Category: CENSURA / LEYES REPRESIVAS / REGÍMENES REPRESIVOS


Hay muchos ciudadanos estadounidenses que ahora están animando a la represión de las manifestaciones en los Estados Unidos, y nos gustaría recordarles a estas personas que existe el derecho a reunirse por cualquier razón. Si ese derecho fuera despojado del pueblo, habría muy poco para impedir que el gobierno despojara lentamente a los ciudadanos de otras libertades, ya que muy pocas personas podrían legalmente denunciar tales acciones.

LWS112 FERGUSON (MISURI, ESTADOS UNIDOS). 20/11/2014 Un manifestante permanece ante los agentes que custodian el Departamento de Policía de Ferguson, en Misuri, en la madrugada del 20 de noviembre de 2014. El gobernador de Misuri (EEUU), Jay Nixon, declaró el estado de emergencia ante la posibilidad de que se produzcan disturbios tras el fallo de un jurado en el caso de la muerte del joven negro Michael Brown a manos del policía blanco Darren Wilson, que se espera para antes de que concluya el mes.La declaración del gobernador tiene una vigencia de 30 días y activa el despliegue de la Guardia Nacional para asistir a la policía estatal y local en caso de que se desate la violencia en Ferguson, un barrio a las afueras de la ciudad de San Luis donde falleció Brown el pasado 9 de agosto.

EFE/LARRY W.SMITH

Con lo que parece ser el comienzo de una nueva guerra contra la Primera Enmienda, varios estados están tomando medidas para detener las manifestaciones públicas, como el estado de Minnesota que promueve un proyecto de ley que haría a los manifestantes responsables de los costos de la policía. Al mismo tiempo, los periodistas están siendo arrestados por cubrir las protestas.

En el caso “De Jonge (de 1937) contra el estado de Oregon”, la Corte Suprema de los Estados Unidos escribió que “el derecho a la asamblea pacífica es un derecho afín a los de la libertad de expresión y de la prensa libre y es igualmente fundamental”.

Aunque ninguno puede negar que la violencia puede y tiene lugar en las protestas, la mayoría de los manifestantes son pacíficos, y esta información viene directamente del Jefe de Policía de DC. Y sin embargo, desde las manifestaciones de Occupy a Standing Rock, vemos secuencias de video de la policía atacando a manifestantes pacíficos, que más tarde reclaman la violencia en nombre de los manifestantes a pesar de la evidencia en video.

Un problema inmediato para los manifestantes con el proyecto de ley sucede en Minnesota, en cualquier momento la policía puede afirmar que se sienten amenazados sea verdad o no. En un país en el que simplemente tener un cigarrillo electrónico puede hacer que te maten, cualquier número de gestos modestos se pueden considerar una “amenaza”. El proyecto de ley de Minnesota tiene la intención de reprimir fácilmente a las manifestaciones.

Este defecto ya ha sido reconocido por el representante demócrata John Lesch, quien calificó el proyecto de ley de “demasiado vago”.

“El proyecto de ley en sí no se piensa realmente en cómo se aplicaría. Realmente estaba lanzando carne roja a los grandes fanáticos de Trump a quienes realmente no les gustan las protestas, a menos que por supuesto sea su protesta “.

La directora legal de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) de Minnesota, Teresa Nelson, se hizo eco de estas preocupaciones y advirtió que el proyecto de ley podría habilitar al gobierno para elegir los tipos de manifestantes que perseguirán hasta en un tribunal civil. Nelson continúa:

“Mucha gente puede tener la capacidad de sentarse en la cárcel por un par de días, pero no la capacidad de gastar cientos de miles de dólares en respuesta a un acto de desobediencia civil. Así que creo que disminuiría significativamente el número de personas que están dispuestas a protestar, porque simplemente no pueden pagar la deuda aplastante que generaría “.

Según el autor del proyecto de ley, el representante Nick Zerwas, ese es precisamente el punto:

“Es una táctica, pero tiene un costo. Usted viola la ley para demostrar algo y entonces usted paga la pena. ”

El proyecto de ley de Minnesota se denomina “altamente racializado” debido al hecho de que está dirigido al movimiento BLM (Blacks Lives Matter), que ni los partidarios ni los críticos del proyecto de ley niegan. En un comunicado del presidente de NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) de Minneapolis, Jason Sole, dijo:

“Es sólo otra manera de decir, OK, si no se detienen y nos permiten ejecutarlo como queremos ejecutarlo, vamos a seguir penalizándolos. Siempre ha sido la respuesta cuando la gente quiere levantarse. Si nos fijamos en el movimiento por los derechos civiles, la gente fue golpeada, tenía perros. Esta es otra manera de decirnos que nos quedemos en nuestro lugar.

Mientras tanto, al menos seis periodistas fueron arrestados mientras cubrían las protestas que tuvieron lugar durante la toma de posesión de Trump en Washington (otros informes indican que había siete). Evan Engel, Alexander Rubinstein, Jack Keller, Matthew Hopard, Shay Horse y Aaron Cantu fueron arrestados junto con otros 230, aunque niegan participar en la violencia. Suzanne Nossel, la directora ejecutiva de Pen America, hizo la siguiente declaración:

“Estas acusaciones de delitos son extrañas y esencialmente inéditas cuando se trata de periodistas aquí en Estados Unidos que simplemente estaban haciendo su trabajo. Ni siquiera estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Estaban en el lugar correcto.

Para añadir a las circunstancias “extrañas” de la situación, el jefe de policía provisional Peter Newsham declinó abordar los detalles de la detención masiva, ni comentaría por qué los periodistas fueron acusados. Lo siguiente es un extracto de US News:

Peter Newsham dijo a USNews que no podía confirmar que ordenó la detención en masa y dijo que no podía comentar por qué algunos periodistas fueron acusados mientras que al menos otros cuatro se les permitió retirarse.

Si continúan apoyando el hecho de que estos periodistas fueron arrestados, considere esto: según USA Today, los otros cuatro que se les permitió salir eran representantes de los medios de comunicación, y ninguno de ellos fue acusado. Incluso si usted siente que la policía estaba justificada en arrestar a los periodistas arriba mencionados, usted todavía debería estar enojado con los dobles estándares cuando se trata del tratamiento de los principales medios de comunicación.

Hay muchos ciudadanos estadounidenses que ahora están animando a la represión de las manifestaciones en los Estados Unidos, y nos gustaría recordarles a estas personas que existe el derecho a reunirse por una razón. Si ese derecho fuera despojado del pueblo, habría muy poco para impedir que el gobierno despojara lentamente a los ciudadanos de otras libertades, ya que muy pocas personas podrían legalmente denunciar tales acciones.

 

Fuente: anonhq.com

Traducción y adaptación: Luciano Salellas

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Desde hace tiempo el músico uruguayo Heber Lavecchia viene sufriendo embates por parte del gobierno por la canción de su autoría “Verde no es esperanza”.

