18/07/15 

El magistrado ordenó ayer una serie de allanamientos en el ministerio que conduce Julio De Vido, Enarsa e YPF, en el marco de una causa por “sobornos” en la importación de gas. Funcionarios K cercados por la Justicia. La vuelta  de oscuros personajes de los años ‘90

La corrupción es un flagelo que acompañó desde siempre a la política argentina, pero nunca como antes ha tenido tan crecimiento como en la última década. Más allá del relato K, la realidad indica que este estado de putrefacción dirigencial ha llevado a que se pierdan miles de millones de dólares de las arcas nacionales.

Ayer, el juez Claudio Bonadio, horas después de haber sido desplazado de forma escandalosa de la causa Hotesur, ordenó una serie de allanamientos en el Ministerio de Planificación que conduce el polémico Julio De Vido, Enarsa e YPF. Fue en busca de información sobre una causa sobre supuestas “dádivas” o “sobornos” en la importación de gas, tras una denuncia presentada en octubre del año pasado por legisladores nacionales del PRO.

Según se pudo saber extraoficialmente, el magistrado investiga una denuncia sobre la compra de gas licuado por parte del Gobierno que data de años atrás, y en la que se encuentran involucrados gran cantidad de funcionarios nacionales y ex miembros del poder menemista en los años ’90, como el controvertido Roberto Dromi, el ideólogo del proceso privatizador que le puso bandera de remate al patrimonio nacional.

Negocios incompatibles

Los operativos judiciales ordenados por  Bonadio, se hicieron con motivo de saber cuáles eran las funciones que cumplía YPF desde su estatización en el año 2012 como intermediario entre los proveedores de gas y Enarsa, y que según denuncian diversos miembros de la operación, fueron utilizados para facturar con sobreprecios y cobrar cuantiosos sobornos o dádivas.

En diálogo con Hoy, el presidente del bloque de diputados del PRO y denunciante en la causa, Federico Pinedo, aseveró que “lo que nosotros planteamos en la denuncia fueron varias cosas. Una era saber si funcionarios ligados a Julio De Vido habían realizado negociaciones incompatibles con la función pública; la otra era cómo podía ser que Dromi haya actuado en simultáneo como asesor de Enarsa y como asesor de una empresa que contrataba Enarsa para hacer trabajos como lo era Gas Natural Fenosa”.

Para el legislador macrista, “pedimos también que se investigara cómo eran los contratos de YPF comparados con los contratos previos a 2012, para saber cuáles eran las comisiones económicas que se habían cobrado. Sólo en 2012 se compraron 80 barcos de gas a un precio de 50 millones de dólares cada uno, así que hablamos de 4.000 millones de dólares, y las comisiones por eso el pueblo argentino no sabe quién las cobró, aunque de acuerdo a las declaraciones del propio Dromi, él habría cobrado parte de esas comisiones”.

De acuerdo a la denuncia presentada por los legisladores del PRO, los valores de los contratos conocidos son precios diferenciales muy distintos a los contratos hechos, entonces lo que pidieron a la Justicia es que se den a conocer esos contratos y que los mismos se investiguen, que se sepan los precios reales y el por qué Enarsa e YPF compran a precios tan distintos a pesar de ser ambas empresas del Estado nacional.

“Creo que se deberían agilizar los trámites judiciales para poder llegar a la verdad en el caso, que los jueces puedan conseguir copias de los contratos, comparar unos contratos con otros, y comparar las declaraciones de funcionarios que acusan de hechos ilegales a otros funcionarios, para ver qué es lo que pasa con esos contratos”, destacó Pinedo. Las acciones fuera de la ley parecen ser una constante a lo largo del gobierno kirchnerista, de ahí que sean inmensas la cantidad de causas abiertas en diferentes juzgados por hechos de corrupción, y que el gobierno busca ocultar con un brutal apriete hacia la Justicia, nombrando jueces, conjueces y fiscales afines a la administración nacional, como una manera de conseguir impunidad una vez abandonado el poder en el mes de diciembre.

La desidia oficial sobre el tema es muy grande, de allí que sigan sumergiendo los contratos de YPF y Enarsa en el más absoluto secretismo, intentando con estas prácticas frenar el avance de la Justicia a la verdad sobre un caso que deja en evidencia una forma de ejercer el poder oscura y con altos vicios de ilegalidad.

“Dromi admitió haber cobrado una comisión”

Las similitudes entre el accionar del menemismo y el kirchnerismo están más vivas que nunca, más que nada por la labor ejercida por Roberto Dromi como asesor de ambos gobiernos.

Patricia Bullrich, diputada nacional denunciante en la causa, señaló a Hoy que “Dromi en una entrevista dejó entrever el diferencial entre las compras de Enarsa y las compras de YPF, y admitió que él había cobrado una comisión por esa tarea”.

Para la legisladora, “todo esto tiene que ver con que el Ministerio que conduce Julio De Vido es el ministerio del secretismo, de las obras donde se mueven los Lázaro Báez, los Dromi, donde se mueven los retornos en la obra pública, y de estas compras de gas”.

“Acá lo que hay que hacer es conocer los contratos, saber por qué esos contratos son secretos, qué tiene de secreto un contrato sobre compra de combustible, algo inaceptable en la cultura de la transparencia del Estado, así que nosotros tenemos toda la idea de que esto avance  a una investigación donde la conducta indebida de los funcionarios públicos sea juzgada”, sentenció Bullrich.

Una causa que recién comienza y que ya trae aparejada polémica y que mostrará aún más controversia con el correr del tiempo y a medida que los contratos secretos salgan a la luz pública.

 

Fuente: diariohoy.net

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