Category: CORRUPCION


Lo ordenó el juez federal Claudio Bonadio por presunto entorpecimiento en la causa Los Sauces.

El juez federal Claudio Bonadio ordenó hoy la detencion del contador Víctor Manzanares, histórico asesor de la familia Kirchner, en el marco de la causa “Los Sauces“.

Fuentes judiciales indicaron a la agencia de noticias DyN que la orden de arresto se dispuso por la presunción de entorpecimiento, al sospechar que Manzanares colaboró en un desvío de pagos.

“Estoy tranquilo”, dijo a la prensa al salir esposado del estudio contable, ubicado en la calle 9 de Julio 161 de Río Gallegos, donde la Policía Federal realizó el operativo.

La detención se concretó en Santa Cruz y la información se conoció esta tarde en los tribunales porteños, en el primer día de inicio de la feria judicial de invierno.

En la causa de Los Sauces se investiga si la familia Kirchner cometió el delito de lavado de dinero y cobro de coimas a través de alquileres que pagaban empresarios beneficiados por la obra pública, entre ellos Lázaro Báez y Cristóbal López.

Manzanares, así como la ex jefa de Estado y sus hijos, es uno de los procesados en la investigación. En marzo, el contador, y el socio de Máximo Kirchner , Osvaldo Sanfelice, se defendieron ante el juez Bonadio con la misma estrategia de defensa impulsada por el kirchnerismo.

Manzanares ensayó la defensa más técnica por escrito. Detalló las operaciones inmobiliarias y financieras de la firma. Negó que existiera pago de sobornos vinculados a contratos de obras públicas a través de los alquileres y calificó esa acusación como “absurda”. Es más: afirmó que Los Sauces perdió dinero al alquilar sus inmuebles a las empresas de López y Báez.

“No debe olvidarse que estamos en presencia de una sociedad de naturaleza familiar, en la cual las formalidades que de ordinario se aplican en este tipo de personas jurídicas se encuentran minimizadas o atemperadas, habida cuenta de la estrecha relación de confianza que une a sus miembros, más aún en el caso de la familia Kirchner, que no solamente son tres miembros –la madre y sus dos hijos–, sino lo que es más importante aún, no se trata de una familia, como otras –algunas muy conocidas–, con diferencias económicas o reclamos judiciales entre sus integrantes”, sostuvo Manzanares con la asistencia letrada de Carlos Beraldi, abogado también de CFK.

El contador también sostuvo que “con las reglas de interpretación de V.S., cualquier sociedad familiar llegaría a ser sospechosa. A título de ejemplo, basta con reparar el caso del actual Presidente de la Nación, cuyos lazos societarios se extienden a través de toda su familia y se extienden también, como una mancha de aceite, a un selecto y reducido grupo de amigos empresarios”.

 

Fuente perfil.com

Anuncios

La Unidad de Información Financiera resaltó que sus funcionarios y empleados están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas.

La Unidad de Información Financiera (UIF) afirmó este jueves que no puede brindar información sobre el caso que involucra a Gustavo Arribas hasta “agotar el análisis” de la operación sospechada de lavado de dinero, luego de que trascendiera que el organismo no habría informado a la Justicia sobre un alerta recibido desde el exterior por transferencias millonarias a una cuenta del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

“En función de las estrictas leyes vigentes que rigen la actividad de la UIF, esta institución no informa nunca a terceros fuera de su ámbito si recibió o no información vinculada a un caso, ni si habiéndola recibido inició una tarea de análisis, ni el estado en el que la misma pudiese encontrarse”, subrayó el organismo que dirigen Mariano Federici y María Eugenia Talerico.

En un comunicado, resaltó que “conforme al artículo 22 de la Ley 25.246, los funcionarios y empleados de la UIF están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia, y que revelar informaciones fuera del ámbito de la UIF se encuentra penado con prisión“.

La Unidad de Información Financiera se expresó de esta forma luego de que una versión periodística señalara que en abril de 2016 había recibido un alerta desde el exterior a causa de transferencias de dinero que uno de los operadores de las coimas de la empresa brasileña Odebrecht envió en 2013 a una cuenta de Arribas.

Desde entonces las autoridades de la UIF no informaron a la Justicia sobre esos giros, que según informó a la Justicia de Brasil el operador paulista Leonardo Meirelles, llegaron a casi 600 mil dólares, en el marco del escándalo de corrupción conocido como “Lava Jato”.

“El artículo 19 de la Ley 25.246 indica, que sólo cuando la UIF hubiese agotado el análisis de una operación reportada y surgieren elementos de convicción suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de activos o de financiación del terrorismo en los términos de la ley, es cuando debe poner los mismos en conocimiento del Ministerio Publico Fiscal a los fines de establecer si corresponde ejercer la acción penal”, sostuvo el organismo.

A la vez, indicó que “por primera vez desde su creación, la institución funciona de manera plenamente autónoma, sin injerencias indebidas por parte del Gobierno, la política, o intereses sectoriales, tal como lo requieren los estándares internacionales y la Ley Argentina”.

“Las prácticas poco profesionales de este organismo en el pasado minaron la confianza de sus fuentes locales e internacionales, elemento central para su correcto funcionamiento, que esta nueva gestión está logrando restituir respetando el apego incondicional a la legalidad”, añadió la unidad antilavado.

 

Fuente: iprofesional.com

 

La diputada nacional dijo que el kirchnerismo busca “soltarle la mano” al empresario, como lo hizo anteriormente con Amado Boudou

(DyN).- La diputada Margarita Stolbizer (GEN) denunció hoy una “estrategia muy clara” del kirchnerismo consistente en “soltarle la mano” al empresario kirchneristaLázaro Báez al igual que se la “soltaron” al ex vicepresidente Amado Boudou, a fin de desligar a la ex mandataria Cristina Kirchner en causas por corrupción.

Sin embargo, la legisladora consideró “imposible desvincular a Cristina Kirchner” de investigaciones de esa naturaleza y, en ese sentido, mencionó la causa Hotesur, por presunto lavado de dinero, o la llamada “ruta de dinero K”, en la que Báez fue citado a declaración indagatoria.

“Por más esfuerzos declamativos que hagan -porque para nosotros la causa central de Hotesur está relacionada con declaraciones juradas que ella misma presentaba y negocios que ella misma manejó incluso después de la muerte de Néstor Kirchner – es imposible desvincular a Cristina Kirchner” de expedientes por presuntos negociados durante su gestión, advirtió.

Los videos comprometedores

Luego de la difusión de los videos en los que se vio a Martín Báez, hijo del empresario santacruceño, contando fajos de dólares y euros en la financiera conocida como La Rosadita, Stolbizer interpretó que el kirchnerismo se unió para apuntar contra Lázaro Báez a fin de “desvincular” a la ex magistrada de causas por corrupción.

“Hay una estrategia del kirchnerismo muy pero muy clara: es soltarle la mano a Báez como en algún momento se la soltaron a Boudou y de decir: ‘arréglense ustedes en la Justicia, no nos lleven puestos a nosotros’ y desvincular sobre todo a Cristina Kirchner”, denunció.

Al respecto, la dirigente aludió a las numerosas causas judiciales que enfrenta el ex vicepresidente, una de las cuales lo investiga como presunto responsable de tráfico de influencias, cuando fue ministro de Economía, con el objetivo de quedarse con la ex imprenta de billetes Ciccone.

 

Fuente: lanacion.com.ar

 

Un juez militar ha dejado impune una masacre contra 22 sicarios, perpetrada en 2014, cuando algunos se rindieron ante soldados, en Tlatlaya, en el centro de México, dijo este jueves a Sputnik Nóvosti el exjesuita defensor de DDHH, Edgar Cortez.

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un juez militar de la secretaría federal de la Defensa absolvió a seis de los siete soldados acusados de la ejecución de varios sicarios que se rindieron en una bodega en el pueblo de Tlatlaya, a unos 300 kilómetros de la capital, en estado de México, en junio de 2014, y al séptimo lo sancionó por faltas a la disciplina militar.

 

“La sentencia del juzgado militar a favor de los uniformados confirma que esos casos deben ser tratados por la justicia civil, y no por tribunales militares que los dejan en la impunidad”, dijo Cortez, director del Instituto Mexicano de DDHH y Democracia (IMDHD).