Ha sufrido verdaderos ciberataques en su canal de youtube y en cada host donde ha subido su canción y video.

El gobierno de la República Oriental del Uruguay se supone democrático. No debería gastar recursos en intentar dañar a un músico que es embajador de su cultura ya que esto demuestra la poca capacidad de respeto que tienen a la diversidad de opiniones y a la libertad de expresión.

Aquí pueden acceder al video.

Nuestra solidaridad a Heber Lavecchia.

El equipo de SR Hadden Consulting Group

 

El escritor sudafricano J. M. Coetzee escribió, a fines de los 90, un libro sobre la censura que tituló en inglés Giving Offense. Sugería Coetzee que en la historia de la humanidad la censura se había desplazado de los temas religiosos hasta los siglos XVII y XVIII, a los morales en el XIX, y finalmente había conformado las ideologías de Estado de los totalitarismos del siglo XX.

La censura bajo el estalinismo, el nazismo o las dictaduras de izquierda o derecha del pasado siglo, en su afán de excluir la ideología intolerable del enemigo, involucraba las religiones, las artes, la moda, la moral pública y, por supuesto, las ideas políticas. No respondía a un código de interdicciones precisas en torno a lo “ofensivo” o lo “infamante” para otra persona, otra asociación civil u otro Estado, sino a la negación de una ideología por otra.

Con el arribo del siglo XXI y la globalización de la democracia y el terror, el internet y las redes sociales, la censura adopta otra modalidad, que Coetzee no llegó a estudiar. No se trata ahora de ideologías excluyentes entre estados, como en la Guerra Fría y casi todo el siglo XX, sino de una disputa más sofisticada y, a la vez, más elemental por la información, que envuelve a los gobiernos pero también, de manera cada vez más protagónica, a las comunidades de la sociedad civil.

Fenómenos como Julian Assange y WikiLeaks, Edward Snowden y el espionaje de la NSA o los Panama Papers nos colocan frente a esa trama de la censura, tan vieja como nueva. El objeto de la censura no es la fe, la idea, el dogma o la creencia, sino simplemente la noticia, el dato, la información básica que documenta un secreto de Estado, los abusos de cualquier empresa o corporación o la corrupción de esta o aquella iglesia, de aquel o este organismo gubernamental o no.

La democratización de la noticia que produce internet obliga a los estados, especialmente a los estados poderosos, a contraponer mecanismos de control de la información que jamás imaginaron los totalitarismos del siglo XX. Sin embargo, esos nuevos dispositivos de control deben operar sin limitar las libertades fundamentales de la ciudadanía nacional o global.

No falta quien se desentienda de esos derechos, como se lee en las últimas declaraciones de Donald Trump contra la libertad de información en internet. El candidato republicano acusa a Apple de “traición” por producir y vender aparatos electrónicos en todo el mundo, contribuyendo con ello a que las fuentes de información se expandan y puedan ser utilizadas por los enemigos de Estados Unidos para disminuir su poder global.

La restrictiva legislación de internet que propone Trump, de llegar a la presidencia, sería la modalidad más plena de la censura en el siglo XXI. El uso de palabras, símbolos, emblemas —y no necesariamente de ideas o valores— se vería sometido a una regulación en la red que, en nombre de la incorrección política, produciría un control de noticias y contenidos inédito en la historia moderna.

 

Por Rafael Rojas

Fuente: razon.com.mx

Xnet junto a otros grupos activos en la defensa de los derechos digitales como EDRi y OpenMedia, hemos analizado eldocumento de la Comisión Europea recientemente filtrado especto a las plataformas online.

Alertamos a la sociedad civil de las potenciales agresiones a los derechos digitales, libertad de expresión y organización en internet:

Ancilliary copyright, a.k.a. Canon AEDE: bajo el refraseo suavizado “fair payments”, la comisión insiste en su intención de imponer un Canon AEDE pan-europeo. Esta medidas han demostrado hasta ahora, no solo no ser efectivas para combatir posiciones monopolísticas (la de Google concretanmente), sino también afectar negativamente a los medios de comunicación y sitios web emergentes, dañando la diversidad informativa y la libertad de expresión.

Recordamos cual ha sido el resultado en los dos estados miembros que han aplicado este tipo de medidas:

 

  •  Alemania: los medios de comunicación renuncian voluntariament a la tasa a Google a cambio de seguir apareciendo en Google news, pero no en cambio para otros agregadores/sitios.
  •  España: Google news cerró su servicio inmediatamente después de la entrada en vigor de la última reforma de la ley de propiedad intelectual. El resto de sitios web y agregadores viven en la incertidumbre legal. No se ha cobrado aún ni un euro en base a la tasa.Censura: para temas complejos como la reforma del copyright en la era digital o prevenir la incitación al odio, sin coartar la libertad de expresión, la Comisión Europea propone la misma solución: descargar la responsabilidad en otros, repitiendo la doctrina jurídica de hacer de las multinacionales de las telecomunicaciones la “policía de internet”.

Pantea una vez más dejar a las plataformas online (es decir google, twitter, facebook… pero también foros, sitios web de comunidades, medios online…) la responsabilidad de lidiar con el asunto, haciéndolas cada vez más legalmente responsables.

Ante este panorama, por un lado plataformas como Facebook o Youtube solo pueden, frente a una posible infracción, aplicar el principio de precaución y eliminarlo, fomentando la censura indiscriminada. Por otro lado, otras pequeñas plataformas sin los recursos para ’moderar’ todos su contenidos se verán expuestas a consecuencias legales, viéndose así afectada de manera drástica las posibilidades de emprender en el entorno digital.

 

Fuente: tercerainformacion.es

 

“Muchos de nosotros estamos todavía en shock“, admite la traductora y poeta Mona Kareem. Es amiga del artista palestino Ashraf Fayadh que ha sido condenado a muerte por un tribunal de Arabia Saudí por apostasía, es decir, renegar del islam. Kareem reconoce que la represión y la aplicación de la pena de muerte son recurrentes en el país, pero no esperaba esta decisión contra “un poeta” por el contenido de su obra. Esta semana, los familiares de Fayadh, que ha negado los cargos que pesan contra él, presentarán el recurso contra la pena. “Después tiene que haber un juicio, pero no hay margen de tiempo para ello”.

Ashraf Fayadh, de 35 años, es un poeta palestino pero que ha nacido y crecido en Arabia Saudí. Sus padres llegaron hace décadas al país buscando un futuro mejor, un refugio cuya ausencia desgranó Fayadh en sus poemas.

“Mi abuelo permanece desnudo cada día,

sin exilio, sin creación divina…

yo ya he sido resucitado sin un toque sagrado en mi imagen.

Soy la experiencia del infierno en la tierra….

