Autoridades hicieron una redada masiva de miembros de la MS-13, incluyendo un exoficial de la Policía y el alcalde de Talanga.

Tegucigalpa, Honduras
La red de extorsionadores integrada por la Mara Salvatrucha (MS-13), a la que se le aseguraron decenas bienes y estaba integrada por un alcalde y un expolicía arrestados el pasado martes, es investigada en Estados Unidos por lavado de activos provenientes del cobro del “impuesto de guerra”.

El golpe a esta estructura criminal se logró mediante la Operación Avalancha, realizada por la Agencia de Investigación Criminal (ATIC), de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público (MP), y otras entidades que integran la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).

Para el desarrollo del operativo, que comenzó a las 6:00 AM, se contó con la asistencia de autoridades de Estados Unidos, que han detectado “transferencias sospechosas de dinero desde Honduras a algunas ciudades norteamericanas”, reveló una fuente a EL HERALDO.

Los miembros de este grupo criminal utilizan a testaferros para enviar el dinero de las extorsiones a Estados Unidos, acotó la fuente.

Primer golpe
El fiscal general del MP, Óscar Fernando Chinchilla, indicó en conferencia de prensa que la Operación Avalancha es la primera donde se aseguran bienes de orígenes ilícitos producto de la extorsión y que los embargos continuarán en los próximos días.

“Estos operativos serán más frecuentes para atacar estas redes criminales que atentan contra los ciudadanos”, indicó el fiscal.

“Lo anterior solo demuestra el compromiso del Ministerio Público en el combate frontal a estas estructuras criminales, en consonancia con los objetivos y políticas del Estado”, dijo las autoridad.

Con este tipo de medidas, las autoridades quieren dar respuesta a la población que desde hace años se queja del “impuesto de guerra” que las maras cobran en los barrios y colonias del país.

Por este tipo de delito cientos de personas han perdido la vida al negarse a pagar lo exigido por las maras y otras organizaciones que se dedican a extorsionar.

En este primer golpe se buscó capturar a 15 personas acusadas de asociación ilícita, lavado de activos y asesinato en perjuicio de al menos 20 ciudadanos. Las muertes se cometieron en las ciudades de Tela, San Pedro Sula, La Ceiba, Tegucigalpa y Progreso.

Las autoridades lograron la detención de 10 acusados, ocho implicados en las muertes y dos supuestamente por lavado de activos.

Trascendió que las autoridades buscan capturar a los individuos identificados con los alias de “El Comisario Criss” y “El Inspector Portillo”.

Incautaciones
La fuerza gubernamental hizo 42 allanamientos y 102 aseguramientos de inmuebles a nivel nacional, los cuales fueron adquiridos con el dinero de la extorsión, según las investigaciones.

Entre los bienes asegurados se encuentran 13 sociedades mercantiles que fueron intervenidas porque se tienen las pruebas que a través de ellas se lavó dinero de la MS.

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También 53 vehículos fueron asegurados porque se supone que eran usados para el cobro de la extorsión.

Los fiscales indicaron que una clínica fue intervenida en San Pedro Sula y no descartaron que posteriormente sean aseguradas cuentas bancarias.

El detalle de los bienes inmuebles, las sociedades mercantiles, los vehículos y demás decomisos será anunciado posteriormente por la Oficina Administradora de Bienes Incautados.

Además, las investigaciones abarcarán a todas las estructuras de extorsión detectadas en el país y no se descarta que otros funcionarios estatales, locales y nacionales, sean detenidos por sospechar que participan en esta actividad delincuencial.

Estilo de vida
Según las investigaciones de la ATIC, entre las modalidades de este grupo criminal está que los cabecillas viven de forma ostentosa en lujosas residencias y se movilizan en vehículos de gran valor.

Sus parientes están en escuelas privadas y se dan el lujo de tener más de dos parejas a las que les pagan todos los gastos.

Los miembros de menor jerarquía en la organización, quienes realizan la labor de sicariato y otros ilícitos, reciben porcentajes ínfimos a pesar de las millonarias ganancias que genera su trabajo.

Es por eso que este golpe al crimen organizado va dirigido a la incautación y aseguramiento de sus bienes.

Operaciones
Esta organización utiliza métodos de eliminación sistemática de sus propios miembros, una vez ejecutados los trabajos de sicariato ordenados por los cabecillas. Emplea estrategias distractoras para culpar a pandillas contrarias de estos actos delictivos.

La pesquisas realizadas determinan que los integrantes de la MS no solo se dedican al sicariato, sino también al cobro de extorsión, a la venta y distribución de drogas, entre otros delitos que les permiten vivir de forma ostentosa.

Los mareros también están compenetrados en el lavado de activos y sus miembros están gestionando empresas.

Estos pandilleros de mayor privilegio han logrado incluso pasar desapercibidos por las aulas univeristarias y obtener conocimientos para administrar empresas.

Incluso, en el pasado se denunció por parte de las autoridades que estos grupos criminales financiaban a sus miembros para estudiar carreras como derecho o enfermería y hasta medicina, previendo utilizar sus servicios en el futuro.

Capturados
Con una operación que tomó por sorpresa a los habitantes y empleados de la municipalidad de Talanga, Francisco Morazán, fue capturado el alcalde Jorge Neftalí Romero Mejía en su casa de habitación ubicada en la periferia de la ciudad, específicamente en el kilómetro 54, sobre la carretera que conduce de la capital al departamento de Olancho.

A Romero se le acusó por lavado de activos y asociación ilícita por supuestamente ser miembro de la Mara Salvatrucha.

Los pobladores de Talanga bloquearon unas horas el portón principal de acceso a la vivienda del alcalde.

Luego del mediodía, los habitantes fueron desalojados por policías antimotines para que la caravana de vehículos que transportaban a Romero lograra salir de la zona.

Igualmente, cayó el exoficial de la Policía, Álvaro Ernesto García Calderón, quien fue separado de la institución hace cuatro años por reprobar la prueba del polígrafo.

El exmiembro de la Policía y el alcalde de Talanga recibieron la noche del martes detención judicial luego de finalizar la declaración de imputado de ambos.

La noticia se confirmó a las 7:30 de la noche al finalizar la audiencia que se llevó a cabo en los juzgados capitalinos del barrio La Granja.

Fuente: elheraldo.hn

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