Por Luis Majul (Columna publicada en Diario La Nación) Esperemos que el alto impacto de la histórica visita del presidente Barak Obama a la Argentina no termine menguando el interés y la indignación de la sociedad por los nuevos escándalos que involucran a Cristóbal López y a Lázaro Báez, y que comprometen a la ex presidenta Cristina Fernández. Hagamos votos para que las últimas noticias no sean aprovechadas por los fiscales y los jueces que ahora sienten la presión de la opinión pública y empiezan a tomar las decisiones que antes postergaban.

 

La impecable investigación de Hugo Alconada Mon para LA NACION sobre la presunta insolvencia fiscal fraudulenta del Grupo Indalo no sólo puso en evidencia la apropiación indebida de más de mil millones de dólares que debían haber ingresado al Estado. También reveló la protección de los organismos públicos que debían controlar a los empresarios amigos del poder. ¿Ha elegido el presidente Mauricio Macri a Cristóbal como el enemigo público número uno para enviar una fuerte señal a todo el mundo de los negocios? Cuando lo entrevisté, el pasado domingo 13, Macri no sólo se mostró indignado por lo que entendió como una grave defraudación. También reveló que había instruido al número uno de la AFIP, Alberto Abad, para que intente recuperar el dinero que el zar del juego, del petróleo y de los medios de comunicación había dejado de pagar en impuestos para invertirlo en medios y otros emprendimientos fallidos. Ahora Abad trabaja para evitar que López le ceda a Fabián de Sousa la empresa de combustibles Oil e Indalo Media, las organizaciones más comprometidas, y que se quede sólo con las rentables. El objetivo del Gobierno es claro: evitar que las unidades de negocios inviables se declaren en quiebra. “El concurso o la quiebra nos hará imposible que Cristóbal devuelva la plata con la que se quedó”, me dijo un alto funcionario de la AFIP. Por eso mismo, le terminaron autorizando el último plan de pagos de una moratoria que viene arrastrando desde hace cuatro años. “Si se lo hubiéramos suspendido, habrían usado nuestra decisión como la excusa perfecta para concursarse o quebrar”, explicó.

En el centro de la cuestión está el meneado artículo 32, que le permitía al en su momento número uno de la AFIP Ricardo Echegaray tomar decisiones discrecionales sobre el monto, plazo e interés de moratorias extraordinarias a firmas y empresarios cercanos al poder. Se calcula que se favoreció a más de 1500 organizaciones por un monto aproximado de 28.000 millones de pesos. De lo que no se habla es de quién tomaba la decisión política de subir o bajar el pulgar. Pero Echegaray y sus principales asesores lo repitieron más de una vez, en privado. “En la mayoría de los casos era una decisión política, personal y sensible y la tomaba la ex presidenta. Pero además no estaba fuera de ninguna ley”, se atajaron. La afirmación dispara otra pregunta obvia, pero no menos inquietante. Si Fernández autorizaba o rechazaba los pedidos más sensibles de las moratorias más ventajosas, ¿también ordenaba la persecución “impositiva” de empresas, medios, periodistas, hombres de negocios, inmobiliarias cuyos empleados se quejaban de la economía?

Las inspecciones y la investigación a los contribuyentes que evaden o eluden el pago de impuestos siempre encuentran la justificación necesaria. En la línea técnica de la AFIP, casi nadie se sorprendió cuando revelamos, el domingo pasado, los datos inéditos de “la ruta aérea del dinero K”. Son los registros oficiales de los vuelos que hicieron 48 horas antes del momento en que Martín Báez y otros se pusieron a contar dólares, euros y pesos en La Rosadita, no sólo el hijo de Lázaro Báez, sino también dos ex altos funcionarios clave en la trama del presunto delito de lavado de dinero: el ex director de la DGI Ángel Rubén Toninelli; su hijo, Federico Toninelli, y el ex director de Vialidad de la provincia de Santa Cruz Jorge López Geraldi. ¿Qué hacían en el mismo avión propiedad de Lázaro Báez que voló desde San Fernando hasta Río Gallegos Ángel Toninelli, el hombre que debía controlar el paso de los impuestos de la constructora Austral y otras empresas, y su hijo, un experto en asesoramiento tributario? ¿Y para qué compartió el viaje López Geraldi con el accionista de la empresa de obra pública a la que más contratos le firmó?

Los asesores de la diputada Elisa Carrió estudian la posibilidad de denunciar a Toninelli y a López Geraldi por el delito de recepción de dádivas, el mismo hecho por el que ya procesaron al ex vicepresidente Amado Boudou y al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Sin embargo, los que conocen bien a Toninelli lo caracterizan como el ex número dos de la AFIP, pero también hablan de él como el hombre que fue elegido por Néstor Kirchner, primero, y bendecido por su esposa, después, con el objeto de evitar cualquier investigación impositiva o arreglar cualquier desaguisado que los colocara en una posición incómoda. “Un limpiador de hechos sospechosos. Un borrador de huellas de los posibles delitos”, precisó un ex alto sabueso de la AFIP que fue apartado de un área de investigación justo para la época en que ingresó Toninelli y que ahora fue reintegrado por decisión del actual director del organismo, Horacio Castagnola.

No parece una hipótesis descabellada. En octubre de 2009 denuncié en el libro El Dueño que Kirchner había corregido su desprolija declaración jurada de bienes con la complicidad de altos funcionarios de la AFIP. Ellos se tomaron el trabajo de viajar hasta Río Gallegos y concurrir a la oficina de su contador personal, Víctor Manzanares, para compatibilizar las inconsistencias entre la declaración jurada del ex presidente y su socio, Lázaro Báez, entre otros. El juez Sebastián Casanello espera que los registros de esos vuelos le permitan encontrar la llave para abrir la caja de Pandora que explique el lavado de dinero. “El delito precedente. La complicidad del Estado para el crimen que habría cometido Báez”, dijeron fuentes judiciales.

Sin embargo, Margarita Stolbizer cree que el lavado de dinero y la responsabilidad de Cristina, Máximo y Lázaro están sobradamente comprobados en la causa Hotesur, que ahora mismo se encuentra en el limbo. Stolbizer, además, trabaja en un libro. Allí explicará por qué decidió acusar a Cristina Fernández y ofrecerá detalles de una hipótesis inquietante: que Cristina, lejos de cortar por lo sano con los negocios de su marido una vez que murió, los ocultó, los convalidó y los acrecentó, incluso cargando de mayor responsabilidad a su hijo. Si esto, al final, se comprueba, ni la presencia de Obama ni el acuerdo con los houldouts alcanzarán para tapar el impacto de la noticia.

 

Por Luis Majul

Fuente: hipercritico.com

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