La tierra

es el infierno preparado para los refugiados”

Mona Kareem ha traducido del árabe al inglés  algunos de los versos que, como los precedentes, han puesto contra las cuerdas a su amigo Ashraf Fayadh. Los escritos forman parte del libro Instrucciones en el interior, de 2008, cuya distribución prohibió Arabia Saudí y que han sido utilizados en su contra: le acusan de querer alejar al lector del islam.

Los hechos se remontan a agosto de 2013, cuando un ciudadano saudí denunció a Ashraf Fayadh por promover el ateísmo y propagar la blasfemia entre los jóvenes. Aunque fue detenido por la Mutaween (la Policía religiosa saudí) y liberado al día siguiente, le volvieron a detener en enero de 2014. Sus amigos creen que fue detenido por grabar a la Policía religiosa mientras daban de latigazos a un hombre en la ciudad de Abha, al suroeste del país.

En 2014, también lo acusaron “por infringir el artículo 6 de la Ley de Delitos Informáticos del país por hacer fotografías de mujeres y almacenarlas en su teléfono”, recoge Amnistía Internacional en la acción urgente que ha lanzado para evitar su ejecución. En el juicio de abril de ese año, un juez le condenó a cuatro años de prisión y a 800 latigazos. Ashraf Fayadh negó entonces las acusaciones y defendió su respeto por dios. El caso fue remitido al Tribunal General, que ha sido el que ha condenado finalmente al artista a la pena de muerte. Según denuncian Kareem y Amnistía Internacional, a Fayadh se le negó el acceso a un abogado, “pese a violarse claramente con ello el derecho internacional y la legislación saudí”, condena AI.

“La familia está rota y es vulnerable. El padre de Ashraf entró en coma después de conocer la noticia de la condena de su hijo y ha muerto en el hospital”, cuenta Mona Kareem, que mantiene contacto diario con los parientes de su colega desde Estados Unidos, donde reside. Asegura que familiares del poeta están intentando ayudarle y “han sido amenazados por ello”. “Han hablado con la prensa local pidiendo a las autoridades saudíes que paren esta injusticia creada por la policía moral”, añade. Las manifestaciones públicas sobre suelo saudí no son una opción: “Una protesta sobre el terreno es demasiado arriesgada, especialmente en el caso de un poeta refugiado acusado de ateísmo”.

La cultura se mueve a favor de Fayadh

La artista, nacida en Kuwait, aún se agarra al recurso que presentará esta semana la familia y pide cuanto más ruido, mejor. Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional han condenado la represión de Arabia Saudí contra el poeta palestino en lo que consideran un atentando contra la libertad de expresión. “Independientemente de lo que dijo o no Fayadh, Arabia Saudí debe dejar de arrestar a la gente por sus creencias”, denunció Sarah Leah Whitson, directora de HRW para Oriente Próximo.

Una iniciativa de recogida de firmas en Change.org ha sumado el apoyo de 137.600 personas, que piden al Ministerio de Asuntos Exteriores español y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que insten a Arabia Saudi a liberar a Fayadh.

Desde el mundo de la cultura, han nacido varias acciones para presionar a las autoridades saudíes.  Una carta firmada por más de 200 poetas y escritores en la página de la organización PEN Internacional. Entre los apoyos, Ashraf Fayadh cuenta con la firma de Chris Decon, director de la Tate Modern (Museo Nacional Británico de Arte Moderno), la poeta británica Carol Ann Duffy y el poeta sirio Adonis.

Mona Kareem destaca la importancia de la fuerza que pueden ejercer los escritores y artistas reconocidos. “Eso puede marcar la diferencia”. Sus esperanzas son aun así limitadas. “Es bueno que los medios y las ONG recojan su historia. Pero vimos el caso de Raif Badawi, y a pesar de las críticas y la presión, Raif todavía está pagando por ello. Debemos seguir intentándolo”. El bloguero Raif Badawi, que ha recibido este año el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, está condenado a diez años de prisión y a 1.000 latigazos por “insultar al islam” desde su página web, ‘Free Saudi Liberals’, en la que cuestiona a los líderes religiosos de su país.

Arabia Saudi dispara las ejecuciones

Kareem reconoce que en este tiempo en el que Ashraf Fayadh ha estado en la cárcel ha sentido en muchas ocasiones que su amigo estaba solo. Que su historia no importaba. Porque Ashraf solo es una entre las muchas personas que son condenadas a la pena capital en Arabia Saudí. Amnistía Internacional ha alertado de que, con las 551 ejecuciones de las que tiene constancia este 2015, la justicia del país ha alcanzado el nivel más alto de aplicación de la pena de muerte desde 1995.

“En lo que va de año se ha ejecutado a una persona cada dos días de media. El número de ejecuciones anuales en Arabia Saudí en años recientes rara vez ha excedido de 90”, critica AI. La organización, que se opone a la pena capital en todos los casos, considera alarmante que casi la mitad de las personas ejecutadas este año estaban acusadas por “cargos que no cumplían el criterio de ‘los más graves delitos’ por los que el derecho internacional permite imponer la pena de muerte”.

La ONG ha iniciado en los últimos meses varias campañas ante la imposición de la pena capital a jóvenes que cometieron presuntamente los delitos de los que los acusan cuando eran menores de edad, algo que prohíbe la Convención de los Derechos del Niño. Es el caso de Ali Mohammed Baqir al-Nimr y otros dos jóvenes activistas chiíes, detenidos cuando eran menores de edad tras haber participado en concentraciones en contra del gobierno.  Hoy pesan sobre ellos condenas a muerte a pesar de que todos indican que confesaron después de sufrir torturas.

Fuente: eldiario.es

El abogado José Gregorio Baptista, defensor de los ciudadanos Lessi José Marcano Marcano (tuitero, arquitecto y astrólogo) y Ginette Hernández Marcano (tesista de la Escuela de Artes de la UCV), informó que este martes 10 de octubre denunció al Estado venezolano ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, con sede en Washington, debido a que en este caso el Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios, adscrito al Ejecutivo Nacional, ha incurrido en violación flagrante de derechos humanos, debido proceso, garantías constitucionales y retardo procesal.

Como se recordará el día 25 de septiembre de 2014 el ciudadano Lessi José Marcano Marcano, apelando a sus facultades como vidente, colgó un tuit en el cual indicaba lo siguiente: “Habrá luto en la Asamblea Nacional. Compren velas blancas”. Por casualidad días después, exactamente el 01 de octubre de 2014, fue vilmente asesinado el joven diputado Robert Serra.

Marcano Marcano fue detenido el día 14 de octubre de 2014 e inmediatamente fue imputado de los siguientes delitos: Informaciones falsas, Incertidumbre pública, Oferta engañosa y Agavillamiento, previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica de los Delitos Informáticos. Cabe destacar que la Fiscal del caso fue la abogada Katherine Harrington, hoy Viceministra de Asuntos Penales del Ministerio del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz.

