Un juez militar ha dejado impune una masacre contra 22 sicarios, perpetrada en 2014, cuando algunos se rindieron ante soldados, en Tlatlaya, en el centro de México, dijo este jueves a Sputnik Nóvosti el exjesuita defensor de DDHH, Edgar Cortez.

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un juez militar de la secretaría federal de la Defensa absolvió a seis de los siete soldados acusados de la ejecución de varios sicarios que se rindieron en una bodega en el pueblo de Tlatlaya, a unos 300 kilómetros de la capital, en estado de México, en junio de 2014, y al séptimo lo sancionó por faltas a la disciplina militar.

 

“La sentencia del juzgado militar a favor de los uniformados confirma que esos casos deben ser tratados por la justicia civil, y no por tribunales militares que los dejan en la impunidad”, dijo Cortez, director del Instituto Mexicano de DDHH y Democracia (IMDHD).

En este caso seis de los 7 militares “han sido liberados y el séptimo sólo debe rendir cuentas por faltas a la disciplina pero no por violaciones a los derechos humanos”, lamentó Cortez.

El caso muestra que la participación de militares en tareas de seguridad pública debe terminar, dijo el responsable del organismo que ha firmado una protesta junto con otras ONG.

El alto mando, señaló, está dividido sobre ese rol asignado por el Gobierno en el combate al crimen organizado.

“Unos jefes militares están cansados, otros están hartos por las críticas de la sociedad civil y los observadores internacionales, otros preocupados porque la imagen de las Fuerzas Armadas ha sido dañada y otros quieren actuar con manos libres”, dijo el directivo del IMDHD.

El militar que ha sido condenado recibió una pena de un año de prisión por desobediencia, de manera que el tribunal considera que ya purgó la pena.

Un caso ejemplar

Los centros de derechos humanos IMDHD, Agustín Pro (jesuita), de la Montaña Tlachinollan de Guerrero, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los DDHH y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos exigieron que se haga justicia por estos crímenes.

“La exoneración en el fuero militar de los acusados, que confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense –dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea–, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente, dice un comunicado.

Dada la gravedad de este “emblemático caso de violación a los derechos humanos”, las organizaciones consideraron que la respuesta debería ser una “actuación ejemplar de la justicia”. Por el contrario, “las recientes determinaciones apuntan a que la impunidad podría prevalecer”.

Hasta la fecha subsiste una discrepancia entre el número de víctimas de ejecución, que serían ocho para la Procuraduría General de la República (PGR), entre 12 y 15 para Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH, ombudsman federal).

Además, no ha sido investigada la responsabilidad de la jefatura que ordenó a la unidad militar culpable de la masacre de “abatir a delincuentes en horas de oscuridad”.

Las ONG insisten en que su advertencia sobre el riesgo de que el caso quede impune “obedece a que en la sentencia militar se exceden los límites del fuero militar”.

Fuente: sputniknews.com

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