El Ministerio del Interior marroquí ha presentado una demanda contra las personas que esta semana presentaron un informe que acusaba a las autoridades de espiar sus correos electrónicos.

Según explica una fuente del Ministerio del Interior a la agencia oficial MAP, el ministerio ha denunciado a aquellas personas, que no identifica, que han preparado y distribuido un informe en el que hay acusaciones “graves” de prácticas de espionaje por parte de los servicios secretos.

Asimismo, el ministerio ha pedido una investigación para identificar a las personas que están detrás de este tipo de acusaciones para que presentarlas ante la Justicia competente.

El informe al que hace referencia la MAP fue elaborado por la Asociación de Derechos Digitales marroquí (ADN, siglas en francés) y la organización británica Privacy International, conocida por investigar los modos de vigilancia electrónica de los gobiernos y desvelar el papel de las empresas que permiten este control.

Privacy International subraya en el informe que durante un año se reunió, habló y grabó conversaciones con activistas políticos y periodistas de Marruecos que “fueron espiados por el Gobierno y organizaciones asociadas a él”.

Según el estudio presentado el martes “el Estado (marroquí) ha invertido de forma masiva en espionaje con el fin de vigilar las actividades de sus ciudadanos y reprimir toda forma de disidencia”.

Asimismo, recuerda que en 2011 el Gobierno marroquí compró por 2 millones de euros a la empresa francesa Amesys Bull -conocida por vender tecnología a Libia cuando estaba bajo el régimen de Muamar al Gadafi- infraestructuras de vigilancia Eagle, que permiten a los gobiernos censurar internet y vigilar su tráfico.

En 2014 Marruecos ocupó el puesto 116 de 167 países analizados por la Índice de democracia de la Unidad de Inteligencia del periódico “The Economist”, según recuerda el mismo informe.

Por su parte, el último informe de Reporteros Sin Fronteras sitúa a Marruecos en el puesto 130 en el índice de libertad de prensa de un total de 180 países analizados.

 

Fuente: eldia.es

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