El mencionado arquitecto fue condenado por el Tribunal Trigésimo Tercero (33) de Primera Instancia en Funciones de Control a cumplir la pena de prisión de un (1) año y 9 meses. Le asignaron la sede del SEBIN, en Caracas, como lugar de reclusión.

Ginette Hernández Marcano, su sobrina, fue condenada a un (1) año y 3 meses de prisión. El Ministerio Público la imputó de los delitos de Oferta engañosa y Agavillamiento y la señaló como si fuera ella la que realmente manejó la cuenta twitter de Lessi Marcano Marcano.

“Es el caso que ambas personas debieron salir en libertad desde hace tiempo porque la legislación venezolana otorga suficientes beneficios procesales cuando se trata de penas menores, por el contrario, estos ciudadanos aún se encuentran privados de su libertad debido a que el Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios ha retardado desde hace 8 meses la entrega ante el tribunal de la causa del Informe Psico-Social (realizado en marzo 2015) que le devolvería la libertad a ambos”, dijo el abogado José Gregorio Baptista no sin antes advertir que la mencionada omisión es una prueba flagrante de violación al debido proceso.

Agregó Baptista que al interponer esta denuncia ante la OEA espera que este organismo internacional exhorte al Estado venezolano a que obligue a la Ministra del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios, María Iris Varela, y a la Vice-Ministra Mirely Contreras, a cumplir con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes venezolanas.

“Estas dos altas funcionarias del Estado venezolano son las responsables del retardo judicial antes descrito. Lessi Marcano y Ginette Hernández pudieron haber recobrado su libertad el pasado 29 de enero tal como lo acordó el tribunal de la causa, pero la medida no ha sido ejecutada porque el Informe Psico-Social no ha salido del Ministerio para Asuntos Penitenciarios”, explicó Baptista al tiempo de destacar que esta denuncia también ha sido interpuesta ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y la Defensoría del Pueblo, instancias que no se han pronunciado sobre el tema.

Dos meses hospitalizado

El abogado José Gregorio Baptista informó, además, que el ciudadano Lessi José Marcano Marcano, se encuentra internado desde hace 2 meses en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Militar “Carlos Arvelo”, de Caracas, por presentar severos problemas de memoria y Laberintitis. “Aún así el tribunal de la causa no ha otorgado, ni siguiera, una medida humanitaria a favor de este ciudadano venezolano”, indicó Baptista.

 

Fuente: entornointeligente.com

Enlace original: http://www.entornointeligente.com/articulo/7327408/VENEZUELA-Denuncian-a-Venezuela-ante-la-OEA-por-caso-de-tuiteros-condenados-y-detenidos-en-el-Sebin

Labyrinthine circuit board lines by Karl-Ludwig Poggemann on Flickr. used under (CC BY 2.0)

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Bahréin

El Centro de Bahréin por los Derechos Humanos publicó que el 9 de julio de 2015 la unidad de delitos informáticos bareiní empezó investigaciones contra unos usuarios de Twitter por insultar presuntamente a miembros del parlamento. Uno de ellos fue arrestado.

Egipto

El nuevo borrador de la ley sobre el Derecho a la Información parece que penaliza difundir rumores en las redes sociales que puedan dañar al estado, según el periódico egipcio Al-Watan. Además, esta nueva ley contaría con una definición de “cibercrimen” muy detallada en la que se incluirían delitos como “revelar información clasificada de seguridad nacional” y “difundir rumores dañinos”.

Por otro lado, Yaqeen News Network (YNN) anunció el 20 de julio la suspensión de todas sus actividades, seis días después de una redada policial en sus oficinas. El director de la red, que fue arrestado en la redada, permanece en prisión.

Por otra parte, el gobierno ha retirado una sentencia de dos años de prisión contra periodistas de una propuesta Ley contra el terrorismo. El borrador previamente prescribía la sentencia de dos años contra los periodistas acusados de publicar datos no gubernamentales sobre operaciones terroristas. Pero a pesar de la retirada de la sentencia de prisión, los periodistas tendrán que pagar entre 200.000 y 500.000 libras egipcias.

Irak

Un miembro del parlamento iraquí ha recogido 150 firmas de sus colegas diputados para censurar las webs de pornografía del país. Debido a esto, en las redes sociales se han realizado campañas de apoyo al proceso, mientras otros protestan contra el movimiento alegando que el parlamento debería centrarse en otros asuntos más importantes. Este asunto fue tratado por primera vez por la mayor autoridad chiita del país representada por Ali al-Sistani, que declaró que la pornografía está prohibida por el Islam.

Jordania

El periodista jordano Jihad Muheisen enfrenta cargos por menoscabar al régimen y por lesa majestad debido a unos comentarios hechos en Facebook, según ha informado el Instituto Internacional de Prensa. Muheisen, columnista de Al Ghad, presuntamente criticó el proceso democrático de Jordania y dijo que se haría chiita. El Tribunal de Seguridad del Estado detuvo a Muheisen el 12 de julio, el mismo día que salió de prisión Ghazi Mrayat, periodista de Al Rai que pasó cinco días detenidopor violar el secreto de sumario en relación a una conspiración fallida presuntamente apoyada por Irán.

Kuwait

El Observatorio de Derechos Humanos ha calificado la nueva ley contra el cibercrimen de Kuwait como “un golpe contra la libertad de expresión”. Esta ley establece sanciones penales por diversos tipos de ofensas, entre las que se incluyen hackear sistema electrónicos, fraude, publicar pornografía y participar en el trafico de personas por Internet. Pero, además, amplía el alcance de las restricciones existentes de las publicaciones impresas a cubrir contenido online, lo que ha provocado que aumente la censura en el país.

Líbano

La Oficina de Cibercrimen del Líbano pidió a la empresa de tecnología de vigilancia y seguridad “HackingTeam” espiar y vigilar las actuaciones de sus ciudadanos “a través de un fallo de seguridad del juego Angry Birds“. Según los abogados de Legal Agenda,SMEX y Maharat, estos intentos de la Oficina de Cibercrimen de realizar una vigilancia específica están fuera de la esfera de la legalidad y violan la Ley 140/1999.

Palestina

Apple se ha negado a lanzar una nueva aplicación para el movimiento islamista de Palestina, Hamás, en Apple Store. Sin embargo, la aplicación está disponible en Google Play Store.