En este caso seis de los 7 militares “han sido liberados y el séptimo sólo debe rendir cuentas por faltas a la disciplina pero no por violaciones a los derechos humanos”, lamentó Cortez.

El caso muestra que la participación de militares en tareas de seguridad pública debe terminar, dijo el responsable del organismo que ha firmado una protesta junto con otras ONG.

El alto mando, señaló, está dividido sobre ese rol asignado por el Gobierno en el combate al crimen organizado.

“Unos jefes militares están cansados, otros están hartos por las críticas de la sociedad civil y los observadores internacionales, otros preocupados porque la imagen de las Fuerzas Armadas ha sido dañada y otros quieren actuar con manos libres”, dijo el directivo del IMDHD.

El militar que ha sido condenado recibió una pena de un año de prisión por desobediencia, de manera que el tribunal considera que ya purgó la pena.

Un caso ejemplar

Los centros de derechos humanos IMDHD, Agustín Pro (jesuita), de la Montaña Tlachinollan de Guerrero, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los DDHH y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos exigieron que se haga justicia por estos crímenes.

“La exoneración en el fuero militar de los acusados, que confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense –dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea–, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente, dice un comunicado.

Dada la gravedad de este “emblemático caso de violación a los derechos humanos”, las organizaciones consideraron que la respuesta debería ser una “actuación ejemplar de la justicia”. Por el contrario, “las recientes determinaciones apuntan a que la impunidad podría prevalecer”.

Hasta la fecha subsiste una discrepancia entre el número de víctimas de ejecución, que serían ocho para la Procuraduría General de la República (PGR), entre 12 y 15 para Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH, ombudsman federal).

Además, no ha sido investigada la responsabilidad de la jefatura que ordenó a la unidad militar culpable de la masacre de “abatir a delincuentes en horas de oscuridad”.

Las ONG insisten en que su advertencia sobre el riesgo de que el caso quede impune “obedece a que en la sentencia militar se exceden los límites del fuero militar”.

Fuente: sputniknews.com

En un documento de 2009 filtrado por Wikileaks, los EE.UU. dejan claro cómo entrenan agentes judiciales brasileros, entre ellos el juez Sérgio Moro. ¿Alguna vinculación con los sucesos de la actualidad?

Wikileaks reveló el informe enviado al Departamento de Estado norteamericano sobre el seminario de cooperación, realizado en octubre de 2009, con la presencia de miembros selectos de la Policía Federal (PF), el poder Judicial, el Ministerio Público y autoridades norteamericanas en Río de Janeiro. Wikileaks es un sitio web especializado en filtrar documentos internos del gobierno norteamericano.

El seminario tenía como título de “PROYECTO PUENTES”: construyendo puentes para la aplicación de la ley en Brasil”, en el que se trataba de consolidar el entrenamiento bilateral para la aplicación de leyes y habilidades prácticas de contraterrorismo. Fiscales y jueces federales de los 26 estados brasileros participaron del entrenamiento además de 50 policías federales de todo el país. La delegación brasilera fue la mayor entre los participantes, que contaba con delegaciones de México, Costa Rica, Panamá, Argentina, Uruguay y Paraguay.

El memorándum relata el “gran entusiasmo” con el que los fiscales y jueces federales brasileros disiparon los temores que el término “contraterrorismo” despierta en amplios sectores, nada menos que el discurso con el que George W. Bush buscó revestir el derecho inalienable del imperialismo norteamericano de actuar como “policía del mundo” luego de la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría con la restauración capitalista en la exUnión Soviética, que fundamentó intervenciones militares en todo Oriente Medio en la década de 2000 y la reaccionaria intervención norteamericana para frenar la primavera árabe de 2011. Queda expuesta perfectamente la proximidad con la que la casta jurídica brasilera maneja los términos utilizados por el jefe imperial.

Esto también queda en evidencia, cuando en medio del informe para el Departamento de Estado, aparece el relato de nada menos que Sérgio Moro, que habla sobre los “cinco puntos más comunes del lavado de dinero en Brasil”. Sin dar cuenta de detalles específicos sobre la exposición del jefe de la “República de Curitiba” (residencia de Sérgio Moro), el informe da cuenta que se dieron acalorados debates, en los que el equipo de entrenamiento yanqui, virtuosos en la falta de decoro, enseñan a los pupilos brasileros y extranjeros los secretos de la “investigación y castigo en los casos de lavado de dinero, incluyendo la cooperación formal e informal entre los países, confiscación de bienes, métodos para obtener pruebas, negociación de la delaciones, uso del examen como herramienta, y sugerencias sobre cómo lidiar con Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) sospechadas de ser usadas para el financiamiento ilícito”.

En el apartado “Resultados”, el informe del equipo recuerda la armonía que se establece cuando el tutor dedicado se encuentra con el aprendiz atento. Léase que “los participantes solicitaron entrenamiento adicional, sobre la recolección de evidencias, entrevistas e interrogatorio, habilidades usadas en los tribunales”. Este interés se explicaría por el hecho de que “la democracia brasilera no llega a los 20 años. Así, los jueces federales, fiscales y abogados brasileros son iniciados en el proceso democrático, no fueron entrenados en cómo lidiar con largos procesos judiciales […] y se encuentran incapacitados para utilizar eficazmente el nuevo código criminal que fue alterado completamente”

Habría que verificar la opinión de los participantes sobre esta gentil acusación de estupidez por parte de los jefes yanquis. Si damos crédito al informe, parece que a los juristas y fiscales brasileros poco les importó la desconsideración proveniente del norte, en tanto “consintiesen enseñar las nuevas herramientas, ansiosos por aprender”. Dos mitades que se completaban. Como decía el ruso Tchernichevsky, un fósforo es frío, así como el lado exterior de la caja en la que es rozado, pero juntos producen el fuego que da calor a la humanidad. Esta es la síntesis de las relaciones entre los Estados Unidos y el Poder Judicial brasilero.

Y para completar la trama de la historia, en un determinado pasaje del documento el informe solicita administrar cursos más intensos en los siguientes lugares: Curitiba, San Pablo y Campo Grande. ¿Pueden resultarnos llamativos los actuales procedimientos de la llamada “República de Curitiba”?

El informe concluye con la idea de que el “sector judicial brasilero claramente está muy interesado en la lucha contra el terrorismo, pero necesita de herramientas y entrenamiento para empeñar sus fuerzas eficazmente. Fiscales y jueces especializados dirigen en Brasil casos significativos involucrando corrupción de individuos de alto escalafón”. No es sorprendente que, durante estos últimos años, la cooperación con los Estados Unidos, e incluso sin ella, haya aumentado la información del Poder Judicial y del Ministerio Público sobre los principales casos de corrupción del país.

Con semejante red de investigación, ¿es posible creer que el Poder Judicial y la Policía Federal no supieran nada sobre los esquemas de corrupción en la empresa Petrobras? ¿Recién ahora son descubiertos? Parece poco creíble. La propia desesperación de el juez Moro el pasado miércoles por poner bajo sigilo los más de 300 nombres de los políticos involucrados en la delación de Odebrecht señala que podría trazar el rastro de nuevas pistas que involucran a miembros prominentes de otros poderes, además del poder Legislativo. Entonces, vale preguntarse, ¿quién estará a cargo de investigar a la Policía Federal? ¿Quién va a juzgar a los jueces?

La farsa de las instituciones democráticas

Con certeza la responsabilidad por el fortalecimiento de la derecha y las instituciones autoritarias del Estado capitalista recaen sobre Lula, Dilma y el PT. Por otro lado, las maniobras de Sérgio Moro, adoptadas por el Supremo Tribunal Federal, representan la preparación de un “golpe institucional” del Partido Judicial y deben ser denunciadas contundentemente.

Los jueces son electos por los dueños del poder. Como mucho, son funcionarios de carrera con miles de filtros sociales para que sus cargos sean ocupados solo por los sectores acomodados. Gozan de enormes privilegios de la “República de los ricos”, algunos de ellos de carácter vitalicio. Y mantienen todo tipo de lazos con el imperialismo y las potencias extranjeras como está documentado en los archivos de Estado como el que analizamos.

