El presidente Barack Obama ha buscado en vano cumplir con esta promesa. Ahora la Casa Blanca planea darle un último impulso.

Mientras la base naval estadounidense de Guantánamo siga operando, es poco lo que el gobierno de Estados Unidos le puede exigir a Cuba en materia de derechos humanos, en el marco del proceso de normalización de relaciones entre ambos estados. Es bien conocido que en Cuba hay un deterioro en la protección de los derechos a la libertad de expresión y la disidencia, entre otros, pero también Washington es tristemente célebre por mantener desde hace más de una década una prisión militar en suelo cubano ocupado, donde se han realizado múltiples torturas y detenciones ilegales.

Recientemente, las violaciones a derechos humanos en Guantánamo se han relacionado con los métodos para proveer alimentación de manera forzada a los detenidos. Según el relator de la ONU sobre la tortura, dichos métodos, por su brutalidad, pueden calificarse como formas de tortura. En este contexto, ha resultado escandalosa la negativa de la justicia estadounidense a liberar las grabaciones de alimentación forzada al exdetenido Abu Wa’el Dhiab, a pesar de la petición de más de 70 congresistas, muchas organizaciones y medios de comunicación (incluido el New York Times, Washington Post, Associated Press, Reuters, entre otros), amparados en la primera enmienda de la Constitución.

La administración Obama ha defendido que esas grabaciones deben permanecer en secreto por motivos de “seguridad nacional”.

Para que el diálogo sobre derechos humanos sea honesto y prospere, se necesitan más que promesas sobre la adopción de estándares de derecho internacional por parte del Estado cubano y sobre el cierre definitivo de Guantánamo por parte de EE.UU. El primero que ponga en marcha estos cambios gozará de mayor autoridad para hacer exigencias a su contraparte y aparecer como un líder genuino en las negociaciones. Obama lo sabe y ha mostrado voluntad, aunque no suficiente liderazgo político, para acabar con Guantánamo. Esta fue una de sus grandes promesas desde que llegó a la Casa Blanca en 2009.

Desde 2010, la oposición en un Congreso dominado por el Partido Republicano ha impuesto demasiadas trabas para trasladar a terceros países a detenidos cuya liberación ha sido aprobada. Y no sólo el Congreso, sino que debido al desconocimiento de personalidades políticas y de la opinión pública en general (Colombia no es la excepción) muchos estados se niegan a recibir individuos que están ilegalmente detenidos en Guantánamo.

Aunque las agencias de inteligencia estadounidenses han comprobado que no se trata de terroristas ni de potenciales amenazas, el grado de estigmatización que les implica haber estado detenidos en esa prisión les impide en general ser aceptados como civiles inocentes y libres. A veces resulta demasiado complicado entender que se trata más bien de víctimas que merecen justicia y una oportunidad para rehacer sus vidas.

Desde que en diciembre de 2013 el Congreso estadounidense flexibilizó una ley que ponía demasiadas trabas, el gobierno estadounidense se ha esforzado por trasladar a los detenidos y ha reducido significativamente el número de individuos encerrados en Guantánamo. Pero no basta con reducir los números, sino que se debe acabar con un referente de las violaciones sistemáticas a los DD.HH. en el mundo.

Obama ya no busca lograr una reelección, sino dejar una huella. En la recta final de su segundo mandato, y a pesar del costo político que le significa, se ha anotado logros en Oriente Medio, con el acuerdo nuclear firmado con Irán, y en Latinoamérica, con el inicio del fin de medio siglo de distanciamiento con Cuba. La reciente reapertura de sedes diplomáticas en La Habana y Washington fue un importante paso simbólico. Ahora faltan los temas más complejos: el levantamiento del embargo económico –para eso la Casa Blanca busca que los empresarios interesados en hacer negocios en Cuba ejerzan presión en el Congreso para que se empiece a levantar el bloqueo– y el cierre definitivo de Guantánamo, que también debe pasar por el legislativo.

La estrategia de trasladar a los presos ha demostrado ser útil, pero insuficiente para que Obama cumpla con su promesa. Por eso, la Casa Blanca está ultimando los detalles de un plan para clausurar de “forma segura y responsable” la base naval, que será pronto presentado al Congreso. Fue el portavoz Josh Earnest quien dio el anuncio y añadió que no es rentable invertir US$100 millones anuales en instalaciones que albergan a 116 presos. Anticipó, además, que el presidente vetará cualquier ley de presupuesto de defensa que obstaculice el cierre de la prisión. A Obama le quedan 18 meses para darle un impulso significativo a esta iniciativa y demostrar que es algo más que una promesa electoral.

 

Por Daniel Salgar Antolínez

Fuente: elespectador.com

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