Por otro lado, el blog israelí +972 ha publicado cómo el gobierno de Israel espía a sus ciudadanos a través de las redes sociales. Según el reportaje, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) contratan a compañías israelíes para monitorizar los artículos de las redes sociales, mientras los Servicios de Inteligencia presentan una solicitud para recoger datos de los ciudadanos israelíes que escriben sobre protestas, así como de los usuarios que escriben en árabe y emplean expresiones como “el Estado sionista” y “al-Quds” (Jerusalén en árabe)

Siria

Los miembros del Centro Sirio para los Medios de Comunicación y Libertad de Expresión (SCM), Hussein Ghreir y Hani Al-Zitani fueron puestos en libertad, mientras su colega Mazen Darwish permanece entre rejas. Ghreir, Al-Zitani y Darwish fueron arrestados en el 2012 por sus actividades dirigidas a defender los derechos humanos, entre las que se incluyen monitorizar las noticias online y la publicación de reportajes sobre derechos humanos. El 22 de julio su juicio fue pospuesto por 25ª vez.

Túnez

La policía ha arrestado a un profesor de matemáticas por afirmar en Facebook que el atentado del 26 de junio en Susa, en el que murieron 38 turistas, fue una conspiración realizada por los oficiales de seguridad. El profesor, identificado como Abdelfattah Said, compadeció ante un juez de instrucción el 27 de julio. Según el Observatorio de Derechos Humanos, se le ha acusado de complicidad con el terrorismo bajo la ley contra el terrorismo de 2003. Además, sigue estando acusado de insultar a miembros del gobierno por compartir y comentar una imagen alterada del Primer Ministro Habib Essid en la que aparece llevando una pala. Said compartió la foto el 12 de julio junto a un comentario sobre la decisión de cerrar varias estaciones de radio y canales de televisión religiosos. Said dijo: “como si [el gobierno] estuviera esperando que el crimen de Susa ocurriese para cerrar todas las fuentes de información del Islam moderado. Como si fuese un regalo caído del cielo”.

Después del ataque de Susa, el Ministerio del Interior tomó medidas severas contra aquellos que usaran las redes sociales para “apoyar al terrorismo”. El 20 de julio, el ministerio anunció que había arrestado a ocho personas por “incitar al terrorismo” en las redes sociales.

Por otro lado, el 25 de julio, el parlamento adoptó una nueva ley contra el terrorismo que ha sido criticada por grupos defensores de los derechos humanos, ya que consideran que la ley pone en peligro los derechos humanos y contiene varios fallos, como conceder a los servicios de seguridad e inteligencia poderes excepcionales para usar “técnicas de investigación especiales”. Entre estas “técnicas” se incluyen la vigilancia, la interceptación de las comunicaciones y la grabación de conversaciones telefónicas durante un periodo de cuatro meses sin necesidad de una autorización judicial.

Emiratos Árabes Unidos

Cyberpoint, una compañía con sede en Maryland y que había usado los servicios deHacking Team, ha conseguido una licencia del Departamento de Estado de los EE. UU. para apoyar en cuestiones de “ciberdefensa” a los EAU. La compañía ha declarado que su trabajo en el país es de “defensa” y no “operacional”.

Por otra parte, los EAU han aprobado una ley contra la incitación al odio que prescribe para aquellos que la violen condenas a prisión que oscilan desde seis meses a diez años y a pagar multas desde los 50.000 al millón de dirhams. Esta ley penaliza actos como la incitación al odio religioso e insultar a la religión a través de cualquier medio de expresión. La ley fue rápidamente aplicada cuando un exjefe de policía demandó a un escritor saudita por “difundir el odio” contra los EAU en las redes sociales a través de su cuenta de Twitter.

En Twitter, Abdulkhaleq Abdullah advierte que la nueva ley no debería ser utilizada para restringir la libertad de expresión, que “ya está en sus niveles más bajos”.

Yemen

El 5 de julio, rebeldes hutís secuestraron al activista por los derechos humanos Abd al-Kader al-Guneid en su casa en la ciudad de Taiz. En Twitter, al-Guneid había criticado a los hutís, que tienen el control de gran parte del país y que forzaron al presidente Abdrabbuh Mansour Hadi a huir de la capital, Saná, en febrero. Según su esposa y su hijo, al-Guneid estaba recibiendo amenazas en Facebook y por teléfono de simpatizantes de los hutís.

Nuevas investigaciones

Otras noticias

  • Para el bloguero iraní Hossein Derakhshan, que ha estado más de cinco años en prisión antes de ser puesto en libertad el año pasado, “la rica, diversa y libre web que tanto amé, y por la que he pasado años en una cárcel iraní, está agonizando”.

De nuestros colaboradores

  • EFF está buscando traductores voluntarios para trabajar en proyectos de tecnología.
  • “Las filtraciones de Hacking Team confirman lo que los abogados privados ya sabían”, escribe Jillian York de EFF.
  • Access está pendiente de la agenda de las elecciones al Consejo de Derechos Humanos.
  • SMEX ha publicado una noticia sobre la violación de los derechos de los consumidores por parte de los proveedores móviles en el Líbano.
  • EFF ha expresado su opinión al Departamento de Comercio de los EE. UU. sobre la implementación del Acuerdo de Wassenaar sobre Controles de Exportación.

Próximos eventos

Ciudadano Digital es una colaboración entre Advox, Access, EFF, Social Media Exchange y 7iber.com. Los reportajes de este mes han sido investigados, editados y escritos por Afef Abrougui, Michael Fuchs, Mohamed ElGohary, Dalia Othman, Courtney Radsch, Thalia Rahme y Jillian C. York, y traducidos por Lara AlMalakeh y Mohamed ElGohary al árabe y por Thalia Rahme al francés.

 

Por Digital Citizen

Traducción María Ortiz

Fuente: es.globalvoicesonline.org

 

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (ACNUDH) lamentó las penas de prisión “escandalosamente desproporcionadas” dictadas en Tailandia a personas que criticaron a la familia real en Facebook.

“Estamos consternados por las penas de prisión escandalosamente desproporcionados dictadas en los últimos meses en Tailandia’’, dijo en rueda de prensa en Ginebra la portavoz del ACNUDH, Ravina Shamdasani.

Según explicó, el 7 de agosto de 2015, el Tribunal Militar condenó en Bangkok al agente de viajes Phongsak Sribunpeng a 30 años de prisión por violar el artículo 112 del Código Penal (también conocido como la ley lèse-majesté).

Sribunpeng fue condenado por seis mensajes de Facebook que eran críticos de los miembros de la Familia Real.

La sentencia fue inicialmente 60 años – 10 años por cada post en Facebook – pero esto se redujo a la mitad debido a su declaración de culpabilidad.

El mismo día, el Tribunal Militar de Chiang Mai entregó una pena de prisión de 28 años a Sasiwimol Patomwongfa-Ngarm, quien forma parte del personal de un hotel, por publicar siete comentarios en Facebook críticos de la monarquía.

Esta sentencia, señaló Shamdasani, se redujo de 56 años a causa de su declaración de culpabilidad.

Otra sentencia particularmente dura fue dictada en marzo de 2015, cuando el Tribunal Militar condenó en Bangkok a Thiansutham Suttijitseranee a 25 años de prisión por publicar cinco comentarios que criticaban a la monarquía en Facebook.

