todo lo demás está viciado de nulidad, y eso es lo que yo pediría en principio”, dice Maeztu, según consta en la transcripción.

Ya hace cuatro años, el propio abogado sospechaba que perseguir a alguien por ciertos delitos, como la comisión de un ataque de denegación de servicio, “se enfrenta al problema de que no se puede identificar a quien está detrás de una dirección IP porque el delito de daños del artículo 264.2 no es un delito grave, ya que la pena es inferior a cinco años de prisión”.

El abogado también añadía sus sospechas de que la Policía trataba de “buscar la manera de elevar el nivel del delito para saltarse la limitación legal, razón por la que intenta reconducir todo lo que tenga que ver con Anonymous hacia la consideración de estar ante un delito de pertenencia a una organización criminal”, y así sumar más pena.

Anonymous, organización criminal… o no

El fiscal acusa a los supuestos miembros de la presunta cúpula de Anonymous de los delitos de daños continuados (cuatro años y cinco meses de prisión, en este caso) e integración en un grupo criminal (11 meses de cárcel, también en este caso). Sólo con el primer delito la pena no alcanzaría los cinco años de prisión necesarios para poder identificar a un usuario por su dirección IP, tal y como expuso Maeztu. Pero el fiscal considera también que los imputados integran un grupo criminal y, de este modo, las penas solicitadas superan los cinco años.

¿Es Anonymous una organización criminal y, por tanto, puede acusarse a alguien del delito descrito en el artículo 570 del Código Penal? Pues depende del informe policial que toque.

En este caso, el fiscal considera que los acusados integran “un grupo criminal con la intención de perpetrar reiteradamente delitos leves”, y pide que se aplique la pena en su mitad superior al estar en grupo criminal “formado por un elevado numero de personas” (artículo 570 ter 1c y 2a del Código Penal).

Sin embargo, en un caso similar contra supuestos miembros de Anonymous instruido en el juzgado número 7 de Toledo, la propia Policía afirma en un informe -y sin lugar a dudas- que “no se puede asociar Anonymous a una Organización Criminal” ya que “existe un gran número de personas afines a Anonymous que, aunque difundan su ideología, lo hacen sin cometer ningún acto delictivo”.

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Consecuencias

David Maeztu, en conversación telefónica, comentó irónicamente que “cuatro años más tarde, las conversaciones entre cliente y abogado seguían allí”. “Estoy estudiando medidas contra la secretaria judicial, dado que fue ella quien dio fe de la devolución de estas transcripciones de conversaciones con mi cliente a la Brigada de Investigación Tecnológica (de la Policía), concretamente el 25 de julio de 2011″, añadió el letrado.

Por su parte, el abogado Carlos Sánchez Almeida, defensor de otro de los acusados, coincide con Maeztu en que el caso está viciado de nulidad. “Con independencia de que el caso Anonymous es un montaje político contra el 15M desde el primer momento, la interceptación de comunicaciones entre abogado y cliente invalida todo el procedimiento, al afectar al núcleo duro del derecho de defensa”, afirma.

“El proceso carece de toda garantía desde el momento en que policías, juez y fiscal han podido tener conocimiento de toda la estrategia de defensa”, añade Sánchez Almeida. Y concluye: “De conformidad con la doctrina jurisprudencial de los frutos del árbol envenenado, se debe anular todo el proceso”.

 

Por Pablo Romero

Fuente: elespanol.com

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