• “Si aparezco suicidado, busquen al asesino”, dijo el juez apartado de la causa Hotesur, en la que investigaba a la familia presidencial.

Si algo faltaba para corroborar que nada ha cambiado en la Argentina durante los seis meses transcurridos desde la muerte del fiscal Alberto Nisman, es que el juez Claudio Bonadio fuera apartado de la causa Hotesur -que investiga el supuesto delito de lavado de dinero por parte de integrantes de la familia presidencial- y que, en medio de este clima enrarecido, el magistrado pronunciara una frase que probablemente pase a la historia: “Si aparezco suicidado, busquen al asesino”.

La cuidadosa elección de estas palabras no parece haber sido antojadiza. De hecho, el último funcionario judicial que se atrevió a investigar a Cristina Fernández apareció muerto en su departamento con un disparo en la cabeza, pocas horas antes de dirigirse al Congreso de la Nación para dar a conocer detalles de su investigación.

Ahora, Bonadio advierte sobre la posibilidad de que él mismo pueda seguir los pasos de Nisman, a seis meses de una muerte que aún no ha sido esclarecida y que dado el paso del tiempo y las irregularidades de la investigación, difícilmente sea resuelta en algún momento.

La causa Hotesur apunta a determinar si esta empresa -que administra los hoteles de Cristina Kirchner y su familia- incurrió en el delito de lavado de dinero.

En la investigación que Bonadio llevaba adelante aparece entre los investigados Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner, sobrina de la presidente y prima hermana de Máximo Kirchner. El caso también involucra al empresario Lázaro Báez, ya que Alto Calafate, el hotel más importante de los Kirchner en Santa Cruz, fue contratado por Austral Construcciones -empresa de Báez-, para ocupar numerosas habitaciones que nunca fueron utilizadas.

En caso de que Bonadio hubiese apelado la decisión que lo obliga a apartarse de la causa Hotesur, los encargados de resolver el planteo hubieran sido los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal.

Por extraña casualidad, se trata de la misma Cámara Federal de la que el kirchnerismo -desde el Consejo de la Magistratura- acaba de desplazar al juez subrogante Luis María Cabral, para reemplazarlo por un hombre cercano al gobierno.

Pero las supuestas casualidades no terminan allí. Luego de la muerte de Nisman, las investigaciones sobre presunto encubrimiento de Cristina Fernández y algunos de sus funcionarios a los responsables del atentado contra la Amia, terminaron en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien desestimó con rapidez la denuncia por “inexistencia de delito”.

Ahora, la causa Hotesur recae sobre el mismo magistrado: otra vez, Daniel Rafecas deberá resolver un caso en el que la primera mandataria aparece entre los posibles involucrados.

A esta altura de las circunstancias quedan flotando las sospechas de que, en realidad, la reforma legal que permitió la remoción de Cabral de la Cámara Federal de Casación Penal, y el apartamiento de Bonadio de la causa Hotesur, forman parte de la misma estrategia oficial en un intento por evitar que Cristina Fernández sea imputada de algún delito a pocos meses de terminar su mandato.

Y no se trata de cualquier delito. De hecho, el lavado de dinero representa una acción grave, ya que representa la llave a través de la cual pueden ser blanqueados fondos obtenidos a partir de las más oscuras actividades ilícitas.

Otra vez, Daniel Rafecas deberá resolver un caso en el que la primera mandataria aparece entre los posibles involucrados.

Fuente: ellitoral.com

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