La portavoz del ACNUDH señaló que estas son algunas de las penas más escandalosas que se han registrado desde 2006, “cuando empezamos a documentar casos de personas procesadas por delitos relacionados con la libertad de expresión y la ley lèse-majesté”.

Desde el golpe militar de mayo de 2014, al menos 40 personas han sido condenadas a permanecer en prisión preventiva por delitos relacionados a esa ley y según la Ley de Delitos Informáticos de 2007.

A principios de mayo de 2014, antes del golpe, había cinco personas en prisión por condenas relacionadas con críticas a la monarquía.

“También estamos alarmados por el aumento en las penas de prisión severas dictadas en estos casos por los tribunales militares, los cuales no cumplen las normas internacionales de derechos humanos, incluido el derecho a un juicio justo’’, agregó Shamdasani.

Además, se ha prohibido la entrada de público a esos juicios y en muchos casos no hay posibilidad de apelación.

El derecho internacional exige que los juicios de civiles por tribunales militares debe ser excepcional y los juicios militares deben ofrecer todas las garantías de debido proceso establecidas en la legislación internacional de derechos humanos, recordó Shamdasani.

“Hacemos un llamado para la liberación inmediata de todos los que han sido encarcelados o se encuentran en detención preventiva prolongada por el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión’’, urgió ACNUDH.

De igual forma instó al gobierno tailandés a modificar la ley en cuestión en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos.

Asimismo, subrayó que las leyes no deben utilizarse de manera arbitraria para frenar el debate sobre temas críticos de interés público, “incluso cuando se trata de la crítica de los jefes de Estado o de Gobierno’’.

 

Fuente: diariolaestrella.com

El periodista español Boro, del diario La Haine, quien acarrea una orden fiscal de seis años de prisión y 6.200 euros por cubrir una manifestación denominada Jaque a la monarquía, el 29 de marzo pasado, habló este viernes vía banda ancha con Venezolana de Televisión sobre la persecución de la que ha sido víctima por ejercer el periodismo en su país.

“Cuando me habían inmovilizado en el suelo y se dieron cuenta que no grababa me dieron (la policía) un puñetazo en el ojo”, contó Boro, a quien la fiscalía española pide seis años de cárcel, dos por cada efectivo que supuestamente agredió, más 6.500 euros para indemnizar a la policía, porque “supuestamente yo fui el que los agredí”, relató.

Y no sólo él fue agredido durante estos hechos. A otros de sus colegas periodistas que cubrían la manifestación “les dieron porrazos, uno de los compañeros quedó inconsciente luego del porrazo, además que nos rompieron una cámara”.

Pero esta no es la única sanción legal y abuso policial que ha recibido. “En Pamplona, donde yo vivo, recibí un arresto porque cubrí una manifestación”, señaló. Además, en noviembre pasado fue detenido mediante la llamada Operación Araña, “sólo por haber opinado a través de las redes sociales. Hoy somos alrededor de 60 personas que estamos en esta misma situación”.

La llamada Operación Araña condena a los internautas españoles por emitir comentarios a través de las redes sociales que puedan ser considerados como “apología al terrorismo”.

Desde el 1º de julio pasado, cuando entró en vigencia la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, “en España, por ejemplo, ahora está prohibido difundir imágenes de policías en manifestaciones. Esto nos impide grabar lo que está pasando en una manifestación, coarta nuestro trabajo y no podemos decir la verdad”.

En medio de toda esta circunstancia, varios profesionales de la comunicación han puesto en marcha una campaña en la que sacan a la luz casos de varios periodistas que han sido perseguidos, denunciando el ataque y difundiendo toda la información que se pueda al respecto.

Anunció: “Para el próximo verano haremos charlas para sensibilizar a las personas sobre los casos que nos afectan a los periodistas y a la información verdadera y, aunque nos quieran amordazar, seguiremos haciendo nuestro trabajo”.

 

Fuente: librered.net

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación Europea de Periodistas (FEP), aseguran que dicha ley incluye cláusulas que permiten amordazar a los medios de comunicación.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y su organización regional, la Federación Europea de Periodistas (FEP), se han unido a sus afiliados españoles (FAPE, FeSP, FSC-CCOO y ELA-Gizalan) para rechazar la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley mordaza, que entró en vigor ayer en España. Ambas federaciones aseguran que dicha ley incluye cláusulas que permiten amordazar a los medios de comunicación.

La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana convierte en delito penal “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales” de policías “que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes”. Los periodistas o ciudadanos que saquen fotografías a los agentes podrían enfrentar una multa de hasta 30.000 euros, en virtud de la nueva ley.

La FIP y la FEP han respaldado la oposición de sus afiliados españoles a las cláusulas de la ley, que impiden a los fotoperiodistas utilizar secuencias de manifestaciones en las que aparezcan miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

“Apoyamos el rechazo de nuestros afiliados españoles a esta nueva ley, que busca censurar la cobertura periodística de las protestas”, ha declarado el presidente de la FIP, Jim Boumelha. “La nueva ley supone una burla a la democracia en España ya que limita de manera arbitraria el derecho de los ciudadanos de reunirse y expone a los fotoperiodistas a ser perseguidos por tomar fotografías que incluyan agentes en los eventos públicos”.

En junio, la FEP participó en una misión internacional relativa a la libertad de prensa en España. La Federación hizo entonces un llamamiento para que la ley fuera revocada debido al impacto negativo que tendría en la libertad de prensa y de expresión en el país.

Según Mogens Blicher Bjerregård, presidente de la FEP, “la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana viola claramente los derechos fundamentales tanto de los periodistas como de los ciudadanos para expresarse y acceder libremente a la información, tal y como garantiza la Convención de Derechos Humanos de la Unión Europea. Nos preocupa que cada vez más y más periodistas y fotógrafos, especialmente los freelance, enfrenten restricciones o arrestos debido a la nueva ley”.

Organizaciones de periodistas en España han denunciado los motivos de la ley, incluyendo el esfuerzo del gobierno para prohibir las multitudinarias protestas contrarias a los recortes presupuestarios. Los sindicatos temen que el texto aprobado afecte de manera especial a los medios regionales y a los comunicadores sociales, socavando así la diversidad mediática y el pluralismo informativo en España.

Otras organizaciones como Greenpeace han acusado al gobierno de valerse de la ley para negar a los ciudadanos el derecho de difundir el uso excesivo de la fuerza de los agentes de seguridad en las protestas.

Además, cinco relatores de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, los derechos humanos de los migrantes y la situación de las y los defensores de los derechos humanos firmaron un comunicado conjunto en febrero criticando estas reformas legislativas en España e instando a las autoridades a mantener su obligación de hacer cumplir las libertades civiles en el territorio nacional.