Es lamentable la posición de la izquierda, como el PSOL y el PSTU que se alinean detrás de la superstición de que la Operación Lava-Jato y de que el juez Sérgio Moropueden resolver la corrupción burguesa, o revestidos de la política de “Fuera Todos”, y “Elecciones Generales”, una verborragia que termina detrás de la política de impeachment de la derechacuando es necesario unir fuerzas para exigir a las direcciones burocráticas que rompan su colaboración con el gobierno y encabecen una lucha seria contra los ajustes y la impunidad.

Es necesario cuestionar todos los privilegios del Poder Judicial, exigir que cada juez sea electo por sufragio universal y sea revocable, exigiendo que ganen un salario similar al de un maestro. Ni el PT que ha fortalecido esta institución durante todos los años de sus gobiernos, ni la derecha reaccionaria del PMDB y del PSDB, pueden hacerlo. Es necesario que la población, en base a un movimiento nacional contra los ajustes y la impunidad, impulse una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que imponga estas medidas, decidiendo la revocabilidad de todos los mandatos, que todos los funcionarios del Estado ganen como un maestro y se reviertan todos los acuerdos con el capital extranjero.

 

Por André Augusto

Fuente: laizquierdadiario.com

 

Las bandas delictivas y carteles de la droga aprovechan las redes financieras clandestinas del gigante asiático para limpiar sus ilegales ganancias. Existe preocupación en Estados Unidos y Europa, especialmente.

Estafadores, carteles del narcotráfico y bandas de todo el mundo han descubierto un nuevo refugio donde lavar su dinero: China.

Las bien desarrolladas redes financieras clandestinas del país fueron aprovechadas por delincuentes extranjeros, que usan China para lavar su dinero sucio y volver a inyectarlo en el sistema financiero global, en gran parte fuera del alcance de las agencias de la ley occidentales, según una investigación realizada por The Associated Press.

Conforme China se globalizaba y enviaba dinero y trabajadores al extranjero, la economía sumergida hacía otro tanto. Bandas de Israel y España, traficantes de cannabis del norte de África y carteles de México y Colombia lavaron miles de millones de dólares en China y Hong Kong, al introducir las ganancias de sus actividades ilegales en la gran marea del comercio y las finanzas legítimas de la región, según confirmaron jefes policiales, registros judiciales europeos y norteamericanos y documentos de inteligencia.

En una sesión informativa con la prensa, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Hong Lei, dijo que el país “no es, no ha sido, ni será en el futuro un centro global de lavado de dinero”.

Sistema de estafas

Gilbert Chikli, un franco-israelí condenado por estafa, comprende el atractivo de China. A Chikli se le atribuye haber ideado un plan tan exitoso que ha inspirado a una generación de imitadores. En dos años, el fraude -conocido por sus falsos correos electrónicos de directivos o empresas- le ha costado unos US$ 1.800 millones a miles de firmas, muchas de ellas estadounidenses, asegura el FBI. Chikli ganó millones al usurpar la identidad de altos directivos y agentes de inteligencia, y convencer a empleados de algunas de las empresas más grandes del mundo de que transfirieran dinero a sus cuentas bancarias, según documentos legales franceses. Él reveló que blanqueó el 90% de ese dinero robado a través de China y Hong Kong.

“China se ha convertido en un pasadizo universal para todas estas estafas”, dijo Chikli en una entrevista en su lujosa casa de tres plantas en Ashdod, una localidad en la costa mediterránea israelí.

Chikli es un hombre buscado por la justicia, pero vive abiertamente en Israel, donde las autoridades rechazaron hacer comentarios sobre su caso. Israel y Francia no tienen un acuerdo bilateral de extradición.

El sistema de blanqueo basado en el comercio es una creciente preocupación para las autoridades estadounidenses. Tres colombianos instalados en Guangzhou, China, lideraron una red global de lavado de dinero que movió unos US$ 5.000 millones para carteles del narcotráfico españoles y mexicanos, según una orden judicial del Departamento de Justicia norteamericano, que fue desclasificada en septiembre.

La red operaba supuestamente en Estados Unidos, Colombia, España, Ecuador y Venezuela. Como Chikli, procesaron beneficios ilegales a través de cuentas bancarias en Hong Kong y China y lavaban el dinero mediante la compra de mercancías, a menudo productos falsos que enviaban a Colombia y otros lugares para su venta.

Chikli insiste en que ya no realiza estafas de usurpación de identidad, conocidas como “fraudes de CEO”, pero una nueva generación de estafadores lo imita. Como él, envían el dinero robado a China y Hong Kong. El FBI rastreó transferencias de esta clase a unos 70 países diferentes. “Al principio de esa lista están Hong Kong y China”, dijo Jay Bienkowski, agente especial supervisor del FBI en Washington, en una entrevista antes de retirarse.

Nexo con Europa

La policía cree que algunas de las redes que ahora gestionan esas estafas colaboran con migrantes chinos en Europa para lavar el dinero. La policía francesa desarticuló una trama similar en junio en un distrito de comercios chinos al por mayor al norte de París, en una operación en la que se acusó a los vendedores de lavar dinero de narcotraficantes norafricanos.

“Los grupos de delincuentes no chinos que cometen ‘fraudes de CEO’ envían dinero a China porque los grupos de delincuentes chinos en Europa les dan efectivo”, dijo Igor Angelini, responsable de inteligencia financiera en Europol, la agencia policial de la Unión Europea.

La escala de este fenómeno es bastante considerable. En general, las autoridades chinas hacen poco por ayudar a las empresas occidentales víctimas de estas estafas, según documentos de inteligencia europeos a los que tuvo acceso The Associates Press. En un informe este mes, el Departamento de Estado norteamericano reprochó a China su escaso éxito en investigaciones contra el lavado de dinero.

Europol tampoco tiene un acuerdo de cooperación con China. Una vez que los fondos entran al país, se desvanecen.

“Para nosotros es un punto ciego -dijo Angelini-. Lo que ocurre después es un agujero negro”.

Mafias de Israel, Colombia, México, Europa y África están actualmente lavando dinero en China, proveniente en su mayoría del negocio del narcotráfico.

 

Fuente: economiaynegocios.cl

Por Luis Majul (Columna publicada en Diario La Nación) Esperemos que el alto impacto de la histórica visita del presidente Barak Obama a la Argentina no termine menguando el interés y la indignación de la sociedad por los nuevos escándalos que involucran a Cristóbal López y a Lázaro Báez, y que comprometen a la ex presidenta Cristina Fernández. Hagamos votos para que las últimas noticias no sean aprovechadas por los fiscales y los jueces que ahora sienten la presión de la opinión pública y empiezan a tomar las decisiones que antes postergaban.

 

La impecable investigación de Hugo Alconada Mon para LA NACION sobre la presunta insolvencia fiscal fraudulenta del Grupo Indalo no sólo puso en evidencia la apropiación indebida de más de mil millones de dólares que debían haber ingresado al Estado. También reveló la protección de los organismos públicos que debían controlar a los empresarios amigos del poder. ¿Ha elegido el presidente Mauricio Macri a Cristóbal como el enemigo público número uno para enviar una fuerte señal a todo el mundo de los negocios? Cuando lo entrevisté, el pasado domingo 13, Macri no sólo se mostró indignado por lo que entendió como una grave defraudación. También reveló que había instruido al número uno de la AFIP, Alberto Abad, para que intente recuperar el dinero que el zar del juego, del petróleo y de los medios de comunicación había dejado de pagar en impuestos para invertirlo en medios y otros emprendimientos fallidos. Ahora Abad trabaja para evitar que López le ceda a Fabián de Sousa la empresa de combustibles Oil e Indalo Media, las organizaciones más comprometidas, y que se quede sólo con las rentables. El objetivo del Gobierno es claro: evitar que las unidades de negocios inviables se declaren en quiebra. “El concurso o la quiebra nos hará imposible que Cristóbal devuelva la plata con la que se quedó”, me dijo un alto funcionario de la AFIP. Por eso mismo, le terminaron autorizando el último plan de pagos de una moratoria que viene arrastrando desde hace cuatro años. “Si se lo hubiéramos suspendido, habrían usado nuestra decisión como la excusa perfecta para concursarse o quebrar”, explicó.

