Rafecas delimitó la investigación del expediente “Hotesur”, como se lo había ordenado la Cámara Federal, pero acotó el análisis de maniobras de lavado de dinero. Ordenó una pericia sobre los pagos que habría hecho Aerolíneas Argentinas cuando la empresa contrataba el hotel de la ex Presidenta.
El juez federal Daniel Rafecas rechazó hoy investigar el vínculo por posible lavado de dinero entre la ex presidenta Cristina Fernández y el empresario Lázaro Báez en la causa “Hotesur”, al declararse incompetente para analizar ese aspecto del caso, y remitió esa denuncia a otro expediente por asociación ilícita contra la ex mandataria, su extinto esposo y antecesor, Néstor Kirchner, y contratistas afines.

Rafecas delimitó la investigación del expediente “Hotesur”, como se lo había ordenado la Cámara Federal, pero acotó el análisis de maniobras de lavado de dinero.

No obstante, ordenó una pericia sobre los pagos que habría hecho Aerolíneas Argentinas cuando la empresa contrataba el hotel de la ex Presidenta para alojar a sus empleados entre 2007 y 2015.

En la parte resolutiva, Rafecas le ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que envíe la información sobre la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner, dispuso un seguimiento de las causas por enriquecimiento ilícito sobre la ex Presidenta y pidió a la Corte Suprema que ordene una pericia contable sobre las contrataciones que hizo Aerolíneas.

Pero aunque la causa puede parecer reactivarse con esta novedad, fuentes judiciales interpretaron que, en realidad, Rafecas “achicó la cancha” del expediente.

Y, en ese marco, se encuadró la decisión de Rafecas se declararse incompetente para analizar algunos hechos denunciados en el expediente, al entender que debían ser investigados por su colega Julián Ercolini, quien tiene en sus manos una causa por asociación ilícita contra el matrimonio Kirchner y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, impulsada por la diputada Elisa Carrió (CC-ARI).

La causa “Hotesur” nació en noviembre de 2014 con la denuncia de la diputada Margarita Stolbizer (GEN) y estuvo en manos del juez Claudio Bonadio, hasta que fue apartado luego de ordenar una serie de allanamientos en Santa Cruz para recolectar documentación de la empresa presidencial.

El caso recayó en el juez Rafecas y en octubre pasado, antes de las elecciones presidenciales, la Sala I de la Cámara Federal le había encomendado al magistrado que definiera el “objeto procesal” de la causa.
Hoy, en un fallo de un centenar de carillas, Rafecas contestó esa incógnita y precisó que se trata de tres hechos con características distintas, que pasó a detallar.

Primero, “irregularidades en la tramitación del legajo societario de la firma “Hotesur” en la Inspección General de Justicia”. Sobre esto, el juez aludió a constancias de la AFIP “a partir del cual se supo que la firma Hotesur S.A. está inscripta ante la sede Río Gallegos” y a la decisión de la Inspección General de Justicia que le dio más tiempo a la empresa para subsanar irregularidades.

“Habida cuenta de estas últimas relevantes circunstancias, corresponderá, en la parte dispositiva, expedir una nueva vista al Sr. Fiscal para que dé su parecer sobre estas nuevas probanzas y en definitiva, ponga de manifiesto el temperamento a adoptar, desde la perspectiva fiscal, frente a este hecho”, escribió Rafecas.

En segundo lugar, “una presunta trama de vínculos comerciales y mutuos beneficios económicos entre el matrimonio Kirchner y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Juan Carlos Relats, que abarca negocios hoteleros (“Alto Calafate”, “Los Sauces” y otros) y sociedades (“Hotesur”, “Valle Mitre”, “Idea” y otras), conocida como ‘causa Hotesur'”.

Tras citar las palabras de la denunciante Margarita Stolbizer, del ex juez Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli para avanzar en esa investigación, Rafecas consideró que la hipótesis aludiría a “un pacto, acuerdo o asociación” entre el matrimonio presidencial y empresarios para compartir ganancias (tras obtener “importantes concesiones y obras públicas” y usando la presunta “falsa contratación” de habitaciones de hotel).

En ese marco, el juez Rafecas aludió a una denuncia anterior que hizo a partir de noviembre de 2008 la diputada Elisa Carrió y otros legisladores para investigar por asociación ilícita a Kirchner y varios funcionarios y empresarios. Como esa causa cayó en manos del juez Ercolini, dijo Rafecas, estas maniobras corresponderían ser derivadas a esa investigación.

“Sostener lo contrario conllevaría inexorablemente a la consagración de dos procesos penales que versan sobre mismos sucesos presuntamente delictivos, supuestamente cometidos por las mismas personas, en favor de los mismos destinatarios, empleando las mismas sociedades, y los mismos establecimientos comerciales, mediante la misma metodología, y al menos parcialmente, durante el mismo período temporal”, dijo Rafecas en su resolución.

Y en tercer lugar, “inconsistencias varias en las declaraciones juradas patrimoniales de Cristina F. de Kirchner correspondientes a los años 2011-2013”.

A criterio de Rafecas, corresponde pedir informes a la AFIP para analizar declaraciones juradas y tramites sucesorios para constar si, efectivamente, hubo inconsistencias.

Sobre el trámite de “Aerolíneas Argentinas”, el magistrado dispuso avanzar en la causa al disponer una pericia contable por parte de los peritos de la Corte Suprema, para determinar cantidad y montos por el alquiler de habitaciones en el hotel “Alto Calafate”, propiedad de la familia Kirchner, pagados por la empresa estatizada durante los años 2007-2015.

 

Fuente: laprensa.com.ar

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