La FIP y la FEP ya habían denunciado la nueva ley ante la plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas del Consejo de Europa. Lea la alerta aquí: http://www.coe.int/en/web/media-freedom/-/la-loi-de-securite-citoyenne-menace-la-liberte-de-la-presse

 

Fuente: ifj.org

 

Hyon Yong-Chol fue fusilado por traición tras haber incumplido instrucciones del líder norcoreano y por dormirse durante un desfile militar; ya fueron asesinados quince funcionarios de alto rango en el 2015

Kim Jong-Un, líder supremo de Corea del Norte. Foto: Reuters

El ministro de Defensa de Corea del Norte , Hyon Yong-Chol, fue ejecutado por deslealtad y por expresar su falta de respeto por el líder supremo Kim Jong-Un, según informó la agencia de inteligencia de Seúl.

Hyon Yong-Chol había sido nombrado en el cargo hace menos de un año, fue asesinado el 30 de abril, aunque la información trascendió días después. El ministro de Defensa habría sido sorprendido durmiendo durante actos militares y también le habría respondido de manera inadecuada a Kim Jong-Un en varias oportunidades, informó Yonhap, en base a las declaraciones de un legislador del partido gobernante que asistió a la reunión.

Según la agencia de Servicios Secretos, Hyon fue muerto por un pelotón de ejecución dotado de armas antiaéreas, en lo que es considerado el último episodio de las purgas brutales buscadas por el líder Kim Jong-Un.

Esta última ejecución de un funcionario de alto cargo por parte de Pyongyang sería la número quince en lo que va del 2015 , según la inteligencia surcoreana.

La más recordada ocurrió en 2013, cuando el líder norcoreano ordenó la ejecución de Jong Song-thaek, su tío y número dos del régimen, también acusado de traición.

Hyon Yong-chol fue ascendido a la cúpula del Ejército surcoreano en 2010 por Kim Jong-il, padre y predecesor del actual líder norcoreano, y en junio de 2014 fue nombrado ministro de Defensa por Kim Jong-un.

También ocupó durante una breve etapa el puesto de jefe del Ejército (entre julio de 2012 y mayo de 2013), aunque fue reemplazado por Kim Kyok-sik, quien falleció el pasado fin de semana a los 77 años, según informaron los medios norcoreanos.

 

Fuente: lanacion.com.ar

(7/4/2015) – El Parlamento de Malasia (Dewan Rakyat) aprobó esta madrugada, por 79 votos a favor y 60 en contra, la controvertida Ley de Prevención del Terrorismo considerada por la oposición y por las ONG un atentado contra las libertades civiles y los derechos básicos.

La nueva ley, conocida en el país asiático como POTA por sus siglas en malayo, reintroduce el concepto de detención indefinida sin juicio tres años después de ser revocado. Gracias a la actual legislación, aquellos sospechosos de mantener vínculos con organizaciones terroristas podrán ser encarcelados durante dos años, renovables por periodos de otros dos, por una Junta de Prevención de Terrorismo independiente del Poder Judicial. Los jueces no tendrán poder alguno sobre las decisiones de la citada Junta. El Colegio de Abogados de Malasia ha calificado la ley como “repugnante para los principios de Justicia natural”.

Durante 12 horas de acalorado debate, los parlamentarios del Frente Nacional -coalición en el poder desde su formación, hace 21 años- defendieron la necesidad de medidas preventivas como las incluidas en la polémica ley para abordar la “extraordinaria” amenaza que implican grupos como el Estado Islámico mientras que la oposicion presentaba enmiendas a casi todas las 35 claúsulas de la misma, argumentando que la legislación representa un atentado contra los Derechos Humanos y puede ser esgrimida para perseguir también a disidentes políticos o críticos con el Gobierno.

Las enmiendas propiciaron ocho votaciones previas que no se tradujeron en ninguna modificación sobre el proyecto de ley presentado por el Gobierno, finalmente aprobado a las 02.25 AM hora local.

Algunos diputados del Frente Nacional se mostraron airados por las críticas de la oposición. La parlamentaria Azalina Othman aseguró ante la cámara que no existe nada llamado “libertad absoluta” y afirmó que la ley protege los derechos de todo el mundo. “¿Qué hay de los derechos de nuestras jóvenes cuyos cerebros son lavados por los militantes?”, se interrogó. Por su parte, el también oficialista Anuar Musa aseguró que los crímenes cometidos por organizaciones como el Estado Islámico no son crímenes normales.

Desde la oposición, N. Surendran (vicepresidente del Partido de Justicia Popular, liderado por el encarcelado Anwar Ibrahim) cuestionó la necesidad de los arrestos de dos años cuando países con una amenaza terrorista potencialmente mayor como Estados Unidos o Gran Bretaña tienen por ley periodos mucho menores e incidió en que, a diferencia de la revocada Ley de Seguridad Interna, en vigor hasta 2012, la actual ley carece de provisiones que garanticen que no será empleada para detener a críticos.

“Aunque POTA establece que nadie podrá ser detenido por sus opiniones o actividades políticas, también contempla que las decisiones de la Junta de Prevención de terrorismo no puede ser impugnadas salvo que sea por una cuestión de procedimiento”, recordó. El ministro del Interior, Ahmad Zahid, descartó que nadie pueda ser detenido por sus ideas políticas bajo la nueva ley.

Para organizaciones como Human Rights Watch, la aprobación de esta ley supone “un gigantesco paso atrás para los Derechos Humanos de Malasia”, lamentaba hoy su vicedirector para Asia, Phil Robertson. “Cuestiona el compromiso del Gobierno con derechos básicos fundamentales para el Estado de Derecho en una democracia en funcionamiento”. Robertson añadió que “al restaurar la detención indefinida sin juicio, Malasia ha vuelto a abrir la caja de Pandora de los abusos”. “La aprobación de esta legislación hace temer que Malasia retome prácticas del pasado, cuando agentes del Gobierno utilizaban con frecuencia el temor a la detención indefinida para intimidar y silenciar a críticos”.

La aprobación de la ley se produce dos días después de ladetención de 17 personas, de entre 14 y 49 años, acusadas por las autoridades de estar vinculadas al Estado Islámico. Según el inspector de Policía Khalid Abu Baqar, citado por el diario local The Star, el grupo planeaba instaurar un emirato islámico en Malasia para lo cual planeaba ejecutar secuestros de personalidades, asaltar bancos para obtener financiación y tomar depósitos militares y arsenales de la Policía para lograr armas.

Dos de los detenidos habrían regresado recientemente de Siria, donde junto a Irak las autoridades han identificado a 39 ciudadanos combatiendo en las filas del IS. Desde febrero de 2012, 92 malasios han sido detenidos por presuntos lazos con el IS.