En el centro de la cuestión está el meneado artículo 32, que le permitía al en su momento número uno de la AFIP Ricardo Echegaray tomar decisiones discrecionales sobre el monto, plazo e interés de moratorias extraordinarias a firmas y empresarios cercanos al poder. Se calcula que se favoreció a más de 1500 organizaciones por un monto aproximado de 28.000 millones de pesos. De lo que no se habla es de quién tomaba la decisión política de subir o bajar el pulgar. Pero Echegaray y sus principales asesores lo repitieron más de una vez, en privado. “En la mayoría de los casos era una decisión política, personal y sensible y la tomaba la ex presidenta. Pero además no estaba fuera de ninguna ley”, se atajaron. La afirmación dispara otra pregunta obvia, pero no menos inquietante. Si Fernández autorizaba o rechazaba los pedidos más sensibles de las moratorias más ventajosas, ¿también ordenaba la persecución “impositiva” de empresas, medios, periodistas, hombres de negocios, inmobiliarias cuyos empleados se quejaban de la economía?

Las inspecciones y la investigación a los contribuyentes que evaden o eluden el pago de impuestos siempre encuentran la justificación necesaria. En la línea técnica de la AFIP, casi nadie se sorprendió cuando revelamos, el domingo pasado, los datos inéditos de “la ruta aérea del dinero K”. Son los registros oficiales de los vuelos que hicieron 48 horas antes del momento en que Martín Báez y otros se pusieron a contar dólares, euros y pesos en La Rosadita, no sólo el hijo de Lázaro Báez, sino también dos ex altos funcionarios clave en la trama del presunto delito de lavado de dinero: el ex director de la DGI Ángel Rubén Toninelli; su hijo, Federico Toninelli, y el ex director de Vialidad de la provincia de Santa Cruz Jorge López Geraldi. ¿Qué hacían en el mismo avión propiedad de Lázaro Báez que voló desde San Fernando hasta Río Gallegos Ángel Toninelli, el hombre que debía controlar el paso de los impuestos de la constructora Austral y otras empresas, y su hijo, un experto en asesoramiento tributario? ¿Y para qué compartió el viaje López Geraldi con el accionista de la empresa de obra pública a la que más contratos le firmó?

Los asesores de la diputada Elisa Carrió estudian la posibilidad de denunciar a Toninelli y a López Geraldi por el delito de recepción de dádivas, el mismo hecho por el que ya procesaron al ex vicepresidente Amado Boudou y al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Sin embargo, los que conocen bien a Toninelli lo caracterizan como el ex número dos de la AFIP, pero también hablan de él como el hombre que fue elegido por Néstor Kirchner, primero, y bendecido por su esposa, después, con el objeto de evitar cualquier investigación impositiva o arreglar cualquier desaguisado que los colocara en una posición incómoda. “Un limpiador de hechos sospechosos. Un borrador de huellas de los posibles delitos”, precisó un ex alto sabueso de la AFIP que fue apartado de un área de investigación justo para la época en que ingresó Toninelli y que ahora fue reintegrado por decisión del actual director del organismo, Horacio Castagnola.

No parece una hipótesis descabellada. En octubre de 2009 denuncié en el libro El Dueño que Kirchner había corregido su desprolija declaración jurada de bienes con la complicidad de altos funcionarios de la AFIP. Ellos se tomaron el trabajo de viajar hasta Río Gallegos y concurrir a la oficina de su contador personal, Víctor Manzanares, para compatibilizar las inconsistencias entre la declaración jurada del ex presidente y su socio, Lázaro Báez, entre otros. El juez Sebastián Casanello espera que los registros de esos vuelos le permitan encontrar la llave para abrir la caja de Pandora que explique el lavado de dinero. “El delito precedente. La complicidad del Estado para el crimen que habría cometido Báez”, dijeron fuentes judiciales.

Sin embargo, Margarita Stolbizer cree que el lavado de dinero y la responsabilidad de Cristina, Máximo y Lázaro están sobradamente comprobados en la causa Hotesur, que ahora mismo se encuentra en el limbo. Stolbizer, además, trabaja en un libro. Allí explicará por qué decidió acusar a Cristina Fernández y ofrecerá detalles de una hipótesis inquietante: que Cristina, lejos de cortar por lo sano con los negocios de su marido una vez que murió, los ocultó, los convalidó y los acrecentó, incluso cargando de mayor responsabilidad a su hijo. Si esto, al final, se comprueba, ni la presencia de Obama ni el acuerdo con los houldouts alcanzarán para tapar el impacto de la noticia.

 

Por Luis Majul

Fuente: hipercritico.com

La Nacion / Para la Justicia, hubo lavado de dinero negro proveniente de la venta de medicamentos adulterados o del cobro irregular de reintegros millonarios por esos remedios en la recaudación de fondos para el financiamiento de la campaña de 2007, que llevó a la presidencia a Cristina Kirchner.

Por eso el juez federal Ariel Lijo citó a prestar declaración indagatoria a los recaudadores de la campaña electoral del kirchnerismo Héctor Capaccioli, ex jefe de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y principal responsable de la campaña del Frente para la Victoria en 2007; Sebastián Gramajo, ex gerente de la Anses, y Hernán Diez, ex director de Lotería Nacional.

Para el juez, ellos sabían que la plata provenía de un delito y la pusieron en circulación para blanquearla.

Además, citó a declarar a los empresarios que comercializaron esos medicamentos. Las declaraciones serán entre el 29 y el 31 de marzo e incluyen a los empresarios Carlos Torres y Néstor Lorenzo, de Multipharma; Soledad Bellone (viuda de Sebastián Forza, víctima del triple crimen de General Rodríguez), de Sanfor Salud SA, y Gabriel Brito, de Global Pharmacy. Todos ellos son investigados además por la mafia de los medicamentos.

A estas empresas se les achaca haber aportado a la campaña 886.000 pesos que no pudieron justificar.

“Era plata que no estaba declarada, que no estaba en el circuito financiero y que estaba fuera de la capacidad de las droguerías y los laboratorios”, dijo el juez. Mediante el aporte de ese dinero “se puso en circulación en el mercado dinero no declarado de origen ilícito, a los fines de disimular la fuente real de los fondos y obtener la apariencia de licitud de ésta”, precisó.

El juez describió así el funcionamiento del sistema: las empresas les entregaban a los responsables de la campaña electoral un cheque con el aporte de fondos y a cambio recibían la factura correspondiente. Antes de presentar el cheque en el banco, les daban el dinero en efectivo para cubrir el importe. Como se trataba de depósitos en efectivo se desconoce su origen y, además, las firmas no pudieron justificar esos movimientos.

Lijo detalló que “a Capaccioli, Gramajo y Diez se les reprocha la recepción y administración de dichos aportes, con el conocimiento de que este dinero provenía de un ilícito. De tal modo, lograron poner dicho dinero en circulación en el mercado otorgándole apariencia posible de un origen lícito”.

Torres y Lorenzo aportaron 376.000 pesos por Multipharma mediante la entrega de cuatro cheques y Solange Bellone puso 200.000 pesos mediante cuatro cheques de la firma Sanfor Salud SA. Brito colocó 310.000 pesos aportados por la firma Global Pharmacy SA.

“No pudieron justificar los depósitos y las tres empresas no contaban con capacidad económica suficiente para hacer frente a los pagos (…) ni depositaron la plata por la ventanilla del banco”, dijo el juez. Y enfatizó: “No había ningún registro contable del movimiento del dinero y hubo cuentas que estaban inactivas que se activaron sólo para estos pagos. El origen del dinero es ilegal”.

“Si fue por la operación de la efedrina o no, eso nunca lo vamos a poder establecer… Yo no tengo establecido que el origen de la plata sea la efedrina, me parece muy difícil que lo hagamos”, explicó.

En esta nota: Cristina Kirchner LA NACION Política ARGENTINA: Para la Justicia, hubo lavado de dinero en la campaña de 2007

 

Fuente: entornointeligente.com

Enlace original: http://www.entornointeligente.com/articulo/8001743/ARGENTINA-Para-la-Justicia-hubo-lavado-de-dinero-en-la-campana-de-2007

Sao Paulo. El ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) presentó un testimonio escrito sobre una investigación en su contra por presunto lavado de dinero para no tener que comparecer de manera presencial ante un grupo de fiscales este jueves.

Los abogados defensores del ex mandatario y su mujer presentaron la explicación de la pareja sobre la supuesta propiedad de un apartamento tríplex en la costa paulista, considerado por la fiscalía como ocultamiento de patrimonio.

Además entraron en la justicia para que no sean obligados a declarar.

