El editor de Wikileaks asegura, desde Londres, que es en la red donde hay que defender la privacidad o la libre información en el transcurso del II Congreso de Jurisdicción Universal que tiene lugar en Buenos Aires

Internet no está a salvo de los avatares a los que se ven sometidos los derechos básicos de los ciudadanos”. Julian Assange, editor y fundador de Wikileaks se manifestó así  en videoconferencia desde Londres ante los expertos internacionales que participan en el II Congreso de Jurisdicción Universal en Buenos Aires, organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón. El periodista destacó que derechos básicos para la ciudadanía tales como la libertad de información o la privacidad están en jaque por la acción de algunos gobiernos “obsesionados en controlar los movimientos de sus ciudadanos”.

En este sentido, el periodista australiano se refirió a países como Estados Unidos, Reino Unido o incluso Suecia, cuyos servicios secretos cooperan entre sí para controlar las actividades en la red de sus nacionales con la excusa de “proteger a la nación del terrorismo yihadista”. Según señaló Assange, el extremo de estas actividades de espionaje es la creación de ‘listas de la muerte’ en la que figuran ciudadanos que “deben ser eliminados en pos de la seguridad nacional” y puso como ejemplo a los europeos que han sido captados por el terrorismo internacional. “Estos países están controlando todas las comunicaciones y siguiendo a los ciudadanos sin que medie ninguna orden judicial de por medio”, añadió.

En relación a la criminalidad económica y su relación con las condiciones de vida de millones de ciudadanos en todo el mundo, Assange señaló que países como Estados Unidos y los integrantes de la Unión Europea están impulsando un gran bloque de comercio mundial que “se escapará a cualquier tipo de control democrático” y que “no tendrá en cuenta el cumplimiento de los estándares mínimos de Derechos Humanos”.

“En un contexto en el que la comunicación y la tecnología permite castigar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo en cuestión de horas, países como los Estados Unidos están ejerciendo un control total para imponer un marco legislativo universal afín a sus propios intereses. Se imponen paquetes de normas del estándar estadounidense en pos de crear un gran estado global fundamentado en leyes comerciales. El gran juego de las próximas décadas será cómo resistir a esta imposición de una legislación comercial de ámbito planetario que no tendrá en cuenta los derechos de los estados nacionales. Ante esta situación es positivo que se intente ampliar la Jurisdicción Universal para que “abogados internacionales puedan investigar los casos que supongan abusos”.

Con anterioridad a esta intervención, tuvo lugar la exposición de Héctor Sejenovich, Premio Nobel de la Paz, de manera compartida con los miembros del panel Intergubernamental de Cambio Climático en 2007, quien expresó que la defensa de la naturaleza que habitan los pueblos son “una parte sustancial de los Derechos Humanos de estas comunidades”, una percepción que “cada vez es más genérica” y, por lo tanto, comparte la visión de los que inciden la necesidad de incluir los delitos medioambientales graves en el catálogo de crímenes de lesa humanidad.

Actividades que lesionan los derechos de colectivos

Héctor Sejenovich recordó: “podemos mostrar gran cantidad de ejemplos de cómo ciertas actividades económicas como la mega minería o la soja tiene efectos negativos sobre la salud de millones de personas” un aspecto que justificaría la inclusión de este tipo de delitos, cuando lesionen los derechos de colectividades, en el listado de los delitos perseguibles de manera internacional. En este sentido, el Premio Nobel argentino comentó que hay temas enormemente delicados como la contaminación de napas freáticas y los vertidos en cauces de los que viven millones de personas.

Baltasar Garzón, por su parte,  puso de manifiesto los recientes cambios de legislación en Latinoamérica a favor de La ‘Pachamama’ un extremo que Sejenovich señaló como un “paso muy importante” para reconocer al medio natural como ‘sujeto de derecho’. Precisamente es un cambio cultural lo que se precisa, a juicio de Sejenovich y “abandonar la creencia ciega en el crecimiento sin límite como única forma de crear riqueza económica”.

Durante los días 9 y 10 de septiembre se está celebrando en Buenos Aires este II Congreso de Jurisdicción Universal organizado por FIBGAR. Expertos de todo el mundo reclaman la necesidad de “dar un paso hacia adelante” en la consagración del principio de Jurisdicción Universal. Baltasar Garzón, aseguró en la inauguración del foro internacional que de nada sirve hablar en comités de expertos si el debate sobre la necesidad de luchar contra la impunidad no se instala en la sociedad.  Instó a los expertos que debaten el documento de nuevos principios de jurisdicción universal, a que saquen el debate sobre la necesidad de luchar contra la impunidad a la calle y que impliquen a la sociedad entera en la tarea de “no dar un solo paso atrás”.

El objetivo, resumió, es lograr un nuevo catálogo de principios que aborden otros aspectos fundamentales y sirvan para garantizar “condiciones de vida dignas para toda la población” y “la conservación del medio ambiente”. En este sentido, el presidente de FIBGAR señaló que la inclusión de los delitos económicos graves en el listado de crímenes de lesa humanidad es clave ya que “anteponer los intereses y la especulación agranda las diferencias y nos destruye como seres humanos y como pueblos”.

Palabras que secundó Juan Martín Fresneda secretario General de Derechos Humanos de Argentina: “Para poder transformar la realidad es necesario tener coraje y la convicción colectiva de enfrentar a los responsables de esas desigualdades”. Por su parte, Remo mo Carlotto, diputado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados argentina destacó que “investigar los verdaderos resortes de los crímenes de Estado supone perseguir la red de intereses que las grandes corporaciones nacionales e internacionales ponen en juego para alentar y apoyar los golpes. Sin el apoyo de estas estructuras económicas es difícil sostener y financiar las actividades delictivas de estos entramados criminales”.

Paulo Abrao, presidente del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, añadió que aumentar el alcance de la Jurisdicción Universal es una herramienta válida para perseguir comportamientos que pueden encontrar refugio en algunos países del mundo y, a la vez, garantizar el derecho de las víctimas a la Justicia y a la reparación. Por último, Alejandra Gils Carbó, procuradora general de la Nación, resaltó que este tipo de iniciativas no hacen sino “reforzar los mecanismos que permiten investigar y juzgar comportamientos que ofenden a la Humanidad entera”. “Ante un contexto de retroceso en los países centrales, es vital evitar que existan refugios para los delincuentes que cometen este tipo de crímenes”, concluyó.

Fuente: lawyerpress.com

Enlace original: http://www.lawyerpress.com/news/2015_09/1109_15_002.html

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