 

Por Verónica G. Prieto

Fuente: elmundo.es

allanamiento comunidad mapuche

En el contexto de las movilizaciones que ha realizado la comunidad mapuche de Trapilwe, ubicada aproximadamente a 12 kilómetros de la localidad de Quepe, con el objeto de continuar avanzando en el proceso de recuperación de su territorio ancestral –actualmente usurpado por latifundistas de la zona -, los miembros del pueblo originario han denunciado una serie de hechos de violencia y hostigamiento por parte de carabineros.

El pasado 23 de abril al interior de la comunidad mencionada, en el patio del longko Juan Curin, se registró una agresión por parte de policía militarizada que disparó hacia la vivienda del longko, y contra las personas que a esa hora se encontraban en el lugar, resultando un comunero gravemente herido.

Las imágenes que han quedado registradas en el video grabado por la comunidad, exponen claramente la violencia con que la policía –servil a los intereses de los latifundistas de la zona y enviada por el Ministerio del Interior –acostumbra a actuar sobre los lof (familias) que han emprendido acciones concretas en su camino emancipatorio.

Aquí el video:

 

Fuente: elciudadano.cl

El órgano que representa a los periodistas de la cadena entrega un informe en la Eurocámara sobre la redacción paralela favorable al Gobierno.

TVE ha dado orden a sus periodistas en Bruselas de que no cubran las reuniones que una delegación del Consejo de Informativos ha mantenido con grupos de la Eurocámara para denunciar la situación de la cadena pública en los últimos meses. Al menos es lo que ha asegurado el vicepresidente del Consejo, Xavier Fortes, en declaraciones a ‘Al Rojo Vivo’ de la Sexta.

Fortes asegura que el Consejo había comunicado a la cadena el viaje a Bruselas y había solicitado que se cubriera el acto, sin embargo “se ha censurado”, asegura.

El ‘número dos’ del órgano que representa a los periodistas de la cadena ha explicado que han entregado un pequeño informe a los eurodiputados -con excepción del PP que se ha negado a reunirse con ellos- y al Comité de Libertades Públicas de la Unión Europea en el que denuncian, con “claros ejemplos”, la deriva de las informaciones a favor del Gobierno.

Asimismo, el documento denuncia la existencia de una redacción paralela con la incorporación a la redacción de personas que no son de TVE y que proceden de medios privados “con un sesgo progubernamental”.

Fortes también ha explicado que en el informe se denuncia cómo se está arrinconando a profesionales de demostrado prestigio e independencia a secciones menos importantes para colocar en su lugar a personas afines a la ideología del Gobierno.

 

Fuente: elboletin.com

Images mixed by Tetyana Lokot.

El presidente bielorruso Alyaksandr Lukashenka y su gobierno están intensificando las medidas severas relacionadas con la libertad de Internet. Imágenes mezcladas por Tetyana Lokot.

Como parte del esfuerzo del gobierno por combatir el tráfico de drogas, pronto se requerirá a los proveedores del servicio de Internet en Bielorrusia que almacenen los registros completos del historial de exploración de los usuarios de Internet.

La nueva política, emitida por decreto del Ministro de Comunicaciones, entra en vigor el primero de enero del 2016. Aunque las medidas “anti-drogas” están ostensiblemente dirigidas al combate del tráfico y distribución ilegal de drogas, algunos defensores de los derechos humanos temen que el decreto sea usado incorrectamente para propósitos políticos. Pavel Sapelka, un experto legal del Centro de los Derechos Humanos Viasna, cree que las autoridades no vacilarán en abusar de sus poderes para limitar la libertad de expresión online.

Desafortunadamente, las autoridades están más preocupadas de la restricción de acceso a las páginas web que diseminan información no deseada. Por supuesto, si esta norma trabaja de manera transparente, como debería, sería algo bueno porque nosotros entendemos que el crimen (organizado) y las herramientas que usa se están volviendo cada vez más sofisticadas. Sin embargo, si las autoridades utilizan el combate a las acciones ilegales como disfraz para impedir el trabajo de páginas que promueven ciertas perspectivas políticas, se consideraría como otra violación [de la libertad de expresión].

Con el nuevo decreto, los proveedores de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) estarán obligados a almacenar información sobre el tiempo de conexión y de desconexión a Internet, como también la cantidad de información enviada y recibida. Los ISP también tendrán que recolectar toda la información relativa a los usuarios de Internet: nombres, información de pasaporte (obtenida por el ISP cuando los usuarios firmen los contratos por el servicio), las IP internas y externas y las direcciones MAC de sus aparatos.Se requerirá que los proveedores de servicios en general retengan esta información por al menos un año. Aunque esta cantidad de tiempo es común en los estándares globales, las particularidades técnicas y legales de la recopilación son turbias. Además, este enfoque parece extremadamente general, dado el relativamente estrecho objetivo establecido de perseguir a traficantes y usuarios de drogas.

Las restricciones legales asociadas al tráfico de drogas en Bielorrusia han empeorado, principalmente debido al “spice“, una droga nueva comercializada con el nombre de marihuana sintética. Es relativamente fácil conseguir una receta en Internet para preparar spice, y esto ha contribuido a la popularidad de la droga en Bielorrusia, Rusia y otros países vecinos. Desde enero de 2014, el spice ha constituido un 70% del mercado de drogas ilegales en Bielorrusia. Aunque el problema es real, los expertos creen que es un error crítico permitir a las autoridades vigilar el comportamiento en línea de todos los usuarios de Internet, independientemente de si tienen alguna asociación con las páginas relacionadas con drogas o no.

Este decreto es el último de una serie de regulaciones que restringen los derechos online, sin duda la censura en Bielorrusia se está volviendo más fuerte al acercarse las elecciones presidenciales.

En diciembre pasado, el gobierno adoptó las enmiendas a la legislación de los medios de comunicación, ostensiblemente ordenando que cualquier página web en Bielorrusia será considerada como una organización de medios de comunicación. Esto deja a todas las páginas webs de cualquier tipo sujetas a la consideración del Ministerio de Comunicaciones, el que tiene la autoridad de cerrar sitios de manera extrajudicial.

A finales de febrero, el Ministerio de Comunicaciones publicó un decreto ordenando a los ISP a bloquear a anonimizadores de Internet como los servicios de Tor y VPN. Las autoridades sugirieron que cualquier servicio que tenga las facilidades del anonimato para tener acceso a las páginas que ya están en la lista negra en Bielorrusia, también se agregarán a la lista negra establecida.

Poco después de que se aceptaran las enmiendas a los medios de comunicación, varias plataformas online, incluidas las páginas web de noticias independientes,fueron bloqueadas temporalmente. Activistas locales y periodistas llamaron a este bloqueo un “ensayo general antes de la elección”. Si este fuera de hecho el caso, entonces el limitar el acceso al anonimato y el almacenar el historial de búsqueda y los datos personales de los usuarios son solo pequeños cambios al guión final.

 

Por Sergey Kozlovsky

Traducción Eva Lespinasse

Fuente: globalvoicesonline.org

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