“Si la finalidad del fiscal Cássio Conserino era aclarar sobre el apartamento y la finca, fue cumplido hoy cuando el ex presidente y su mujer presentaron explicaciones. Su comparecencia sería un acto formal”, aclaró el abogado Cristiano Zanin, citado por el diario O Globo.

Lula debía declarar hace más de 10 días ante la fiscalía pero la sesión fue suspendida tras un cuestionamiento a la actuación del jurista Conserino, a quien la defensa del ex mandatario considera que no es una “autoridad imparcial”.

“Hubo prejuicio o anticipación de juicio de valor” por parte de Conserino que “afirmó, de forma incisiva y perentoria, que denunciaría al ex presidente a pesar de que la investigación no estaba concluida y no se les hubiera dado la oportunidad de pronunciarse”, indicó una nota del Instituto Lula, que maneja las relaciones del ex mandatario con la prensa.

El ente regulador mantuvo a Conserino en el caso.

El objeto de esta investigación es un apartamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá que la fiscalía sospecha pertenece a Lula pero que oficialmente aparece como posesión de la constructora OAS, una de las firmas involucradas en un megafraude a la estatal Petroleo Brasileiro (Petrobras), que es investigado en otro proceso.

Lula declaró en 2006 haber pagado una cuota para este proyecto inmobiliario en la Bancoop, la cooperativa de bancarios que era propietaria de esta obra, y que finalmente, por inviabilidad, fue transferida a OAS. La defensa del ex presidente afirma que Lula finalmente desistió de la compra y pidió la devolución del pago.

En paralelo, investigadores del caso Lava Jato que intenta desmadejar el caso en Petrobras sospechan que OAS habría entregado apartamentos del mismo desarrollo inmobiliario en Guarujá en pago de sobornos a cambio de contratos con la petrolera.

Horas antes, el ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, renunció a su cargo, en medio de versiones que asocian su salida a su responsabilidad en las investigaciones sobre el escándalo de corrupción en la estatal.

El ahora ex ministro era acusado de no controlar a la Policía Federal y permitirle que las investigaciones de la OperaciónLava Jato, que revelaron los casos de corrupción en la petrolera estatal, golpearan de lleno al partido de izquierda, a políticos oficialistas y al propio Lula.

Según analistas, Cardozo, uno de los hombres de confianza de la presidenta Dilma Rousseff, venía siendo presionado a abandonar el cargo por el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

También cosechó detractores entre los empresarios dueños y altos ejecutivos de las principales constructoras del país, que fueron encarcelados a pedido de la Policía Federal por su participación en la trama de corrupción en Petrobras.

Fuente: jornada.unam.mx

La Interpol actualizó los perfiles de búsqueda y captura internacional contra cuatro de los ejecutivos del fraude a través del quebrado Banco Peravia, colocando fotografías actuales de cada uno de estos.

Se trata de los venezolanos José Luis Santoro Castellano, acusado de lavado de activos y estafa; María Cristina Santoro Martinadonna, acusada de fraude bancario y estafa;  Daniel Alejandro Morales Santoro, buscado por estafa, fraude bancario y lavado de dinero; y María Cristina Martinadonna de Santoro, señalada por fraude bancario y estafa.

En República Dominicana, la semana pasada abogados de Carlos Serret  Sugrañez, uno de los implicados en el caso del quebrado banco, intimaron a la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, a que presentara acusación formal contra su cliente o de lo contrario, declare la extinción de la pena.

La intimación fue presentada por los abogados Ingrid Hidalgo Martínez y Manuel Antonio García, ante la jueza Patricia Padilla del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito, quien lleva el caso.

Estos dieron un plazo de 30 días para que la fiscal formule su requerimiento o de lo contrario, proceda el tribunal a declarar extinguida la acción penal sin dilación alguna.

A propósito del caso, las autoridades arrestaron en España a José Carlos Bergantiños Díaz,  quien era buscado por la Interpol acusado de fraude bancario y lavado de activos.

 

Fuente: cdn.com.do

Autoridades hicieron una redada masiva de miembros de la MS-13, incluyendo un exoficial de la Policía y el alcalde de Talanga.

Tegucigalpa, Honduras
La red de extorsionadores integrada por la Mara Salvatrucha (MS-13), a la que se le aseguraron decenas bienes y estaba integrada por un alcalde y un expolicía arrestados el pasado martes, es investigada en Estados Unidos por lavado de activos provenientes del cobro del “impuesto de guerra”.

El golpe a esta estructura criminal se logró mediante la Operación Avalancha, realizada por la Agencia de Investigación Criminal (ATIC), de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público (MP), y otras entidades que integran la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).

Para el desarrollo del operativo, que comenzó a las 6:00 AM, se contó con la asistencia de autoridades de Estados Unidos, que han detectado “transferencias sospechosas de dinero desde Honduras a algunas ciudades norteamericanas”, reveló una fuente a EL HERALDO.

Los miembros de este grupo criminal utilizan a testaferros para enviar el dinero de las extorsiones a Estados Unidos, acotó la fuente.

Primer golpe
El fiscal general del MP, Óscar Fernando Chinchilla, indicó en conferencia de prensa que la Operación Avalancha es la primera donde se aseguran bienes de orígenes ilícitos producto de la extorsión y que los embargos continuarán en los próximos días.

“Estos operativos serán más frecuentes para atacar estas redes criminales que atentan contra los ciudadanos”, indicó el fiscal.

“Lo anterior solo demuestra el compromiso del Ministerio Público en el combate frontal a estas estructuras criminales, en consonancia con los objetivos y políticas del Estado”, dijo las autoridad.

Con este tipo de medidas, las autoridades quieren dar respuesta a la población que desde hace años se queja del “impuesto de guerra” que las maras cobran en los barrios y colonias del país.

Por este tipo de delito cientos de personas han perdido la vida al negarse a pagar lo exigido por las maras y otras organizaciones que se dedican a extorsionar.

En este primer golpe se buscó capturar a 15 personas acusadas de asociación ilícita, lavado de activos y asesinato en perjuicio de al menos 20 ciudadanos. Las muertes se cometieron en las ciudades de Tela, San Pedro Sula, La Ceiba, Tegucigalpa y Progreso.

Las autoridades lograron la detención de 10 acusados, ocho implicados en las muertes y dos supuestamente por lavado de activos.

Trascendió que las autoridades buscan capturar a los individuos identificados con los alias de “El Comisario Criss” y “El Inspector Portillo”.

Incautaciones
La fuerza gubernamental hizo 42 allanamientos y 102 aseguramientos de inmuebles a nivel nacional, los cuales fueron adquiridos con el dinero de la extorsión, según las investigaciones.

Entre los bienes asegurados se encuentran 13 sociedades mercantiles que fueron intervenidas porque se tienen las pruebas que a través de ellas se lavó dinero de la MS.

Lea además: Al menos 11 millones hallan en casa del contador de la MS-13

También 53 vehículos fueron asegurados porque se supone que eran usados para el cobro de la extorsión.

Los fiscales indicaron que una clínica fue intervenida en San Pedro Sula y no descartaron que posteriormente sean aseguradas cuentas bancarias.

El detalle de los bienes inmuebles, las sociedades mercantiles, los vehículos y demás decomisos será anunciado posteriormente por la Oficina Administradora de Bienes Incautados.

Además, las investigaciones abarcarán a todas las estructuras de extorsión detectadas en el país y no se descarta que otros funcionarios estatales, locales y nacionales, sean detenidos por sospechar que participan en esta actividad delincuencial.

Estilo de vida
Según las investigaciones de la ATIC, entre las modalidades de este grupo criminal está que los cabecillas viven de forma ostentosa en lujosas residencias y se movilizan en vehículos de gran valor.

Sus parientes están en escuelas privadas y se dan el lujo de tener más de dos parejas a las que les pagan todos los gastos.

Los miembros de menor jerarquía en la organización, quienes realizan la labor de sicariato y otros ilícitos, reciben porcentajes ínfimos a pesar de las millonarias ganancias que genera su trabajo.

Es por eso que este golpe al crimen organizado va dirigido a la incautación y aseguramiento de sus bienes.

Operaciones
Esta organización utiliza métodos de eliminación sistemática de sus propios miembros, una vez ejecutados los trabajos de sicariato ordenados por los cabecillas. Emplea estrategias distractoras para culpar a pandillas contrarias de estos actos delictivos.

