Los dos filtradores de los papeles de LuxLeaks y el periodista que reveló la información se enfrentan estos días a una condena de entre cinco y diez años de cárcel por presuntos delitos de robo de documentos, revelación de información confidencial y violación del secreto profesional. Estas graves acusaciones recaen sobre ellos por desvelar que 350 multinacionales -entre ellas Pepsi, Ikea, AIG, Fiat o Amazon- tenían acuerdos secretos con el Gran Ducado para ahorrarse millones en impuestos.

Mientras los papeles de Panamá siguen desvelando los nombres de políticos, empresarios y personas relevantes con cuentas en el paraíso fiscal centroamericano, en Luxemburgo tiene lugar estos días el juicio contra los dos filtradores y el periodista que destaparon el caso LuxLeaks, que salió a la luz en noviembre de 2014.

El proceso ha levantado las protestas de las organizaciones civiles y de las asociaciones de medios de comunicación que denuncian que con este juicio se busca establecer una nueva doctrina jurídica para redefinir el papel de los denunciantes y poder castigar a los responsables de futuras filtraciones.

“Este juicio supone el primer gran proceso contra los denunciantes, después de la aprobación de la Directiva Trade Secret el pasado 14 de abril por parte de la Comisión Europea”, denuncia en conversación con bez.es el portavoz de Xnet, Sergio Salgado. La plataforma de activistas lleva tiempo advirtiendo sobre las perjudiciales consecuencias de dicha legislación para los alertadores de corrupción y los abusos.

Con esta nueva legislación, la UE permitirá a las multinacionales determinar qué es un secreto comercial y que no. Con este arma legal,las grandes corporaciones podrán denunciar a sus empleados por revelar documentos y alertar sobre presuntos fraudes fiscales o de corrupción, explica Salgado. Un cambio legal que ha llegado diez días después de otro similar aprobado por el Senado de Estados Unidos.

De esta forma, los gobiernos a un lado y al otro del Atlántico se protegen de futuras filtraciones a escala mundial bajo la excusa de aumentar la protección para los denunciantes, avisan los expertos. Casos como el del fundador de Wikileaks, Julian Assange, que sigue refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, el del antiguo empleado de la CIA y la NSA Edward Snowden, que continúa sin poder salir de Rusia donde está asilado, o la orden de detención internacional que las autoridades suizas mantienen contra Hervé Falciani por su famosa lista, contarán con más base legal.

El juicio por LuxLeaks

El mapa de pruebas de esta nueva regulación europea se vive estos días en Luxemburgo, donde dos empleados del gigante de la consultora mundial PricewaterhouseCoopers (PwC), Antoine Deltour y Raphaël Halet, y el periodista francés Edouard Perrin se enfrentan a penas de entre cinco y diez años de cárcel por desvelar que cerca de 350 multinacionales contaban con beneficios fiscales gracias a los acuerdos comerciales secretos -los llamados tax rulings– firmados con el Gran Ducado. El escándalo obligó a la UE a firmar un intercambio de información sobre estos pactos cada seis meses.

Los dos empleados de PwC filtraron cientos de documentos que ponían de manifiesto cómo Luxemburgo funcionaba como un paraíso fiscal dentro de la UE para reducir las facturas fiscales de las grandes corporaciones en miles de millones de euros con estos acuerdos que se firmaron bajo la presidencia del actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Un estudio reciente elaborado por el Parlamento Europeo concluyó que la evasión fiscal corporativa cuesta a los países de la UE entre 50.000 y 70.000 millones de euros en ingresos perdidos cada año.

El tercer acusado elaboró un reportaje televisivo con la información y después puso la información en manos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus suglas en inglés), la misma agrupación de periodistas que ha destapado los documentos del caso Swissleaks o los recientes Papeles de Panamá.

La situación judicial de los dos antiguos empleados de la auditora es distinta, ya que Deltour se ha enfrentado de forma directa con PwC y las acusaciones que recaen sobre él, mientras que el segundo ha llegado a un acuerdo con su antigua compañía, cuyo contenido se desconoce, pero que le mantiene alejado de la prensa.

Ataque a la transparencia y a la libertad de prensa

El proceso contra los tres acusados y la aprobación de la directiva ha llevado a 54 organizaciones civiles a lanzar una campaña en contra. Entre ellas se encuentra Transparencia Internacional (TI), que desde el principio del juicio ha denunciado la falta de protección que existe para los denunciantes. “Deltour debería ser protegido y alabado, no perseguido. La información que él reveló es de interés público”, declaró Cobus de Swardt, director general de la organización sin ánimo de lucro con sede en Berlín.

El consorcio de periodistas también ha denunciado la persecución lanzada contra Perrin. “La acusación formulada contra Perrin por hacer su trabajo como periodista es una afrenta a la libertad de prensa y los cargos contra los filtradores muestran el desprecio de las autoridades de Luxemburgo respecto al papel vital que desempeñan los denunciantes para asegurar la transparencia”, señaló el director de ICIJ, Gerard Ryle al comienzo del juicio la pasada semana.

La sentencia por el caso LuxLeaks llegará en los próximos meses y determinará una primera jurisprudencia de un tribunal de un país miembro sobre el papel de los filtradores. El futuro de estas revelaciones está en juego en Luxemburgo.

Por Esperanza Balaguer

Fuente: bez.es