La pesquisas realizadas determinan que los integrantes de la MS no solo se dedican al sicariato, sino también al cobro de extorsión, a la venta y distribución de drogas, entre otros delitos que les permiten vivir de forma ostentosa.

Los mareros también están compenetrados en el lavado de activos y sus miembros están gestionando empresas.

Estos pandilleros de mayor privilegio han logrado incluso pasar desapercibidos por las aulas univeristarias y obtener conocimientos para administrar empresas.

Incluso, en el pasado se denunció por parte de las autoridades que estos grupos criminales financiaban a sus miembros para estudiar carreras como derecho o enfermería y hasta medicina, previendo utilizar sus servicios en el futuro.

Capturados
Con una operación que tomó por sorpresa a los habitantes y empleados de la municipalidad de Talanga, Francisco Morazán, fue capturado el alcalde Jorge Neftalí Romero Mejía en su casa de habitación ubicada en la periferia de la ciudad, específicamente en el kilómetro 54, sobre la carretera que conduce de la capital al departamento de Olancho.

A Romero se le acusó por lavado de activos y asociación ilícita por supuestamente ser miembro de la Mara Salvatrucha.

Los pobladores de Talanga bloquearon unas horas el portón principal de acceso a la vivienda del alcalde.

Luego del mediodía, los habitantes fueron desalojados por policías antimotines para que la caravana de vehículos que transportaban a Romero lograra salir de la zona.

Igualmente, cayó el exoficial de la Policía, Álvaro Ernesto García Calderón, quien fue separado de la institución hace cuatro años por reprobar la prueba del polígrafo.

El exmiembro de la Policía y el alcalde de Talanga recibieron la noche del martes detención judicial luego de finalizar la declaración de imputado de ambos.

La noticia se confirmó a las 7:30 de la noche al finalizar la audiencia que se llevó a cabo en los juzgados capitalinos del barrio La Granja.

Fuente: elheraldo.hn

Rafecas delimitó la investigación del expediente “Hotesur”, como se lo había ordenado la Cámara Federal, pero acotó el análisis de maniobras de lavado de dinero. Ordenó una pericia sobre los pagos que habría hecho Aerolíneas Argentinas cuando la empresa contrataba el hotel de la ex Presidenta.
El juez federal Daniel Rafecas rechazó hoy investigar el vínculo por posible lavado de dinero entre la ex presidenta Cristina Fernández y el empresario Lázaro Báez en la causa “Hotesur”, al declararse incompetente para analizar ese aspecto del caso, y remitió esa denuncia a otro expediente por asociación ilícita contra la ex mandataria, su extinto esposo y antecesor, Néstor Kirchner, y contratistas afines.

Rafecas delimitó la investigación del expediente “Hotesur”, como se lo había ordenado la Cámara Federal, pero acotó el análisis de maniobras de lavado de dinero.

No obstante, ordenó una pericia sobre los pagos que habría hecho Aerolíneas Argentinas cuando la empresa contrataba el hotel de la ex Presidenta para alojar a sus empleados entre 2007 y 2015.

En la parte resolutiva, Rafecas le ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que envíe la información sobre la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner, dispuso un seguimiento de las causas por enriquecimiento ilícito sobre la ex Presidenta y pidió a la Corte Suprema que ordene una pericia contable sobre las contrataciones que hizo Aerolíneas.

Pero aunque la causa puede parecer reactivarse con esta novedad, fuentes judiciales interpretaron que, en realidad, Rafecas “achicó la cancha” del expediente.

Y, en ese marco, se encuadró la decisión de Rafecas se declararse incompetente para analizar algunos hechos denunciados en el expediente, al entender que debían ser investigados por su colega Julián Ercolini, quien tiene en sus manos una causa por asociación ilícita contra el matrimonio Kirchner y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, impulsada por la diputada Elisa Carrió (CC-ARI).

La causa “Hotesur” nació en noviembre de 2014 con la denuncia de la diputada Margarita Stolbizer (GEN) y estuvo en manos del juez Claudio Bonadio, hasta que fue apartado luego de ordenar una serie de allanamientos en Santa Cruz para recolectar documentación de la empresa presidencial.

El caso recayó en el juez Rafecas y en octubre pasado, antes de las elecciones presidenciales, la Sala I de la Cámara Federal le había encomendado al magistrado que definiera el “objeto procesal” de la causa.
Hoy, en un fallo de un centenar de carillas, Rafecas contestó esa incógnita y precisó que se trata de tres hechos con características distintas, que pasó a detallar.

Primero, “irregularidades en la tramitación del legajo societario de la firma “Hotesur” en la Inspección General de Justicia”. Sobre esto, el juez aludió a constancias de la AFIP “a partir del cual se supo que la firma Hotesur S.A. está inscripta ante la sede Río Gallegos” y a la decisión de la Inspección General de Justicia que le dio más tiempo a la empresa para subsanar irregularidades.

“Habida cuenta de estas últimas relevantes circunstancias, corresponderá, en la parte dispositiva, expedir una nueva vista al Sr. Fiscal para que dé su parecer sobre estas nuevas probanzas y en definitiva, ponga de manifiesto el temperamento a adoptar, desde la perspectiva fiscal, frente a este hecho”, escribió Rafecas.

En segundo lugar, “una presunta trama de vínculos comerciales y mutuos beneficios económicos entre el matrimonio Kirchner y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Juan Carlos Relats, que abarca negocios hoteleros (“Alto Calafate”, “Los Sauces” y otros) y sociedades (“Hotesur”, “Valle Mitre”, “Idea” y otras), conocida como ‘causa Hotesur'”.

Tras citar las palabras de la denunciante Margarita Stolbizer, del ex juez Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli para avanzar en esa investigación, Rafecas consideró que la hipótesis aludiría a “un pacto, acuerdo o asociación” entre el matrimonio presidencial y empresarios para compartir ganancias (tras obtener “importantes concesiones y obras públicas” y usando la presunta “falsa contratación” de habitaciones de hotel).

En ese marco, el juez Rafecas aludió a una denuncia anterior que hizo a partir de noviembre de 2008 la diputada Elisa Carrió y otros legisladores para investigar por asociación ilícita a Kirchner y varios funcionarios y empresarios. Como esa causa cayó en manos del juez Ercolini, dijo Rafecas, estas maniobras corresponderían ser derivadas a esa investigación.

“Sostener lo contrario conllevaría inexorablemente a la consagración de dos procesos penales que versan sobre mismos sucesos presuntamente delictivos, supuestamente cometidos por las mismas personas, en favor de los mismos destinatarios, empleando las mismas sociedades, y los mismos establecimientos comerciales, mediante la misma metodología, y al menos parcialmente, durante el mismo período temporal”, dijo Rafecas en su resolución.

Y en tercer lugar, “inconsistencias varias en las declaraciones juradas patrimoniales de Cristina F. de Kirchner correspondientes a los años 2011-2013”.

A criterio de Rafecas, corresponde pedir informes a la AFIP para analizar declaraciones juradas y tramites sucesorios para constar si, efectivamente, hubo inconsistencias.

Sobre el trámite de “Aerolíneas Argentinas”, el magistrado dispuso avanzar en la causa al disponer una pericia contable por parte de los peritos de la Corte Suprema, para determinar cantidad y montos por el alquiler de habitaciones en el hotel “Alto Calafate”, propiedad de la familia Kirchner, pagados por la empresa estatizada durante los años 2007-2015.

 

Fuente: laprensa.com.ar

El líder del sindicato pro Kirchner, acusado de lavado de dinero

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) afín al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner,Antonio Caló será investigado por un presunto delito de lavado de dinero que tuvo lugar entre 1987 y 2008 y que ya ha llevado algunos sindicalistas a la cárcel.

Caló, también líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ha sido señalado por la Justicia junto a otros dirigentes de la UOM por la que ya fue condenado a un año y nuevo meses de presión Segundo Pantaleón Córdoba, antiguo jefe del área jurídica del gremio metalúrgico.

El Tribunal Oral Penal Económico se ha mostrado bastante duro al hacer su acusación. Según recoge Clarín, se vincula a los sindicalistas al “aparente daño patrimonial a miles de trabajadores de la UOM durante más de veinte años (1987-2008) y el manejo indiscriminado y hasta inmoral de fondos en principio provenientes de delitos”.

Aunque Caló es claramente el mayor perjudicado de todo esto, pero también lo es el candidato presidencial del Frente Para la Victoria (FPV), Daniel Scioli, al que el sindicalista de cabecera de Cristina Fernández de Kirchner había dado todo su apoyo. En una campaña salpicada de escándalos, como las elecciones de Tucumán, lo que menos le conviene al representante kirchnerista es verse envuelto en más escándalos.

En el caso de Caló, la situación es peliaguda. En el auto puede leerse también que se han dado “indebidas retribuciones por parte del Instituto de Seguros hacia la UOM”. Por ello, “es razonable que durante más de 20 años, 13 autoridades de la UOM y el imputado Córdoba habrían percibido, de media, veinte mil dólares, un 20% de la recaudación mensual de los afiliados”.

Hace dos años, Córdoba fue involucrado detenido a punto de viajar hasta Montevideo con 800.000 dólares que llevaba en una cartera, un bolso y un par de mochilas. En su defensa, el abogado aseguró que el dinero era para comprar propiedades en Uruguay y confesó que venían de pagos en negro del Instituto de Seguros, presidido por Julio Reale.

Además, agregó que “pactó con la UOM y el Instituto una remuneración mensual, habitual y permanente de una suma equivalente a una cuarta parte del 20% de la recaudación, mientras mantuviere vigencia el nuevo artículo 52 del convenio colectivo de trabajo 260/75”.

El fallo que se dio a conocer el pasado jueves da por hecha la existencia de al menos tres cuantas abiertas en el banco HSBC de Montevideo a nombre del propio Córdoba y de otras personas.

 

Fuente: americaeconomia.com

Entre los denunciados figuran también el extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari Neto, el exdirector de Servicios de Petrobras Renato de Souza Duque y exejecutivos de la constructora Engevix, informaron miembros de la Fiscalía en una rueda de prensa, cercanos al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva.

La Fiscalía brasileña denunció hoy por corrupción, lavado de dinero y asociación para delinquir al exministro Jose Dirceu, exhombre fuerte del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, y a otras 16 personas en nuevo capítulo del escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.

Entre los denunciados figuran también el extesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari Neto, el exdirector de Servicios de Petrobras Renato de Souza Duque y exejecutivos de la constructora Engevix, informaron miembros de la Fiscalía en una rueda de prensa.

La decimoséptima fase de la llamada operación “Lava Jato”, que investiga la corrupción en Petrobras, se centró en los sobornos pagados por varias empresas a cambio de contratos firmados en el área de Servicio de la Petrolera, que era controlada por Duque.

De acuerdo con el fiscal Deltan Dallagnol, Dirceu, condenado hace dos años por corrupción pasiva en otro escándalo y quien fue encarcelado nuevamente por el caso Petrobras, cometió “crímenes graves” y se lucró con la corrupción de la estatal.

“Es el capÍtulo de una historia de ejercicio de poder con fines particulares”, resaltó Dallagnol durante una rueda de prensa en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná.

El Ministerio Público detalló que el área de Servicio de Petrobras firmó contratos con Engevix; esta constructora encargó servicios ficticios a subcontratadas y posteriormente las coimas fueron repartidas entre altos cargos de Petrobras y políticos, entre ellos el extesorero del PT y el propio Dirceu.

Según los documentos presentados por la Fiscalía, Dirceu, que ocupó la cartera de la Presidencia entre 2003 y 2005 y es considerado uno de los cerebros de la trama de la corrupción, lavó el dinero proveniente de sobornos con la compra de un avión, de inmuebles y con las reformas de varias viviendas.

“José Dirceu fue un importante líder brasileño. Él representó, por mucho tiempo, los ideales de muchos. AquÍ no estamos juzgando a Dirceu. No juzgamos personas escuchadas, sino hechos y actos concretos. No está en cuestión quién fue Dirceu a lo largo de la historia… Pero sí, si el practicó actos que son crímenes en un capítulo determinado”, matizó Dallagnol.

En este capítulo de corrupción fueron desviados 60 millones de reales (unos 16,2 millones de reales) de la petrolera, de los que Dirceu obtuvo unos 11,8 millones de reales (unos 3,19 millones de dólares), según la Fiscalía.

La denuncia contra las 17 personas fue remitida al juez Sergio Moro, que conduce la investigación desde la ciudad de Curitiba y quien deberá decidir ahora si la acepta y si los acusados pasan a ser considerados como reos.

Por el caso de corrupción en la petrolera están siendo investigados las constructoras más importantes del país, exdirectores de la petrolera y medio centenar de políticos, que en su mayoría pertenecen a la coalición que respalda al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.

Según las cuentas de la propia petrolera, la mayor empresa de Brasil, la red de corrupción enquistada en la empresa desvió en los últimos diez años cerca de 2.000 millones de dólares.

 

Fuente: prensa.com

Las revelaciones de Lava-Jato, que investiga una red de desvíos de dinero de la estatal Petrobras, junto a la inflación y el bajo crecimiento de la economía, han llevado a la gestión del gobierno de Dilma Rousseff a su nivel más bajo de respaldo (8%). La oposición llamó a la ciudadanía a salir a las calles este 16 de agosto a pedir la renuncia de la Mandataria. Los actores y claves del conflicto.

A écio: El ex candidato presidencial y líder de la oposición Aécio Neves es el principal crítico con el gobierno y la Presidenta Dilma Rousseff por el escándalo de corrupción en la estatal Petrobras. El senador asegura que “hubo al interior de la empresa una organización criminal que operó durante diez años y que el gobierno no hizo nada al respecto”. Neves ha señalado que su Partido de la Social Democracia Brasileña está “listo para ser gobierno”, algo que puede ocurrir “en breve”.

B ovespa : La bolsa de Sao Paulo y la economía brasilera han sufrido altos y bajos tras el escándalo de Petrobras. El gobierno calcula que la corrupción en la estatal ha tenido un impacto negativo en la economía equivalente al 1% del PIB. El escándalo surge en momentos en que la economía brasileña se ha frenado, al punto de que las previsiones del Fondo Monetario Internacional indican que este año se encogerá al menos 1,5%.

C unha y Calheiros : Los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados de Brasil, Renan Calheiros y Eduardo Cunha, respectivamente, están entre los investigados por supuesta corrupción y lavado de dinero desviados de contratos de Petrobras.

Calheiros fue ministro de Justicia, diputado, y hoy cumple su tercer mandato como senador. Dejó el cargo de presidente del Congreso, que ejerció entre 2005 y 2007, en medio de denuncias de corrupción. Es miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, la colectividad más grande aliada al gobierno.

Cunha, que anunció su ruptura con la Presidenta Rousseff, es un político evangélico del mismo partido que Calheiro. Fue señalado por un acusado de pedir un soborno de US$ 5 millones a una empresa por un contrato con la petrolera. Negó las acusaciones y aseguró que hay una persecución política para sacarlo del cargo.

D irceu : Figura clave del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y considerado la “mano derecha” del entonces Presidente, José Dirceu fue jefe de gabinete entre 2003 y 2005 y dejó el cargo por el “mensalão”, caso de corrupción por el que resultó condenado.

Por posible repetición del sistema de sobornos utilizado en el “mensalão”, Dirceu fue detenido esta semana como principal sospechoso de orquestar la trama de desvíos en Petrobras.

E letronuclear : Subsidiaria del gigante eléctrico Eletrobras, la empresa estatal Eletronuclear también se ha visto involucrada en el escándalo de corrupción. Su presidente, Othon Luiz Pinheiro da Silva, está acusado de recibir coimas por unos 1,3 millones de dólares por adjudicar contratos para la construcción de la tercera planta nuclear brasileña (Angra 3), a varias de las mismas empresas acusadas de desviar recursos en contratos con la petrolera.

F ernando Collor de Melo : El ex Presidente y actual senador es otro de los investigados. En 1992 renunció al cargo en medio de denuncias de corrupción y masivas manifestaciones que derivaron en su impeachment , con un nivel de rechazo (68%) inferior al que tiene la Presidenta Rousseff actualmente (72%).

Collor, de 65 años, está acusado de obtener unos 7,5 millones de dólares entre 2010 y 2014 a través de un “sofisticado sistema de blanqueo de capitales” en el que participaron algunas empresas de su propiedad y otras en las que figura como socio. Los documentos sostienen que algunas de esas empresas sólo existen en el papel y no tienen ni empleados ni ninguna actividad económica conocida, de lo cual se deduce que fueron creadas para “lavar el dinero” originado en la corrupción en Petrobras.

G raça Foster : La denuncia de corrupción y la crisis de credibilidad de la estatal Petrobras provocaron que la entonces presidenta de la petrolera y amiga personal de Rousseff, Graça Foster, dimitiera en febrero pasado. El gobierno designó en su reemplazo a Aldemir Bendine, aliado de Lula y presidente del Banco de Brasil, que también ha estado envuelto en casos controvertidos.

H ermes Magnus : El empresario de 44 años realizó una serie de denuncias que sirvieron de punto de partida para la investigación que culminó en la Operación Lava-Jato. Tras el descubrimiento de la red de corrupción en Petrobras, Magnus solicitó asilo político a Alemania, ya que, según él, fue abandonado por la justicia brasileña.

I mpeachment : La ciudadanía, a través de las redes sociales, algunos medios de comunicación y varios partidos opositores, piden al Congreso que considere realizar un juicio político, o impeachment, a la Presidenta Rousseff por el escándalo “petrolão”.

Aunque en Brasil cualquier ciudadano puede presentar un pedido de impeachment contra el Mandatario, es el presidente de la Cámara Baja quien decide si lo acepta o no. Si lo admite, dos tercios de los diputados deben respaldarlo, para que luego el Senado abra una investigación de 180 días, período en el que asume el Vicepresidente (Michel Temer). Para aprobar el impeachment se requiere el voto de dos tercios de los senadores. Si se aprueba la impugnación en los primeros dos años de mandato, se llama a nuevas elecciones directas, pero si es en los últimos dos años, se realizan elecciones indirectas en el Parlamento. En el caso de Rousseff, a pesar de que el 66% de los brasileños estaría a favor del impeachment , según Datafolha, es altamente improbable un juicio político, porque aunque tiene el apoyo parlamentario más frágil de un partido desde 1989, sus aliados aún ocupan el 60% de los escaños.

J anot : Rodrigo Janot, procurador general de la República, es el fiscal que actúa ante la Corte Suprema, investigando autoridades con fueros que no pueden ser juzgados por tribunales ordinarios. El 3 de marzo pidió ante la máxima instancia judicial la apertura de investigaciones contra 54 políticos para determinar si participaron en la monumental trama de corrupción. Janot fue nombrado en 2013 por la Presidenta Rousseff por su “brillante carrera” dentro del Ministerio Público y por confiar en su independencia.

K im Kataguiri : Líder del Movimiento Brasil Libre, el joven de 19 años se convirtió en el rostro de las protestas contra Rousseff. Inspirado en los ideales libertarios y el libre mercado, Kataguiri fue uno de los líderes de la marcha del 15 de marzo en Sao Paulo, la más multitudinaria contra la Presidenta hasta ahora -cerca de 200.000 personas.

L ava-Jato : El polémico caso de lavado y desvío de dinero que involucra a Petrobras, grandes contratistas de Brasil y políticos llegó a la opinión pública en marzo de 2014, con una investigación que se conoció con el nombre de “Lava-Jato” (lavado de autos), debido a que la mayoría de las operaciones fraudulentas se llevaban a cabo dentro de estaciones de servicios.

En esa oportunidad, 24 personas fueron detenidas por estar involucradas en denuncias de lavado de dinero. Sin embargo, el caso había comenzado en julio de 2013, cuando la policía federal de Curitiba descubrió una red de lavado de dinero que operaba desde Brasilia y Sao Paulo. La investigación de tres meses los llevó a la puerta de Alberto Yousef, experto en lavado de dinero. El detenido llegó a un acuerdo y sus testimonios hicieron estallar el caso.

M ensal ã o : En español, “gran mesada”. Fue el mayor escándalo de corrupción durante el primer gobierno del ex Presidente Lula (2003-2007). Descubierto el año 2005, consistía en una red de pago de coimas a parlamentarios para que votaran a favor de proyectos del gobierno. 25 empresarios y políticos fueron presos por el caso que involucró especialmente a miembros del Partido de los Trabajadores, entre ellos José Dirceu, ex ministro de Casa Civil.

N estor Cerveró : Ex director del área internacional de Petrobras. Según Lava-Jato, articuló la recepción de 30 millones de dólares en coimas por contratos.

O debrecht : Es la mayor constructora de América Latina. Su presidente, Marcelo Odebrecht, está preso acusado de corrupción y lavado de dinero. Según Lava-Jato, la constructora distribuyó más de 100 millones de dólares en coimas a los ex directores de Petrobras Paulo Roberto Costa, Jorge Zelada, Renato Duque y Nestor Cerveró por medio de cuentas en Suiza con el fin de obtener lucrativos contratos (ver infografía).

P etrobras : Petrolera estatal brasileña fundada por Getúlio Vargas cuyas reservas suman alrededor de 16 mil millones de barriles. En marzo de 2014 la Policía Federal reveló la existencia de una red de corrupción vinculada a la estatal -a la que se llamó “Petrolão”-, que es responsable del desvío de más de dos mil millones de dólares.

Q ueiroz Galvao : Empresa de ingeniería implicada en la red de corrupción de Petrobras perteneciente al consorcio Angramon, contratista de obras en la central nuclear Angra 3. Cuatro de sus empresarios han sido detenidos hasta ahora.

R ousseff : Economista, ex guerrillera y sucesora de Lula, Dilma Rousseff es la Presidenta de Brasil desde 2011. Vio su mandato afectado por el “Petrolão”, que involucra directamente a miembros de la colectividad que ella misma ayudó a formar: el Partido de los Trabajadores. El respaldo a su gobierno alcanzó este mes su cifra más baja (8%). Además, la oposición pidió un juicio político contra la Mandataria por supuestas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral vinculadas al escándalo.

S ergio Moro : Juez del Estado de Paraná, Moro es el responsable por las acciones penales de los casos que no involucran políticos en la operación Lava-Jato. El magistrado es especialista en lavado de dinero y crímenes financieros. Desde que lleva a cabo la investigación, ha sido ovacionado en locales públicos brasileños, entre ellos un restaurante en Curitiba y un mall en Sao Paulo.

T ribunal Superior : Conocido como STF (Supremo Tribunal Federal de Brasil), es presidido por el ministro Ricardo Lewandowski. Los políticos en Brasil poseen foro privilegiado, por lo que los involucrados en el caso Petrobras son investigados por este tribunal.

V accari : Reconocido como fiel tesorero del Partido de los Trabajadores, João Vaccari Neto fue acusado por 44 crímenes de lavado de dinero, los cuales lo llevan a ser uno de los principales operadores del sistema de corrupción de Petrobras. Según las denuncias, João accari sería el responsable directo por desviar alrededor de dos millones de dólares de la petrolera estatal.

W all Street : Bolsa en que Petrobras tiene acciones. Desde el inicio de los escándalos, Petrobras ha sufrido depreciaciones en el valor de sus activos. Los corredores siguen jugando con sus acciones.

Y ousseff : Cambista, movió ilegalmente cerca de 445 millones de dólares en Petrobras. Alberto Yousseff, de 47 años, es un antiguo conocido por las autoridades brasileñas. Fue detenido nueve veces, una de ellas por su participación en el caso Banestado, mayor escándalo ya investigado en Brasil sobre remesas de dinero. Tras ser arrestado por Lava-Jato, firmó un acuerdo para explicar los detalles de la red de corrupción y recibir, a cambio, una menor condena. Gracias a él los fiscales llegaron a rostros políticos, como João Vaccari Neto y Fernando Collor. Además, afirmó que tanto el ex Presidente Lula como la actual Mandataria saben de todo el sistema de corrupción de la estatal.

Z elada : Ex director internacional de Petrobras, Jorge Zelada fue detenido el 2 de julio bajo la sospechosa de haber realizado transferencias millonarias en forma ilícita. Entre ellas, un millón de dólares a una cuenta en China y 7,55 millones de euros desde Suiza hacia el Principado de Mónaco.

 

Por Amanda Marton y Francisca Maturana (El Mercurio)

Fuente: economiaynegocios.cl

A %d blogueros les gusta esto: